El titular de la Defensoría del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj, se pronunció sobre el incumplimiento de la sentencia judicial que ordenó retrotraer el incremento del peaje por parte de la concesionaria vial.
En contacto con Radio Facundo Quiroga, Voloj expresó su preocupación y frustración ante la desobediencia judicial de la empresa, destacando el impacto negativo para los usuarios chaqueños y las acciones que la Defensoría está llevando a cabo para solucionar esta situación.
La concesionaria vial se negó a acatar una sentencia que exigía revertir el incremento del peaje. Voloj explicó: «Seguimos esperando que la empresa acate la decisión judicial ratificada en el inicio de esta semana».
Asimismo, manifestó su preocupación por la falta de cumplimiento por parte de la empresa, destacando que la situación es «una rebeldía, una desobediencia judicial» y agregó: «Incluso ya públicamente salió el doctor Flores a plantear que la defensa que ellos habían realizado, en algunos aspectos resultaban improcedentes… pero lo cierto es que el valor sigue sin retrotraerse, siguen haciendo oídos sordos».
En referencia al fallo, el ombusman provincial indicó: «El doctor Flores ha sido claro y categórico. Ha puesto en palabras lo que muchos usuarios chaqueños vemos que está pasando con el tema del peaje.
Esta rebeldía, esta desobediencia judicial que se viene dando. Incluso ya públicamente salió el doctor Flores a plantear que la defensa que ellos habían realizado, en algunos aspectos resultaban improcedentes, otros incluso les había permitido una ampliación de plazo para presentar pruebas y otras cuestiones, pero lo cierto es que el valor sigue sin retrotraerse, siguen haciendo oídos sordos».
Por otra parte, Voloj continuó cuestionando: «Uno busca siempre los canales de diálogo, pero ya casi es una tomada de pelo porque hay sentencia judicial en el medio y todo lo que esto genera y aún siguen sin bajar el precio».
acciones y Expectativas
La Defensoría del Pueblo ha estado activa en este asunto, acompañando el planteo judicial por parte de un grupo de usuarios. Voloj destacó que, aunque se ha intentado mantener un canal de diálogo, la situación se ha vuelto insostenible. «Entiendo que también se van a aplicar las astrientes que son las multas correspondientes en cabeza de los funcionarios», indicó.
El defensor resaltó que el principal cuestionamiento no es el valor del peaje en sí, sino la falta de transparencia en el proceso. «Lo que se cuestiona es que no se garantiza procesos de información, no se garantizan planes de obras para saber dónde va el destino de esos fondos», explicó.
«También estamos viendo de visibilizar el nivel nacional, por eso hemos mandado notas tanto a nuestros senadores como a diputados nacionales para que vean lo que está pasando y el perjuicio que se viene generando a los usuarios chaqueños de las rutas», comentó.
Competencia Judicial
Un aspecto técnico que ha surgido en este conflicto es la jurisdicción de la sentencia. Voloj aclaró que la ley de amparo en el Chaco permite que cuestiones que afecten a intereses de ciudadanos de la provincia puedan ser tratadas a nivel local. «No hay acá un problema de jurisdicción porque el fallo abarca solamente la provincia del Chaco», señaló y contrapuso: «No es que el fallo del doctor Flores se extrapola y tiene efectos en otras jurisdicciones, ahí sí habría un problema de competencia».
Seguidamente explicó: «En este caso no hacemos la presentación como parte actora sino que hacemos el acompañamiento de la Asociación de Consumidores Unidos del Chaco porque nosotros por ejemplo no tenemos legitimación activa para ir contra una decisión nacional pero sí tiene una Asociación de Consumidores que tiene alcance provincial y federal para interponer la medida, por lo tanto esa cuestión de competencia no hace a lo que es a la medida cautelar».
Y anticipó: «Después seguramente el amparo irá a la Justicia Federal, pero en este caso, la medida cautelar con efectos suspensivos, la decisión del doctor Flores tiene claramente efectos, tiene efectos en la provincia del Chaco, por lo tanto la cuestión de restar la competencia no procede».
Voloj mencionó que la empresa concesionaria ha omitido pasos clave como la realización de una audiencia pública para discutir los incrementos. «Hablando desde el punto de vista técnico formal, han hecho la omisión de un paso clave y básico, incluso está reglamentado para peajes, sobre cómo tiene que darse una audiencia pública, que puede ser presencial o virtual.
He participado en numerosas audiencias públicas, por ejemplo en la Secretaría de Energía de Nación, que lo organiza la Secretaría de Energía de Nación a nivel federal, y es una audiencia pública virtual con 500, con 800 mil personas que esperan el turno para hablar, que hablan los diez minutos que corresponden», describió el proceso correcto.
«Como toda audiencia pública, algunas cosas se toman, otras se dejan, pero se hace el proceso básico para que puedan participar. Eso es lo que hace bastante tiempo, le decimos a Corredores Viales, que esta consulta ciudadana web que hicieron es un libro de quejas, un libro de consulta, pero no es un proceso de audiencia pública para que discutamos algo básico, como es el servicio público, en este caso la transistabilidad en una ruta nacional concesionada», dimensionó.
En este sentido instó a «otras jurisdicciones u otras personas, otras asociaciones, quieren hacer lo que planteó la asociación consumidores del Chaco con el apoyo de la defensoría, puede hacerlo porque ahí hay un vacío importante».
A todo esto, Voloj se sumó otra irregularidad «la falta de transparencia en el momento de determinar hacia dónde va el destino de los fondos de los viajes, que es cada vez más notorio en la ruta 16, todos los tramos de la autovía que presenta estado realmente lamentable.
Entonces, acá no estamos haciendo política, no estamos haciendo ningún juego extraño, es simplemente proteger y pedir que se cumpla lo básico en defensa de los usuarios chaqueños».
Multas
En cuanto a las consecuencias para la concesionaria vial, Voloj mencionó la posibilidad de aplicar astreintes, que son multas diarias por incumplimiento de una sentencia judicial. «Les cabría la aplicación de las astreintes que caen en la cabeza del funcionario», explicó. «Son las multas que se aplica a la cabeza del funcionario responsable de una institución por incumplimiento o demora en el cumplimiento de una sentencia judicial.
Desconozco realmente cuánto sería el valor de la aplicación diaria de estas multas, pero que caen en la cabeza del funcionario. Las astreintes se aplican siempre para este caso, como para cualquier otro, donde frente a una sentencia judicial se dilato directamente no se la cumple», explicó.
Cumplimiento
El ombudsman expresó su esperanza de que la situación se resuelva pronto, pero también manifestó su disposición a seguir luchando por los derechos de los usuarios chaqueños.
«Es una pena porque uno trata de abocar siempre mediante el diálogo, a la resolución, alternativa, en el caso de una sentencia judicial, que plantea con muy buen criterio y con mucha valentía el doctor Flores, que no es atacar ni meternos en la cuestión económica de la empresa, no se hace el ataque al capital de Corredores Viales, sino que simplemente pide cumplir con el proceso de audiencia pública como corresponde.
Generar un plan de obra transparente en cómo corresponde y después frente a cualquier incremento que quieran hacer, hagan los pasos sin saltearse el derecho básico de cualquier usuario, cualquier ciudadano, que es la participación y acceder a la formación», finalizó.
» Cronología
El 31 de mayo, el Juzgado Civil y Comercial 21 de Resistencia dictó una medida cautelar ordenando la suspensión inmediata del aumento del 200% en la tarifa del peaje en las casillas del puente Chaco-Corrientes y Makallé, el cual se aplicó en abril y elevó la tarifa a $900, la empresa Corredores Viales SA aún no cumplió con la orden judicial y ahora actualizó el valor a $1.000.
Esto ocurrió después de que el Juzgado Civil y Comercial 21, a cargo de Julián Fernando Benito Flores, respondiera a los planteos de la empresa y ratificara la medida cautelar hasta que se resuelva el amparo presentado por la Asociación Consumidores Unidos del Chaco (Cucha).
La asociación presentó un escrito advirtiendo sobre el incumplimiento de la orden que establecía que la tarifa debía volver a $300, solicitando que se apliquen sanciones o multas a la empresa y reclamando por el nuevo incremento del cuadro tarifario para que también se deje el mismo sin efecto.