El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco reunió el pasado lunes a senadores y diputados nacionales para discutir la urgente necesidad de incluir en el presupuesto nacional 2025 una partida destinada a financiar la lucha contra el narcomenudeo, competencia que el Poder Judicial provincial asumió en 2015, que requerirá una partida superior a $3.000 millones para el año entrante-
La reunión, presidida por el presidente del STJ Víctor del Río, contó con la participación de las autoridades judiciales locales, incluyendo a los jueces Emilia María Valle, Alberto Mario Modi y Enrique Varela, y el procurador general Jorge Canteros. También asistieron los senadores Víctor Zimmermann y Antonio Rodas, y los diputados nacionales Juan Manuel Pedrini, Aldo Leiva y Gerardo Cipolini.
El encuentro tuvo como objetivo central discutir la necesidad de asegurar los fondos necesarios para continuar la lucha contra el narcomenudeo, un delito federal cuya competencia fue transferida a la provincia hace casi una década. Desde entonces, el Poder Judicial del Chaco ha tenido que asumir los costos asociados a esta responsabilidad, sin recibir el apoyo financiero que establece la Ley Nacional 26.052.
Una Lucha Sin Recursos
Durante la reunión, las autoridades judiciales expresaron su preocupación por el creciente desafío que representa el narcomenudeo en la provincia, y la falta de recursos para enfrentarlo.
«La investigación y la persecución de los delitos de narcomenudeo requieren cada vez mayores erogaciones, fundamentalmente por el crecimiento del flagelo y su complejidad», precisaron. Del Río subrayó la necesidad de «hacer efectivas las transferencias de recursos», dado que se trata de delitos federales cuya competencia fue transferida a la provincia, y por tanto, los fondos deben ser provistos por el presupuesto nacional.
Del Río denunció que, desde 2015, «no ha llegado ningún recurso nacional para este fin», lo que ha obligado al Poder Judicial provincial a financiar la lucha contra el narcomenudeo con sus propios recursos, que son limitados.
«El presupuesto del Poder Judicial del Chaco es extremadamente limitado», afirmó Del Río, señalando que este año, el presupuesto judicial fue de apenas el 4,47% del total provincial. Esta cifra, según el magistrado, es insuficiente para cubrir los costos asociados a la lucha contra el narcomenudeo, que incluyen la adquisición de insumos electrónicos, equipamiento especializado, y la contratación de personal adicional.
Déficit Presupuestario
El déficit presupuestario ha tenido un impacto significativo en la capacidad del Poder Judicial para enfrentar el narcomenudeo de manera efectiva. Del Río mencionó como ejemplo la compra de un software de desencriptación de celulares, una herramienta crucial en la investigación de delitos de narcotráfico. «El software costó 31 millones de pesos, luego de arduas negociaciones, pero inicialmente tenía un valor de 66 millones», explicó en entrevista telefónica a Radio Natagalá. Este tipo de inversiones, necesarias para combatir el narcomenudeo, son difíciles de asumir con el presupuesto actual, sostuvo.
El impacto del déficit también se refleja en el sistema carcelario de la provincia, que se ha visto desbordado por el aumento en la población de detenidos relacionados con delitos de narcomenudeo. «El colapso del sistema carcelario es una consecuencia directa de la falta de recursos», advirtió Del Río. Según el magistrado, la población de detenidos se ha duplicado en los últimos años, lo que ha generado una sobrecarga tanto en las cárceles provinciales como en las comisarías.
La Ley y su Implementación
La Ley Nacional 26.052, que establece la desfederalización de ciertos delitos relacionados con el narcotráfico, permite que las provincias asuman la competencia en la lucha contra el narcomenudeo. Sin embargo, la ley también establece un sistema de transferencias proporcionales de recursos desde la Nación hacia las jurisdicciones provinciales que adhieran a la misma. «Hasta el momento, el Poder Judicial del Chaco ha tenido que hacerse cargo de los costos sin recibir los fondos que establece la ley», explicó Del Río.
El magistrado señaló que la situación en el Chaco es insostenible a largo plazo sin el apoyo financiero del gobierno nacional. «El esfuerzo económico recayó íntegramente en el presupuesto provincial, que es insuficiente para enfrentar la magnitud del problema», advirtió.
Un Problema Nacional
La problemática del narcomenudeo no es exclusiva del Chaco, sino que afecta a todas las provincias que han adherido a la Ley 26.052. En marzo de 2024, los procuradores generales de todo el país se reunieron en Puerto Madryn, Chubut, para discutir la necesidad de federalizar la persecución del narcomenudeo y establecer criterios comunes de acción penal en todo el territorio nacional.
En esa ocasión, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina emitió un comunicado en el que destacaron la importancia del federalismo como herramienta para facilitar la persecución penal del narcomenudeo, y no como un obstáculo. «El federalismo es una herramienta para facilitar la persecución penal, no un obstáculo. Es por ello que insistimos en la necesidad de que desde Nación se impulse la desfederalización de la Ley 26.052», afirmaron en el comunicado.
Entre las medidas propuestas por los procuradores, se incluye la necesidad de «establecer mapas del delito, enfocar con precisión la acción policial, fortalecer la presencia del Estado, y evitar la ocupación territorial por los narcotraficantes en barrios y zonas propicias para el desarrollo clandestino de organizaciones criminales».