El juez Víctor Del Río juró ayer por primera vez como presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco desde su ingreso en 2021. Lo hizo durante un acto realizado en el salón auditorio del máximo tribunal provincial en Resistencia, donde hizo un fuerte pronunciamiento respecto del financiamiento del Poder Judicial y del atraso salarial de ese sector.
Estuvieron presentes sus pares Emilia Valle, Alberto Modi, Enrique Varela e Iride Grillo; el gobernador Leandro Zdero (ver página 3); la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado (ver página 3); el procurador general Jorge Canteros y la defensora general Alicia Alcalá. Así como el presidente subrogante del STJ de Formosa, Guillermo Alucín; los ministros Jorge Gómez (de Gobierno, Justicia y Trabajo) y José Alejandro Abraam (de Hacienda y Finanzas); el diputado nacional Aldo Leiva; y legisladores provinciales.
El discurso que brindó Del Río tuvo como ejes la política salarial, estructura de cargos, obras, acceso a Justicia, coordinación de pueblos indígenas, capacitaciones y planificación estratégica, informática y el Instituto Médico Forense (IMF).
El nuevo titular del STJ agradeció la presencia de Zdero y Delgado en lo que consideró «una muestra del respeto institucional a este poder del Estado»; así como la confianza que sus colegas del STJ depositaron en él para presidir el tribunal.
En cuanto a la política salarial subrayó que «luego de una serie de reuniones mantenidas con el Poder Ejecutivo provincial y afectados por el contexto inflacionario, se consiguió el dictado de la Ley 3971-A. La revisión entonces, será calculada y percibida en forma trimestral durante el próximo año».
El juez pidió «encontrar una solución definitiva a esta conflictividad. La solución prevista en la ley, es justa, y requiere el pago de la porcentualidad necesaria para alcanzar la media nacional» y señaló que el Chaco tiene los jueces con los salarios más bajos del país y, además, una Justicia a la que se le asigna uno de los porcentajes más ínfimos dentro de los presupuestos que en 2023 representó 3,25% del total y en 2024 rondará 4,5%.
«Esto da cuenta de la austeridad presupuestaria, que de igual manera administramos en forma eficiente y transparente. El ingenio y creatividad ha permitido mantener al Poder Judicial del Chaco en la vanguardia de los poderes judiciales», manifestó.
Más adelante resaltó la decisión de «restringir a su mínima expresión la discrecionalidad para el ingreso al Poder Judicial. Siendo el concurso la forma de ingresar como empleado, respetando los listados de aquellos que aprobaron en cada circunscripción judicial».
«Hemos evitado un aumento exponencial del plantel, dando un testimonio de austeridad y responsabilidad en materia de cargos y estructura. Contamos actualmente con un total aproximado de 4.200 personas, número que se viene manteniendo estable en estos últimos años, porque hemos sido responsables en la utilización razonable de estos recursos», reflexionó y valoró los concursos realizados para pueblos indígenas y personas con discapacidad que significan «una real inclusión y acceso a justicia de personas en situaciones de vulnerabilidad».
Destacó el concurso para quienes revestían cargo de ordenanza y cumplían tareas administrativas que permitió acceder como escribientes a aquellos que lo aprobaron. El trabajo con el desarrollo humano incluyó un proceso de reorganización de las oficinas dedicas al tema «abordando temas tan graves como la violencia laboral». «Es un proceso aún en definición, pero tendiente a cumplimentar lo previsto en esa normativa», dijo. También repasó las obras realizadas en 2022 y 2023, entre las que destacan los SUM de General San Martín y Charata que serán las salas de audiencia para los juicios por jurados en esas circunscripciones a partir del próximo año; la refacción completa del edificio de Tribunales de Charata, la refacción del Misión Nueva Pompeya luego de los actos que tuvieron lugar en marzo de este año y la ampliación del Juzgado de Paz y Faltas de Miraflores.
«Nuestro amparo y refugio está en la Constitución»
En otro tramo de su mensaje, Del Río hizo foco en el respeto hacia la Constitución. «Seguiremos trabajando incansablemente para mejorar las políticas públicas que hagan a la modernización de la Justicia, para asegurar la garantía del plazo razonable, pero esencialmente manteniendo siempre la mirada convencional y constitucional en nuestras decisiones», dijo.
«Las respuestas que espera nuestra sociedad provincial son muchas, algunas de ellas acuciantes y desesperadas», apuntó. «En tiempos de crisis, nuestro amparo y refugio está en la Constitución. Sin un Poder Judicial independiente no hay república, no hay vigencia de la Constitución, no hay protección de derechos individuales ni límite alguno al ejercicio abusivo de poder».
«Vivimos un estado constitucional del derecho, basado en principios y valores que se constituyen en fuente ordenadora de todo el derecho para responder a la protección del ser humano», enfatizó el magistrado.
A continuación, citó un precedente del STJ en un voto conformado por las juezas (María Luisa) Lucas, Valle y Grillo: «La fuerza vinculante directa de la Constitución supone que las cláusulas constitucionales no son meros programas, expresiones de deseos, ni consejos políticos, sino mandatos imperativos y por ende dispositivos, tanto en su parte dogmática como en su parte orgánica. La Constitución organiza y regula las relaciones conflictivas entre el ejercicio de los poderes y el ejercicio de las libertades, y en este sentido es una garantía o seguridad que nos protege frente a los dos peligros extremos que pueden afectar a una sociedad, el despotismo y la anarquía».
En esa línea aseguró que los 40 años de democracia «exigen de nosotros sus funcionarios o representantes sociales, contribuir a la cultura de la paz y el respeto mutuo, dejando en el pasado lo arbitrario, el autoritarismo o el menoscabo de las garantías individuales de los ciudadanos».
«Las rivalidades políticas circunstanciales, las diferentes miradas de la sociedad, no deben poner en riesgos los esfuerzos por consolidar la democracia en la Argentina», precisó y subrayó que la defensa del Estado de derecho «no es una búsqueda solitaria en manos exclusivas del Poder Judicial, sino una tarea del conjunto» y pidió reafirmar juntos «el estado de derecho y la seguridad jurídica que de allí se derrama».
Del Río dijo que «la independencia del Poder Judicial algunas veces puede molestar, pero asegura la calidad de las instituciones de esta provincia, en ese delicado juego equilibrado de poderes con un control recíproco y armónico de madurez republicana».
Por otro lado, negó que exista una actitud «paternalista ni corporativa» y señaló que es sólo «de respeto a las decisiones de cada magistrado. Creemos en la honorabilidad, honestidad y dedicación de la magistratura chaqueña, pero también creemos en los mecanismos constitucionales y legales para ser aplicados en caso de que algún magistrado se desvíe de esas exigencias republicanas».