La Fiscalía Penal Especial en Derechos Humanos allanó en Charata la sede de la División Sanidad Policial y la comisaría Primera para reunir elementos de prueba en el marco de la causa que investiga la muerte del detenido Leandro Bravo y que tiene como principal sospechoso a la violencia posiblemente ejercida por un agente de la fuerza provincial.
De esta manera, el equipo conformado por la fiscala Silvia Slusar y su ayudante César Hidalgo, realizaron las dirigencias y procedimientos en la ciudad con carácter de «urgente».
Las órdenes de allanamientos fueron dictadas por la jueza de garantía Julieta Liva. Se desarrollaron reuniones de trabajo con el equipo fiscal de Elio Mari para mantener la unidad de acción propia del Ministerio Público. También acompañaron los operativos la Dirección de Zona Interior de Charata y la División de Investigaciones Complejas Interior de Sáenz Peña.
LA CAUSA
El pasado 26 de febrero, agentes policiales de Charata detuvieron a un hombre (37) identificado como Leandro Bravo por supuestamente intentar ingresar al domicilio de una mujer.
La versión policial afirmó que Bravo se resistió al arresto y, cuando los efectivos utilizaron la fuerza para reducirlo, se descompuso. Por este motivo, fue trasladado al hospital local, pero los médicos no lograron reanimarlo a pesar de practicarle distintas maniobras de auxilio.
Según revelaron, la autopsia habría arrojado en un principio que Bravo murió por un paro cardiorrespiratorio no traumático y que no se evidenciaban signos de violencia reciente.
Sin embargo, todo cambió cuando a través de medios de comunicación aparecieron dos mujeres que aseguraron ser testigos de la detención de Bravo. Ambas afirmaron que los agentes involucrados utilizaron una fuerza contundente contra el hombre. «Fueron tres policías los que le pegaron mucho a Leo», dijo una de ellas.
Ante esta situación, el Organismo de Control Institucional (OCI), liderado por Ricardo Urturi, comenzó a investigar el caso y a recabar testimoniales. Estas declaraciones narraron oficialmente una situación diferente a la versión contada por los policías.
Fue tal la diferencia que, incluso la mujer que denunció a Bravo y que originó la acudida policial, contradijo a los policías respecto a que no habían utilizado violencia desmedida que haya podido provocar la muerte del detenido.
Por las pruebas recolectadas, el OCI consideró al caso como «un hecho de excepcional gravedad, violatorio de fundamentales Derechos Humanos por su naturaleza y situación especial» por encontrarse involucrados en la causa agentes policiales.
En este sentido, el organismo encabezado por Urturi inició un sumario administrativo y suspendió preventivamente con retención de haberes al policía identificado por sus siglas como A.F.