La expresidenta parece no perdonar que su delfín no la haya acompañado en la idea de conducir el PJ nacional, ni tolera que se haya plantado en su decisión de anticipar las elecciones en la provincia para el 7 de septiembre, contrariando el pedido del Instituto Patria. Ahora, en la Legislatura promueve una ley de condonación de deudas a los municipios que, de aprobarse, desfinanciaría las arcas provinciales. La posibilidad de que vayan en listas separadas es una realidad. El interrogante es quién queda con el sello del PJ. El gobernador estaría dispuesto a dar batalla en el seno del Congreso partidario provincial, enterado de que el peronismo bonaerense está tomando conciencia de la necesidad de una nueva melodía que lo torne competitivo. Juega a su favor el apoyo de los jefes comunales que no ocultan su enojo por un proyecto del cristino-camporismo que los excluye de la posibilidad de reelección, que solo contempla a los legisladores provinciales.
Si no logra introducir cambios en los plazos del cronograma electoral para la elección legislativa del 7 de septiembre, el gobernador Axel Kicillof se verá forzado a elegir entre dos escenarios no deseados: asumir el riesgo de encabezar unos comicios, con serias dificultades operativas para que los partidos oficialicen en tiempo y forma candidatos y boletas, o aceptar una ley que vuelva a unificar los comicios con los nacionales, como pretendía Cristina Kirchner.
En el primer caso existe el riesgo de que las elecciones no se puedan realizar, lo que abre el escenario de una intervención federal obligada por las circunstancias más allá de cualquier decisión política.
En el gobierno nacional se sigue con atención este escenario, en función a que si ello ocurre la nominación del delegado federal queda a cargo del Poder Ejecutivo nacional.
El gobierno de Kicillof ya denunció una «extorsión» de parte de la fracción peronista que responde a Máximo Kirchner: la negativa a votar cambios en el calendario tiene como fin, afirmaron, que el gobernador pague el costo político por una elección fallida, o que acepte votar una ley para que las elecciones provinciales sean concurrentes con las nacionales, el 26 de octubre.
La presidenta de la Junta Electoral de Buenos Aires, Hilda Kogan, ya detalló ante diputados, senadores y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, las razones que demandan imperativamente un cambio en los plazos del calendario electoral, de cara al 7 de septiembre.
NORMA
La Ley 5109 vigente en provincia dispone de 30 días antes de la elección para la presentación de candidatos. Y 20 días antes de la elección para la oficialización de boletas. Es decir: 10 días entre ambos plazos. Más que exiguo, según ya resaltó la Junta Electoral.
El calendario actual marca que 20 días antes de la elección se deben oficializar las boletas para que puedan ser verificadas. Una vez aprobadas por la Junta Electoral, se mandan a imprimir. «No hay imprenta que pueda imprimir ese volumen de boletas en tan corto plazo», analizó una fuente judicial con amplia experiencia en el proceso.
«Es materialmente imposible: si no hay cambios de cronograma se puede dar un escenario sin candidatos o sin boletas», advirtió la fuente judicial, al tanto de todo el proceso de organización de una elección en provincia.
La presidenta de la Junta Electoral, Kogan, que también preside el Superior Tribunal de Justicia (STJ) bonaerense, dijo el martes último ante los legisladores que trabajará a destajo para lograr organizar la elección desdoblada «con una ley anacrónica», que tiene como antecedente práctico más cercano comicios provinciales en 2002.
Luego de ese encuentro, la vicegobernadora Verónica Magario convocó a los presidentes de bloques a una nueva reunión para intentar consensuar los cambios, para extender los plazos de revisión de candidatos y boletas para los comicios desdoblados en este territorio.
Depende del Poder Ejecutivo si lo logra con la oposición modificar la Ley 5109. En la misma línea, la jefa del bloque de Senadores de Unión por la Patria, Teresa García, cercana a Cristina Kirchner, señaló: «Tiene alguna razonabilidad que se hagan modificaciones, sobre todo en los plazos para la impresión de las boletas. No sé si es por ley o por decreto del gobernador».
Andrés Larroque apuntó contra dirigentes que siguen a Máximo Kirchner por «extorsionar al gobernador», al quitar del proyecto de suspensión de las PASO, los artículos que buscaban modificar los plazos del calendario electoral: «Hoy estamos en una situación en la que no se podría realizar la elección en términos de lo que demanda la Justicia Electoral bonaerense», aseguró.
En el Poder Ejecutivo provincial creen que el grupo aliado a Máximo Kirchner condiciona votar la adecuación de plazos electorales a la sumisión de Kicillof en términos políticos.
En palabras de un ministro de Kicillof: «No votar los plazos es una manera alternativa de ir contra el desdoblamiento: no pudieron ir de frente porque no tenían ni los votos ni el consenso y simularon un ‘gesto’ para volver a la carga con el hecho de no votar los plazos para que, por imposibilidad de realización de la elección, se tengan que volver a juntar las fechas de las elecciones provinciales y nacionales».
«Buscan el sometimiento de Kicillof. El gobernador está consolidado y no lo quieren aceptar. Por eso recurren a estas extorsiones», se quejaron en la Casa de Gobierno provincial.
Mientras, el mandatario avanza con su armado: el 24 lanzará oficialmente el Movimiento Derecho al Futuro, en un acto destinado a demostrar que sostiene su vocación de liderar una renovación del peronismo, aún bajo fuego.