En un contexto de creciente tensión social, comunidades campesinas e indígenas de Pampa del Indio sostuvieron durante la primera quincena de abril una serie de cortes de ruta y manifestaciones en reclamo de asistencia urgente y la restitución de programas sociales.
La protesta, que se concentró principalmente sobre la ruta provincial 3, se extendió por varios días y obligó a la intervención del gobierno provincial, que finalmente firmó un acta acuerdo con los manifestantes.
La medida de fuerza se inició en el marco de una jornada nacional de lucha impulsada por distintas organizaciones sociales y tuvo su punto más álgido el viernes 10 pasado, cuando un importante número de familias decidió permanecer en la ruta incluso durante la noche.
La protesta fue encabezada por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Unión Campesina junto a comunidades originarias nucleadas en el movimiento Originarios en Lucha.
Según detallaron desde las organizaciones, el principal detonante del conflicto fue la baja del programa nacional Volver al Trabajo, una política que, afirmaron, garantizaba ingresos básicos para numerosas familias de la zona rural.
La interrupción de este beneficio, sumada a un contexto de crisis económica y precariedad estructural, derivó en una situación que los referentes calificaron como «insostenible».
Durante las jornadas de protesta, los manifestantes bloquearon distintos accesos estratégicos, especialmente en la zona de Colonia Pampa Chica, lo que generó complicaciones en el tránsito y visibilizó el conflicto a nivel provincial.
A pesar de la fuerte presencia policial -que incluyó efectivos de distintas localidades y unidades montadas-, las comunidades decidieron sostener la medida.
En ese marco, voceros de las organizaciones señalaron que la permanencia en la ruta respondió a la falta de respuestas concretas por parte del Estado. «La necesidad es urgente y no podemos seguir esperando», sostuvieron en asambleas realizadas en el lugar, donde además remarcaron el deterioro de las condiciones de vida en las comunidades rurales.
La presión ejercida por las protestas derivó en la llegada de funcionarios del Gobierno del Chaco, quienes abrieron una instancia de diálogo con los referentes sociales. Tras varias horas de negociación, ambas partes firmaron un acta acuerdo que incluyó una serie de compromisos orientados a atender las demandas más urgentes.
Entre los puntos principales, el Ejecutivo provincial se comprometió a garantizar asistencia alimentaria inmediata mediante la entrega de módulos y el fortalecimiento de merenderos comunitarios. Este aspecto fue señalado como prioritario por los manifestantes, quienes advirtieron sobre el crecimiento de la inseguridad alimentaria en la región.
Asimismo, el Gobierno aseguró que iniciará gestiones ante la Nación para abordar la situación generada por la baja del Volver al Trabajo. En este sentido, los funcionarios indicaron que buscarán alternativas que permitan restituir ingresos o implementar mecanismos de contención para las familias afectadas.
El acuerdo también contempló la inclusión de otros reclamos estructurales en una agenda de trabajo conjunta. Entre ellos, se destacaron las demandas vinculadas al acceso a la salud, la producción rural, la vivienda y el desarrollo local. Estos puntos, según indicaron las organizaciones, reflejan problemáticas históricas que se profundizaron en el último tiempo.
A pesar de la firma del acta, los referentes sociales advirtieron que la medida de fuerza podría retomarse en caso de incumplimientos. «La lucha va a continuar hasta que las promesas se conviertan en hechos concretos», afirmaron, y remarcaron que mantendrán el estado de asamblea permanente.
En paralelo, desde el ámbito oficial señalaron que el diálogo permitió descomprimir la situación y evitar una escalada del conflicto.
No obstante, reconocieron la complejidad del escenario social en la zona y la necesidad de articular políticas de mediano y largo plazo.
El conflicto en Pampa del Indio volvió a poner en agenda la situación de las comunidades originarias y campesinas del interior chaqueño, donde persisten indicadores de vulnerabilidad vinculados a la pobreza, el acceso limitado a servicios básicos y la falta de oportunidades productivas.
Analistas locales señalaron que la caída de programas nacionales impactó con mayor fuerza en estas regiones, donde el empleo formal es escaso y las economías familiares dependen en gran medida de la asistencia estatal y de actividades de subsistencia.
En este contexto, las organizaciones sociales insistieron en la necesidad de políticas integrales que no solo atiendan la emergencia, sino que también promuevan el desarrollo sostenible de las comunidades. «No se trata solo de alimentos, sino de generar condiciones para vivir dignamente», sostuvieron dirigentes durante las protestas.
