El Gobierno anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como parte de su plan de reducción del Estado y eliminación de estructuras ineficientes. En su lugar, se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En el anuncia dice que será «un organismo con menos costos y burocracia».
Según el anuncio oficial, la medida implicará una reducción del 45% en las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, lo que supone una eliminación del 34% de la estructura actual y un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos al año. Por supuesto que son cifras que el tiempo dirá si resultan válidas y certeras.
Además, se comuninó que se procederá a la desvinculación de 3.155 empleados a los que acusó de «haber ingresaron de manera irregular» durante el último gobierno. Se señala que representa el 15% del personal actual de la AFIP.
La nueva ARCA también eliminará la denominada «Cuenta de Jerarquización para altos cargos», lo que reducirá el salario de su titular a unos 4 millones de pesos, equiparándolo con el de un ministro. Los salarios de los directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) seguirán el mismo esquema.
La dirección de ARCA estará a cargo de Florencia Misrahi, acompañada por Andrés Gerardo Vázquez en la DGI y José Andrés Velis en la DGA, quienes liderarán el proceso de reorganización y profesionalización del nuevo organismo.
EL PLAN DE DISOLUCIÓN
En julio, el Gobierno ya había avanzado con un plan de «achique» de la AFIP: mediante el decreto 559, implementó una fuerte reestructuración dentro del organismo con el objetivo de modernizar los controles fiscales y previsionales en el marco de las nuevas leyes de moratoria y blanqueo.
Con esa medida centralizó las funciones de fiscalización impositiva y previsional en el área metropolitana, concentrando las actividades bajo la Dirección General de Impuestos (DGI), un modelo que ya se había implementado en delegaciones de AFIP en el interior del país.
En ese momento ya se habían eliminado distintas estructuras jerárquicas. Se suprimieron tres subdirecciones generales, ocho direcciones y otras jefaturas, lo que implica una reducción organizacional sin afectar al personal.
Otro aspecto importante del Decreto 559 es que, aunque eliminó ciertos cargos, mantuvo dentro de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social las tareas de distribución de fondos a los subsistemas de seguridad social, la comunicación con instituciones públicas y privadas en este ámbito, y la investigación de casos de trata de personas.
Puntos destacados
- «La AFIP dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. En total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos».
- Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último Gobierno de manera irregular. Esto supone un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos al año».
- «Se dejará de cobrar la llamada cuenta de jerarquización, por lo que la titular de la AFIP cobra más de 30 millones de pesos por mes, y los directores más de 17 millones. Ahora van a pasar a cobrar sueldos equivalentes o equiparables a los de ministros o secretarios».
- «Las direcciones generales van a tener nuevos titulares: Andrés Gerardo Vázquez será titular de la DGI y José Andrés Vélis de la DGA».
Adiós a una estructura creada por
el ex presidente Carlos Menem
Al dar el anuncio, el portavoz del jefe de Estado trazó un curioso paralelismo al postular que el ideario liberal «es lo que nos llevó a ser una de las principales potencias del mundo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hacia esa Argentina queremos ir sin AFIP, sin INADI y sin ningún otro organismo que cercene la libertad de la gente de bien».
La Administración Federal de Ingresos Públicos se creó en 1996, durante el segundo mandato de Carlos Menem, a partir de la fusión de dos organismos preexistentes: la Dirección General Impositiva y la Administración Nacional de Aduanas. Esta unificación tuvo como objetivo centralizar y dinamizar la gestión de los ingresos del Estado argentino.
De esta manera, Milei profundiza las políticas económicas y desreguladoras del menemismo al dinamitar la estructura recaudadora y crear un ente nuevo en reemplazo. En ambos casos, la consiga es la misma: modernizar y efectivizar los procesos para «proteger» a los contribuyentes del «yugo estatal».
Sin cambios significativos
para los contribuyentes
Se estima que las modificaciones anunciadas por el Gobierno no generarán cambios significativos para los contribuyentes, incluyendo monotributistas, autónomos o empresarios.
Los cambios serán internos, afectando principalmente a la estructura y funcionamiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos y a los profesionales del ámbito tributario.
No habrá modificaciones en las obligaciones fiscales, ni se alterarán los impuestos, multas o procedimientos para quienes pagan tributos.
La medida implica principalmente un cambio en la denominación del agente de recaudación, acompañado de ajustes visuales en plataformas y documentación, sin afectar el fondo del sistema impositivo.
En sí, la recaudación no se verá comprometida; dado que el Gobierno apuntaría a la reducción de tamaño en el organismo para disminuir los costos administrativos sin alterar los ingresos fiscales.