La frase expone una arista hasta ahora no conocida del juicio por la golpiza y los hechos de violencia institucional sufridos por integrantes de la comunidad qom en el barrio Banderas Argentinas de Fontana: las presuntas presiones dentro de la propia fuerza policial para condicionar testimonios durante la investigación. «En esta causa alguien tiene que caer», habría sido la advertencia que recibió uno de los efectivos que declaró ante el tribunal.
El episodio salió a la luz durante la sexta audiencia del juicio oral y público, realizada el martes, en la que prestaron declaración dos policías que se desempeñaban en Fontana cuando ocurrieron los hechos, en mayo de 2020.
Uno de ellos, el oficial principal Héctor Ariel Velázquez, denunció que sus superiores lo amenazaron con sanciones y actuaciones sumariales cuando debía aportar información sobre el procedimiento investigado.
La jornada también dejó otro aporte relevante para la reconstrucción de lo sucedido: el comisario retirado Orlando Ismael Trangoni, quien era segundo jefe de la comisaría Tercera, reconoció en los registros audiovisuales a varios de los efectivos que hoy están sentados en el banquillo de los acusados.
LAS PRESIONES
Velázquez fue el primero en declarar. En 2020 prestaba servicios en la seccional Segunda de Fontana y había intervenido en actuaciones vinculadas con los hechos que ahora se juzgan.
Durante su exposición manifestó tener dificultades para recordar distintos detalles de los procedimientos, una situación que atribuyó a la cantidad de intervenciones policiales en las que había participado.
Sin embargo -publicó el portal judicial Litigio-, el interrogatorio dejó al descubierto contradicciones entre sus respuestas ante el tribunal y la declaración que había brindado el 13 de octubre de 2020.
En aquella oportunidad, el efectivo había identificado a integrantes de la fuerza a partir de los registros audiovisuales que hoy forman parte del expediente. Ese antecedente fue confrontado durante la audiencia con sus actuales manifestaciones.
En ese contexto, Velázquez reveló que había recibido presiones de sus superiores cuando debía prestar declaración ante mandos policiales. Según relató, lo amenazaron con sanciones y la apertura de actuaciones sumariales.
Entre los superiores que mencionó se encuentran el comisario mayor Godoy y el comisario Ariel Alejandro Gonzalo González. El testigo describió el mensaje que, según sostuvo, le transmitieron en aquella instancia: «En esta causa alguien tiene que caer».
La denuncia abre un interrogante sobre el comportamiento de la propia estructura policial durante la investigación y las condiciones en las que se recogieron los testimonios de los efectivos que podían aportar información sobre el operativo.
RECONOCIMIENTO
El segundo testimonio correspondió a Trangoni, quien se desempeñaba como segundo jefe de la comisaría Tercera de Fontana al momento de los hechos. Al comenzar, manifestó desconocer los motivos precisos de su citación y expresó dificultades para recordar distintos aspectos del procedimiento.
No obstante, la exhibición de los registros audiovisuales incorporados a la causa permitió avanzar en la identificación de los policías que participaron de los operativos, tanto en la vivienda como dentro de la dependencia.
A partir de esas imágenes, el excomisario vio a Diego Adrián Latorre, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti, Cristian Benítez, Cristian Borda y Marcelo Eduardo Blanco. También identificó a Sofía González, a quien señaló como responsable de la guardia.
Trangoni reconoció, además, las maniobras utilizadas por el personal policial para trasladar a las personas aprehendidas hacia el interior de la comisaría.
Otro tramo de su declaración estuvo relacionado con los protocolos que deben aplicarse cuando una persona detenida presenta lesiones. En ese sentido, ratificó que, conforme a las normas de actuación policial y a la Ley de Seguridad Pública, corresponde trasladar inmediatamente a toda persona lesionada a Sanidad Policial.
Su testimonio permitió incorporar elementos sobre la intervención de los efectivos y las obligaciones que tenía la dependencia respecto del resguardo de la integridad física de las personas detenidas.
Aquella violenta intervención
La causa investiga lo ocurrido durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos de la comisaría Tercera de Fontana ingresaron sin orden judicial a una vivienda del barrio Banderas Argentinas.
Integrantes de la comunidad qom sufrieron agresiones físicas, amenazas, vejaciones y otros hechos de violencia institucional, tanto durante el procedimiento como posteriormente en la dependencia policial.
El expediente fue elevado a juicio en abril de 2022. Sin embargo, el inicio del debate oral se demoró por sucesivas suspensiones y reprogramaciones, hasta que las audiencias comenzaron finalmente el pasado 5 de octubre.
Diez efectivos policiales están imputados por distintos delitos. Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están acusados de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas.
Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González enfrentan cargos por vejaciones agravadas.
En tanto que Sebastián Alberto Vallejos está imputado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria Claudia Beatriz Lucena enfrenta acusaciones por encubrimiento agravado y detención ilegal.
La causa cuenta con un bloque acusador importante: intervienen como querellantes institucionales la Secretaría de Derechos Humanos y Género, representada por Maximiliano Almirón, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, representado por Guillermo Cuellar.
También interviene la defensora oficial 14, Karina Paz, en representación de las víctimas. Además, Amnistía Internacional Argentina participa como «amigo del tribunal», representada por Mariela Belski, con el patrocinio letrado de Farid Iván Antúnez Percíncula, y la traducción durante el proceso está a cargo de Yolanda González.