En un contexto de creciente endeudamiento de los hogares y deterioro del poder adquisitivo, la diputada nacional por Chaco, Julieta Campo, impulsó un proyecto de ley que busca establecer un mecanismo de alivio para familias con deudas de consumo. La iniciativa fue presentada junto a sus pares Lucía Cámpora (Buenos Aires) y Gabriela Estévez (Córdoba), y propone la creación de un programa nacional de alivio de deuda personal que obligue a bancos y entidades no financieras a renegociar pasivos en situación de mora.
El proyecto, denominado «Ley de segunda oportunidad para hogares endeudados», fue dado a conocer en medio de un escenario económico marcado por la caída de ingresos, la retracción del consumo y el aumento de la morosidad.
Según los datos relevados en sus fundamentos, el 91% de los hogares argentinos se encuentra endeudado, lo que convirtió a esta problemática en uno de los ejes centrales de la agenda social y económica actual.
La iniciativa establece que podrán acceder al programa aquellas personas cuyas deudas de consumo superen el 30% de sus ingresos mensuales, o el 20% en casos de vulnerabilidad. A partir de ese umbral, se habilitaría un procedimiento administrativo que obligaría a las entidades financieras -incluidos bancos y plataformas digitales- a renegociar las condiciones de pago bajo supervisión estatal.
En ese sentido, Campo sostuvo que el objetivo central del proyecto fue «dar una respuesta concreta a una situación que dejó de ser individual para convertirse en un problema estructural». La legisladora advirtió que el endeudamiento masivo no responde a decisiones aisladas de consumo, sino a un contexto de pérdida de poder adquisitivo que empujó a las familias a financiar gastos básicos mediante crédito.
Uno de los puntos clave de la propuesta radica en la suspensión de medidas judiciales mientras dure el proceso de reestructuración.
De acuerdo al texto, se frenarán los embargos, se congelarán los intereses por mora y se prohibirá empeorar la calificación crediticia de los deudores durante la negociación.
Asimismo, el proyecto contempla la apertura de instancias obligatorias de negociación entre deudores y acreedores. En caso de que no se alcance un acuerdo, el Estado intervendrá para definir un esquema de pagos acorde a la capacidad económica del hogar. Este mecanismo, según sus impulsoras, permitiría evitar situaciones de sobreendeudamiento crónico y dar previsibilidad a las familias.
Otro de los aspectos destacados es que la implementación del programa no implicaría un costo fiscal significativo. La propuesta se basa en un esquema administrativo que reorganiza las relaciones entre privados, con intervención estatal en casos puntuales.
Además, prevé la creación de un Observatorio de Endeudamiento de los Hogares, destinado a relevar datos y generar información para el diseño de políticas públicas.
el proyecto también incluyó en su alcance a las billeteras virtuales y plataformas fintech, un segmento que en los últimos años creció de manera exponencial. Según los datos citados, estas entidades registran tasas reales superiores al 5% mensual y niveles de irregularidad significativamente más altos que los del sistema bancario tradicional.
En este punto, las autoras señalaron que la menor regulación del sector contribuyó a un aumento de la vulnerabilidad financiera de los usuarios.
Las fintech, indicaron, concentran un volumen creciente de créditos destinados al consumo cotidiano, lo que incrementó el riesgo de incumplimiento.
El contexto económico en el que se presentó la iniciativa resulta determinante para comprender su alcance. Informes recientes mostraron que la morosidad de los hogares alcanzó el 11,2% en febrero, con una tendencia ascendente sostenida durante los últimos 16 meses.
Este deterioro se dio en paralelo a una caída del salario real y a un aumento de la precarización laboral. Aunque el promedio salarial superó el millón de pesos, la mitad de los trabajadores percibió menos de $800 mil mensuales, lo que evidenció una fuerte desigualdad en la distribución del ingreso.
En los sectores más vulnerables, la situación resultó aún más crítica. El 10% de menores ingresos registró niveles que oscilaron entre $3 mil y $566 mil mensuales, lo que obligó a muchas familias a recurrir al crédito para cubrir necesidades básicas como alimentos, servicios y transporte.
En ese marco, el endeudamiento dejó de estar asociado a la adquisición de bienes durables o inversiones, para convertirse en una herramienta de supervivencia cotidiana. Según los fundamentos del proyecto, cada vez más hogares utilizaron tarjetas de crédito y préstamos para sostener el consumo corriente, lo que generó un círculo de refinanciaciones y acumulación de intereses.
Las cifras reflejaron la magnitud del fenómeno: entre enero de 2025 y enero de 2026, la morosidad en préstamos a personas físicas pasó del 2,67% al 10,6%, alcanzando niveles que no se registraban desde hace casi dos décadas.
En paralelo, el sector fintech mostró el deterioro más pronunciado.
La irregularidad en este segmento se acercó al 30%, con más de 5.5 millones de nuevos deudores incorporados desde 2018.
Las autoras del proyecto vincularon esta situación con las políticas económicas implementadas a nivel nacional. En sus argumentos, señalaron que la caída del consumo, la pérdida de empleo y la reducción del poder adquisitivo generaron un escenario propicio para el sobreendeudamiento.
En ese sentido, recordaron que la problemática ya había sido advertida en 2025 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien sostuvo que «nadie puede construir su vida con la soga al cuello» y reclamó la implementación de mecanismos que permitan renegociar deudas en condiciones justas.
El proyecto retoma además antecedentes locales e internacionales. Entre ellos, se destaca el sistema de conciliación previa en relaciones de consumo (Coprec), implementado en 2014 y discontinuado en 2025, así como el programa «Desenrola Brasil» y experiencias europeas de desendeudamiento.
Desde el punto de vista político, la iniciativa se inscribe en una serie de propuestas impulsadas por el bloque de Unión por la Patria, orientadas a mitigar los efectos sociales de la crisis económica. El texto cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintas provincias, lo que le otorga un respaldo federal.
Campo sostuvo que el Congreso «debería tratar con urgencia» este tipo de iniciativas, dado el impacto que el endeudamiento tiene en la vida cotidiana de millones de argentinos.
La diputada remarcó que el problema «ya no puede ser abordado como una cuestión privada entre partes», sino que requiere una intervención estatal.»
En términos concretos, el proyecto busca establecer un equilibrio entre los derechos de los acreedores y la necesidad de proteger a los deudores en situaciones de vulnerabilidad. La propuesta no plantea una condonación generalizada de deudas, sino un esquema de reestructuración que permita garantizar el cumplimiento en condiciones sostenibles.
Para sus impulsoras, se trata de una herramienta clave para evitar el colapso financiero de los hogares y recuperar cierto nivel de estabilidad económica.
Mientras tanto, el endeudamiento familiar continúa creciendo y se consolida como uno de los principales desafíos del presente.
La discusión legislativa que se abre en torno a este proyecto anticipa un debate más amplio sobre el rol del Estado, el sistema financiero y las condiciones de vida de la población en un contexto de crisis.
» Calculadora de tasas judiciales incorpora TIM del BCRA
La calculadora de tasas del Poder Judicial del Chaco incorporó la Tasa de Interés Moratorio (TIM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reglamentada por el inciso «C» del artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación. El cálculo aplica una tasa con doce decimales de acuerdo a la metodología empleada por el calculador web del BCRA.
Así, la Justicia provincial se convirtió en una de las primeras a nivel nacional en incorporar la TIM para el cálculo de tasas, facilitando la tarea de quienes operan habitualmente con este calculador.
Ajustes de cálculo
Además, se realizaron ajustes en los procedimientos de cálculos de las diferentes tasas de interés:
-Tasa pasiva del BCRA: se ajusta la fecha «desde» conforme la fórmula considerando la tasa del día anterior para facilitar el cálculo al operador. Éste debe seleccionar manualmente la fecha del día anterior para que aplique la fórmula.
-El redondeo resultante se ajusta en cuatro decimales, previo aplicarse al capital, para todas las tasas de interés.
En la mayoría de los casos estos cambios resultan en variaciones que oscilan entre $0,10 y $5.00. Por ello es necesario revisar las planillas por si surgieran diferencias debido al tiempo transcurrido entre la fecha de presentación y la de control.
Esto no es un error de cálculo, sino una diferencia debido al ajuste, manteniendo la razonabilidad del mismo con diferencias ínfimas.
Estos cambios impactan en el Sistema de control de planillas para dependencias judiciales y en el sistema de planillas judiciales Aequitas.