Unos 80 empleados de la cadena de gimnasios continúan afectados por la paralización de las actividades desde los allanamientos de agosto. Este martes se manifestaron frente al Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia para exigir respuestas sobre el equipamiento secuestrado y la posibilidad de recuperar sus fuentes laborales. “Hace tres meses no tenemos novedades”, cuestionó uno de los voceros.
La causa Exen volvió a generar repercusiones este martes 10 de noviembre en Resistencia, donde trabajadores de la cadena de gimnasios se concentraron frente al Juzgado Federal N.º 1 para reclamar una definición sobre la situación de los establecimientos y la devolución de las máquinas secuestradas durante la investigación por presunto lavado de activos.
La manifestación se produjo a tres meses de los allanamientos que derivaron en el cierre de las sucursales y dejaron a decenas de trabajadores sin sus ingresos habituales.
En declaraciones a los medios, Nicolás Ciarlantini, uno de los encargados de los establecimientos y vocero de los empleados, expresó el malestar del grupo por la falta de respuestas judiciales.
«Hace tres meses no tenemos respuestas, no tenemos novedades. Ninguno de ellos salió a hablar con nosotros», manifestó.
Los trabajadores esperan que la jueza federal Zunilda Niremperger brinde precisiones sobre el destino del equipamiento y las condiciones necesarias para retomar las actividades, especialmente después de que la Cámara Federal de Apelaciones revocara los procesamientos de los imputados y dictara la falta de mérito.
Devolvieron dos locales, pero están vacíos y sin condiciones para funcionar
Uno de los principales reclamos está relacionado con la situación de los inmuebles que ya fueron restituidos.
Ciarlantini confirmó que las sedes de Santiago del Estero y Barranqueras fueron devueltas, aunque aseguró que ambas se encuentran desmanteladas y presentan daños materiales.
Según explicó, la restitución de los edificios no resuelve el problema de los empleados, ya que no cuentan con las máquinas y los elementos indispensables para desarrollar la actividad.
«No nos sirve de nada tener esos espacios vacíos. Queremos que nos devuelvan las máquinas porque sin eso no podemos volver a trabajar», sostuvo.
El vocero también cuestionó el destino de parte del equipamiento secuestrado, que habría sido cedido para su utilización en dependencias policiales.
«Es una angustia, un dolor, bronca también. Hacer caridad con lo ajeno deja mucho que desear», expresó.
La situación genera preocupación entre los trabajadores, quienes consideran que la recuperación de los elementos deportivos es fundamental para avanzar con una eventual reapertura de los establecimientos.
Unos 80 trabajadores afectados y salarios pendientes
De acuerdo con lo señalado por Ciarlantini, alrededor de 80 personas, entre profesores, recepcionistas y personal de maestranza, se encuentran afectadas por la paralización de las actividades.
Algunos consiguieron empleos temporarios, mientras que otros continúan buscando alternativas laborales para sostener económicamente a sus familias.
«Tienen la obligación de salir a buscar trabajo porque tienen su familia, sus hijos, sus hogares que mantener», explicó el representante de los empleados.
Además, confirmó que existen salarios pendientes de pago desde que se dispusieron las medidas judiciales sobre las cuentas de la empresa.
«Cobramos una parte. Después, al congelar todas las cuentas, no pudimos volver a cobrar», afirmó.
El reclamo laboral se mantiene pese a que los principales investigados recuperaron su libertad tras la resolución de la Cámara Federal.
Los propietarios quieren reabrir, pero aseguran que no pueden disponer de fondos
El vocero señaló que los trabajadores mantuvieron reuniones con los propietarios de la cadena, quienes les expresaron su intención de volver a poner en funcionamiento los gimnasios.
Sin embargo, según lo transmitido a los empleados, las restricciones judiciales que continúan vigentes sobre cuentas bancarias y bienes impedirían disponer del dinero necesario para reactivar las actividades.
La situación también afecta a las sucursales que todavía permanecen pendientes de resolución, entre ellas las ubicadas en Hipermercados, avenida Arturo Illia y Las Heras.
En el caso de las dos últimas, Ciarlantini indicó que aún conservan parte de sus máquinas, una circunstancia que podría facilitar su reapertura si se obtuvieran las autorizaciones correspondientes.
La falta de mérito no levantó todas las restricciones judiciales
La protesta se desarrolla en un contexto particular para la causa Exen.
El pasado 20 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones revocó los procesamientos con prisión preventiva de cinco imputados y dictó la falta de mérito, al considerar que no se encontraba suficientemente acreditado el origen ilícito de los fondos investigados.
La decisión permitió que los acusados recuperaran la libertad, aunque no significó el cierre del expediente ni el levantamiento automático de las medidas cautelares sobre los bienes.
Días después, el 23 de octubre, se concretó la restitución del inmueble de Santiago del Estero 1443 a la familia Clinis, bajo la figura de depósito judicial.
Sin embargo, esa devolución no implicaba la autorización para reabrir el gimnasio ni la restitución del equipamiento que había sido retirado durante los procedimientos.
La investigación por presunto lavado de activos, impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, continúa abierta.
«Queremos volver a abrir»
Más allá de las cuestiones judiciales, los empleados insistieron en que su principal objetivo es recuperar sus puestos de trabajo.
«Queremos volver a abrir. La gente nos lo está pidiendo, básicamente por la calidad del servicio que brindábamos», expresó Ciarlantini.
También recordó el vínculo que existía entre los integrantes del personal antes del cierre de los establecimientos.
«Exen era una familia, puertas adentro», afirmó.
A tres meses de los allanamientos, los trabajadores aseguran que la incertidumbre continúa y que la falta de definiciones sobre el equipamiento impide avanzar con una solución laboral.
Mientras la Justicia Federal mantiene abierta la investigación, unas 80 personas esperan respuestas que les permitan recuperar sus ingresos y volver a trabajar.
Más allá de las cuestiones judiciales, los empleados insistieron en que su principal objetivo es recuperar sus puestos de trabajo. «Queremos volver a abrir. La gente nos lo está pidiendo, básicamente por la calidad del servicio que brindábamos», expresó Ciarlantini, referente de los trabajadores.