La Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos, a cargo del fiscal Francisco Daniel Turraca, abrió una investigación para tratar de determinar lo que ocurrió durante la madrugada del 30 de enero pasado en que dos policías de civil habrían golpeado salvajemente a un joven (32), lo dejaron tirado en la calle y que ahora pelea por su vida en terapia intensiva del hospital Perrando.
Según el expediente judicial, cerca de las 3 del 30 de enero, dos policías de civil que se trasladaban en una motocicleta roja y blanca, interceptaron a C.A.F., quien al verlos habría arrojado droga que recién había comprado, según publicó el portal Chaco Día por Día.
En ese momento, lo habrían sometido a todo tipo de golpes y lo dejan tirado en calle Seitor, entre calles gobernador Bosch y Delfino.
LAS PESQUISAS
La investigación se inició a partir de la denuncia de la madre del joven, que también puso en conocimiento del caso al Comité para la Prevención de la Tortura. En la denuncia también consta que, mientras el joven yacía en el suelo, arribó otro móvil policial de la comisaría Quinta, cuyos agentes también habrían golpeado a su hijo. Y lo más preocupante es que, de acuerdo al relato de algunos testigos, una ambulancia llegó también al lugar, le tomó los signos vitales y decidió dejarlo allí.
Fue su madre quien lo encontró desvanecido en la calle, lo llevó hasta su domicilio y después dio aviso a la seccional Séptima y recién en ese momento fue trasladado por una ambulancia al hospital Perrando, donde se lo diagnosticó con traumatismo de cráneo moderado potencialmente grave, con sedación, más antecedente de consumo problemático.
También presentaba excoriaciones y edema en la frente. Asimismo, estudios posteriores determinaron que padecía contusiones hemorrágicas en el lado derecho de su frente y hemorragia subaracnoidea postraumática, como consecuencia de la salvaje golpiza policial.
LAS MEDIDAS
Una de las primeras medidas del fiscal Turraca fue solicitar al procurador general Jorge Canteros que autorice la intervención de Gendarmería Nacional o la Policía Federal para que continúen con la recolección de pruebas, teniendo en cuenta el posible involucramiento en el hecho delictivo de agentes de la Policía del Chaco.
También libró oficios a la comisaría Quinta de Resistencia y a la Dirección General de Seguridad Metropolitana – Departamento 911 para que informen sobre todo el personal y los móviles que prestaron servicios el 30 de enero entre la 1 y las 10.
Una de las cuestiones más alarmantes, no obstante, es que el fiscal debió requerir informes al Órgano de Control Institucional (OCI) –que depende de la Jefatura de Policía del Chaco- para que remita las actuaciones de ese organismo en el caso cuando en la provincia ya debiera estar en funciones la Dirección de Control Policial, bajo el mando de un civil, a cargo de este tipo de investigaciones en donde están involucrados los miembros de la fuerza policial.