La Justicia Federal tomó la decisión de investigar el supuesto fraude cometido contra el Estado por el dirigente chaqueño Ramón Tito López y su familia.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los acusados y confirmar la intervención federal en el caso, considerando la gravedad institucional y el impacto nacional de los hechos investigados.
IMPUTADOS
La familia López, que incluye a Ramón Alberto López, Librada Beatriz Romero, David Alberto López, Walter Ramón López y Daniel Orlando López, enfrenta acusaciones por fraude a la administración pública y asociación ilícita.
A principios de octubre, el juez federal de Resistencia 2, Ricardo Mianovich, había declarado su incompetencia parcial en la causa, considerando que los fondos presuntamente involucrados pertenecían al Estado provincial del Chaco y no al ámbito nacional.
Sin embargo, más de un mes después, la Cámara Federal de Apelaciones revirtió esta situación, dando lugar a la competencia federal ante el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
TRASCENDENCIA
Y GRAVEDAD INSTITUCIONAL
El fallo de la Cámara subraya la necesidad de intervención federal debido a la «trascendencia y gravedad institucional» del caso.
Según el tribunal, las maniobras investigadas podrían implicar delitos de lavado de activos en un esquema de corrupción dentro de una organización ilícita con presunta cobertura estatal.
El documento judicial advierte sobre la importancia de los bienes jurídicos afectados y el interés nacional en esclarecer estas denuncias.
La situación recuerda otros casos de corrupción con implicancias similares, reforzando el mensaje de que este tipo de delitos debe ser investigado en profundidad.
La decisión ratifica que los actos que afectan la seguridad institucional y los bienes del Estado deben estar bajo la supervisión de la justicia federal, sobre todo cuando se sospecha la posible implicación de una red organizada de corrupción.