El paro de trabajadores del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos del Chaco (Insssep) entró en su octava semana, afectando gravemente el funcionamiento del organismo que brinda cobertura médica y previsional a más de 275 mil chaqueños.
La medida de fuerza, que comenzó el 13 de marzo pasado, se transformó en uno de los conflictos gremiales más prolongados y profundos en la historia reciente del Chaco.
Las causas de la protesta tienen que ver con la falta de aumentos salariales, el rechazo a las jubilaciones de oficio impulsadas por el directorio y el recorte de bonificaciones.
A esto se suma un fuerte cruce entre la presidenta del organismo, Irene Dumrauf, y la secretaria general del gremio, Zulema Coria, e incluso una denuncia por calumnia e injurias al gobernador Leandro Zdero.
En medio de la crisis, el Foro de Prestadores del Insssep -que nuclea a médicos, bioquímicos y sanatorios- emitió un comunicado contundente donde advirtió que «semanas de paro impiden el cobro de los prestadores» y que esta situación «está afectando la atención de los afiliados».
El texto afirma que «la falta de pago es insostenible y pone en riesgo la continuidad de las prestaciones», por lo que exigieron el desbloqueo urgente de los pagos.
«Autoridades y trabajadores deben priorizar la atención y encontrar una solución ya», reclamaron.
La postura del directorio
Irene Dumrauf, presidenta del Insssep, consideró que el paro «tiene un tinte político» y lo calificó como «extorsivo, perverso y sin justificación legal ni presupuestaria».
«El 18 de marzo comenzó esta medida porque el gremio pretendía una pauta salarial diferente a la otorgada por el gobernador. Querían un 20% más en una bonificación específica y modificar la base de cálculo, lo que implica 3183millones de pesos mensuales fondos que -según detalló- deberían ser recortados de áreas sensibles como medicamentos oncológicos, prótesis y servicios médicos».
«La sábana es corta. Hay que atender a todos por igual», expresó. También denunció que el paro impide emitir órdenes de pago, lo que bloquea a su vez el circuito para que los prestadores cobren, agravando el colapso del sistema.
«El paro afectó la atención directa, el circuito de expedientes y la emisión de órdenes de pago. Y si no hay órdenes de pago, no hay cobros. Si no hay cobros, los prestadores están en su derecho de suspender el servicio. Esto pone en riesgo la salud de mucha gente», advirtió.
Además, explicó que los fondos del Insssep son «autofinanciados» y se destinan a prestaciones médicas: «No puedo usar ese dinero para pagar bonificaciones por el Día del Padre, de la Madre o del Jubilado. El Tribunal de Cuentas ya las había observado por carecer de sustento legal. Si las autorizó, cometería un ilícito».
«No hay otra definición posible: es una extorsión clara, lisa y llana, desde el momento que están pidiendo cuestiones que legalmente no puedo acceder y financieramente tampoco puedo hacer frente a esos recursos que ellos están requiriendo», aseveró.
Y agregó: «Los trabajadores piden que dejemos de pagar a los proveedores para satisfacer sus demandas. Primero están los afiliados».
Dumrauf también criticó con dureza el pedido de anular jubilaciones de oficio: «Se trata de personas que excedieron la edad y los años de servicio. Cumplo con la ley, no puedo hacer excepciones».
paro, política y nepotismo
Desde el gremio, la secretaria general Zulema Coria respondió con dureza: «Dumrauf miente. No heredó un Insssep endeudado; lo recibió con un superávit de más de $8 mil millones, según el balance 2023 que ella misma firmó». Y acusó a la presidenta de «manejar el instituto como una pyme familiar», al designar a hijos y nueras en cargos jerárquicos «con sueldos millonarios».
El conflicto escaló aún más cuando Coria presentó una denuncia penal contra el gobernador Leandro Zdero por injurias, conforme al artículo 110 del Código Penal.
La presentación fue realizada en la Unidad de Atención a la Víctima (Udavic) de Resistencia. Según el escrito, Zdero la tildó públicamente de «mujer perversa», «dañina», «eterna dirigente sindical», «sin corazón» y «mala persona», vinculándola además con actos políticos y responsabilidades institucionales ajenas a su función.
Según explicó Coria, la decisión de denunciar al jefe de estado chaqueño responden a a que estas declaraciones «no solo me hieren a mí como persona y como trabajadora, sino que también atacan a todas las mujeres que ejercemos un rol gremial, político o institucional desde la convicción y el compromiso con nuestros derechos».
En este sentido sostuvo: «He asumido este rol con responsabilidad, transparencia y vocación de servicio. No milito políticamente, milito por los derechos de los afiliados, de los trabajadores y de los jubilados, a quienes represento con firmeza y respeto. Sé que muchos de ustedes me conocen y conocen mi trayectoria.
Este ataque no me silenciará. Pero sí me obliga a marcar un límite y a dejar claro que no todo vale en política. Que no se puede destruir a una persona públicamente sin consecuencias.
Esta denuncia no es solo por mí, es por todas las personas que alguna vez fueron maltratadas, difamadas o perseguidas por levantar la voz. Porque la dignidad no se negocia, y el honor no se mancha sin responder».
Afiliados sin medicamentos
Mientras se profundiza el enfrentamiento entre gremio y autoridades, los afiliados son los más perjudicados. La falta de medicamentos oncológicos, prótesis y tratamientos esenciales encendió las alarmas entre los pacientes. «Estamos en un callejón sin salida porque no se emiten órdenes de pago», admitió Dumrauf.
Por otra parte, Coria aseguró que «no hay medicamentos, pero no por el paro, sino porque no se paga a los proveedores. No nos dan aumento, pero tampoco hay stock en la farmacia del Insssep».
La situación llevó a movilizaciones en la sede del organismo en Resistencia, donde cientos de personas denunciaron la falta de atención, colas interminables y demoras en trámites vitales.
génesis del conflicto
La medida de fuerza se inició con una jornada de paro el 13 de marzo, que luego se extendió de forma progresiva. El detonante fue la negativa del directorio a renovar 126 contratos firmados durante la gestión anterior, considerados irregulares por Dumrauf.
El gremio exigió además aumentos salariales tras 15 meses sin incrementos y la restitución de bonificaciones especiales.
«Nos recortaron el sueldo. Solo recibimos un 3,2% de aumento este año», denunció Coria. El sindicato también cuestionó que la dirección del Insssep no convoca al diálogo ni acepta formar una comisión conjunta para buscar salidas.
Por su parte, Dumrauf sostuvo que «se ofreció formar una mesa de trabajo para discutir los números, pero fue rechazada por el gremio. Sin una propuesta seria no se puede avanzar».
El trasfondo político
La presidenta del organismo afirmó que el conflicto tiene «tintes políticos» ligados a las elecciones legislativas y gremiales. «No se entiende de otra manera. Hay sectores que quieren desestabilizar la gestión. Pero la obra social no es del gremio, es de los afiliados», subrayó.
Desde el sindicato, sin embargo, acusan al gobierno de «hambrear» a los trabajadores mientras se destinan fondos a otros fines. «Estamos en paz, pero necesitamos que nos escuchen. Damos la cara con los afiliados todos los días», afirmó Coria.
Guardias mínimas e intervención judicial
La prestación de servicios esenciales quedó limitada. El gremio garantizó la atención de urgencias y la entrega de medicamentos críticos, pero desde el directorio denunciaron que «no se cumplen las guardias mínimas» y adelantaron que se inició una acción judicial para garantizar el funcionamiento.
«La situación es crítica. Hablamos de la salud de 275 mil personas. No se puede tomar a los afiliados como rehenes», advirtió Dumrauf.
El conflicto sigue sin solución a la vista. El paro continúa, el diálogo está roto y los afiliados se encuentran atrapados entre denuncias, acusaciones cruzadas y una obra social que, según ambas partes, se encuentra al borde del colapso.
Jubilados, pacientes oncológicos y personas con enfermedades crónicas denuncian demoras, colas interminables, falta de insumos y medicamentos, y una profunda desorganización institucional. «No es el reclamo lo que molesta, sino la inacción de los funcionarios», expresó una afiliada durante una manifestación.
Además reconoció que «la farmacia está desabastecida» y que el fondo de alta complejidad está en crisis desde 2015. «A pesar de los esfuerzos, los recursos no alcanzan para cubrir todas las necesidades», señaló.
Para finalizar insistió en que «cuando presenten una propuesta seria y legal, la analizaremos», mientras que el gremio redobló la presión: «Vamos a seguir hasta que nos escuchen».