El decreto 780/2024, firmado por Milei y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, modifica la Ley 27275 de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016, al establecer una distinción arbitraria entre «información pública» y «datos de naturaleza privada». Según Aldo Leiva, esta diferenciación limita severamente el derecho de la ciudadanía a conocer asuntos de interés público.
El legislador nacional comparó esta medida con épocas autoritarias, destacando que en el pasado, la falta de acceso a la información se imponía por la fuerza.
«Hoy, con los votos que le dio la gente, este personaje, por llamarlo de alguna manera, se cree impune y entiende que puede restringir todo tipo de información de carácter público», afirmó.
Además, lamentó la complacencia de los grandes medios de comunicación, que, según él, no cuestionan estas acciones como lo harían si un gobierno popular las implementara.
-Mencionó el «triángulo de hierro» que rodea a Milei.
-El «triángulo de hierro» es una expresión que Milei utiliza para referirse a las personas en las que confía ciegamente y que tienen un poder significativo en su gobierno.
Caputo, un empresario con fuertes vínculos con los mercados financieros internacionales, y su hermana Karina, quien maneja una parte importante de la agenda política de Milei, son figuras clave en la toma de decisiones. Estos personajes no solo tienen influencia sobre las políticas económicas, sino también sobre decisiones estratégicas como la que estamos discutiendo ahora.
El decreto 780/2024 no es solo una iniciativa de Milei; es una medida que ha sido cocinada en los círculos más cercanos de su gobierno, donde el objetivo principal es consolidar un control absoluto sobre la información que se difunde.
Limitar el acceso a la información pública permite manejar los recursos del Estado con una opacidad que sería inaceptable en cualquier democracia consolidada. Esto les da la libertad de tomar decisiones sin rendir cuentas, de asignar partidas presupuestarias de manera discrecional y, lo más grave, de esconder cualquier tipo de irregularidad que pueda surgir en su gestión.
-¿Considera que esta política de restricción de la información pública tendrá un impacto directo en la vida cotidiana de los argentinos?
-Sin lugar a dudas. Cuando se restringe el acceso a la información, lo que se está haciendo es despojar a la ciudadanía de una herramienta crucial para la participación democrática. Con este decreto, el gobierno de Milei busca evitar que los ciudadanos sepan, por ejemplo, cómo se están distribuyendo los recursos del Estado, qué partidas se están asignando a determinados órganos o cuánto están cobrando los funcionarios.
Este tipo de información es vital para que la gente pueda cuestionar, exigir rendición de cuentas y, en última instancia, participar en la vida política del país. Además, este tipo de medidas genera un efecto cascada.
Si se permite que el gobierno limite la información sin oposición, esto puede abrir la puerta a otras restricciones aún más graves.
Hoy es el acceso a la información, mañana podría ser la libertad de expresión o el derecho a manifestarse. Es un proceso de erosión de los derechos que, si no se detiene a tiempo, puede llevarnos a una situación donde la democracia sea solo una fachada, mientras que en la práctica el poder se concentra en manos de unos pocos.
-¿Cuál es su opinión del veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria?
-El veto a la ley de movilidad jubilatoria es una de las decisiones más crueles que ha tomado este gobierno. La ley que se vetó tenía como objetivo garantizar que los jubilados no perdieran poder adquisitivo frente a la inflación, una medida básica en un contexto económico tan complicado como el que estamos viviendo.
Sin embargo, Milei decidió vetarla, argumentando que no era fiscalmente responsable, pero la realidad es que lo hizo porque no le interesa proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Este veto no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política general que busca concentrar los recursos en manos de los que ya tienen mucho, mientras se abandona a su suerte a quienes más necesitan del Estado.
Es una continuación de las políticas que este gobierno ha implementado desde el principio: recortes a la educación, reducciones en el financiamiento de las universidades, y, por supuesto, la eliminación de cualquier barrera para que los grandes capitales sigan acumulando riquezas sin que se les exija una contribución justa.
Lo más indignante es que este tipo de medidas se toman mientras el gobierno sigue destinando recursos millonarios a áreas como la Side, donde esos fondos se utilizan para perseguir opositores y condicionar a periodistas. Es decir, mientras se les niega a los jubilados un aumento que apenas les permitiría sobrevivir, se gastan sumas obscenas en fortalecer un aparato represivo que no tiene otro propósito que mantener el poder de este gobierno y silenciar cualquier crítica.
La oposición tiene una responsabilidad histórica en este momento. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos cómo se desmantelan nuestras instituciones y se cercenan nuestros derechos. El peronismo, en particular, tiene que estar a la altura de las circunstancias. Somos un movimiento que ha sabido enfrentarse a los momentos más oscuros de nuestra historia y salir adelante. Ahora nos enfrentamos a un desafío similar.
-¿Cómo observa al peronismo a nivel nacional?
-En términos concretos, necesitamos profundizar el debate interno para consolidar una estrategia común. Esto no se trata solo de oponerse a Milei; se trata de construir una alternativa sólida que pueda devolverle la esperanza a los argentinos.
Tenemos que ser capaces de articular un discurso que conecte con las necesidades reales de la gente, que hable de cómo vamos a defender los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes, y de todos aquellos que están siendo golpeados por las políticas de este gobierno.
A nivel nacional, estoy convencido de que el peronismo sabrá encontrar la síntesis necesaria para liderar esa alternativa. Como lo hemos hecho en el pasado, volveremos a ser una fuerza que aglutine a distintos sectores y que ofrezca una salida a la crisis actual.
Es posible que esto requiera tiempo y mucho trabajo, pero no tengo dudas de que en 2027 estaremos listos para presentar una opción que devuelva la dignidad y la justicia social a este país.