La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) expresó formalmente su rechazo al decreto 467/2026, mediante el cual el gobierno nacional modificó el procedimiento para la selección de candidatos destinados a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General y la Defensoría General.
El pronunciamiento fue adoptado durante la última reunión de la entidad realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), en la que también se abordaron otros temas vinculados con el funcionamiento del sistema judicial.
La declaración institucional fue difundida tras el encuentro de las máximas autoridades judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, espacio en el que Jufejus fijó su posición respecto de la modificación introducida por el Poder Ejecutivo nacional al régimen de selección de los principales cargos del Ministerio Público y del máximo tribunal del país.
La reunión permitió avanzar sobre diversos asuntos institucionales propios de la organización, aunque el pronunciamiento referido al decreto 467/2026 ocupó un lugar central por las implicancias que, según sostuvo la entidad, tiene la modificación del procedimiento de selección para los principales cargos del Poder Judicial y del Ministerio Público.
La declaración fue suscripta por la presidenta de Jufejus Emilia Valle; el vicepresidente Sergio Vittar; y la secretaria Adriana García Nieto, quienes respaldaron institucionalmente el documento aprobado durante la reunión.
RECHAZO AL DECRETO 467/2026
En su declaración, Jufejus manifestó expresamente su rechazo al decreto 467/2026, norma que modificó el mecanismo vigente para la selección de postulantes destinados a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General.
La entidad sostuvo que la reforma constituye un «grave retroceso institucional» y afirmó que resulta incompatible con una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social existente en la Argentina.
El documento remarca que la integración de los órganos superiores del sistema judicial debe desarrollarse conforme a criterios institucionales que garanticen la legitimidad del procedimiento y aseguren una adecuada representación dentro del sistema federal argentino.
Jufejus señaló que las modificaciones introducidas por el decreto alteran aspectos que la organización considera relevantes para preservar la transparencia, la participación y el equilibrio en el proceso de selección de quienes aspiran a ocupar los cargos de mayor jerarquía dentro de la estructura judicial nacional.
El pronunciamiento institucional se incorpora al debate abierto tras la publicación del decreto y refleja la posición adoptada por los máximos tribunales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reunidos en el ámbito de la Junta Federal.
Los principios constitucionales invocados
Entre los principales fundamentos del rechazo, Jufejus sostuvo que la integración de la Corte Suprema debe respetar de manera conjunta distintos principios constitucionales que orientan la conformación del máximo tribunal.
En ese sentido, la entidad afirmó que el procedimiento debe contemplar simultáneamente la idoneidad de los candidatos, la paridad de género, la representación federal y la especialidad jurídica, entendiendo que esos criterios forman parte de un esquema integral para la designación de magistrados.
La declaración plantea que dichos principios no deben analizarse de manera aislada, sino como elementos complementarios que contribuyen a la conformación de un tribunal representativo de las distintas realidades institucionales, sociales y territoriales del país.
Asimismo, Jufejus reiteró que la representación federal constituye un componente relevante dentro del sistema constitucional argentino y que su consideración forma parte de los criterios que, a su entender, deben mantenerse durante los procesos de selección.
El documento también vincula esos principios con la necesidad de preservar una Justicia plural e inclusiva, objetivo que la entidad considera incompatible con las modificaciones introducidas mediante el decreto 467/2026.
Pronunciamiento y debate
Jufejus indicó que su declaración se incorpora a una serie de pronunciamientos realizados por diferentes instituciones vinculadas al ámbito jurídico respecto del contenido del decreto 467/2026.
En ese marco, la entidad señaló que su posición coincide con críticas formuladas previamente por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf), la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), además de diversas organizaciones de la sociedad civil y especialistas en transparencia judicial.
De esta manera, el documento sitúa el rechazo institucional dentro de un conjunto de manifestaciones públicas que expresaron objeciones al nuevo procedimiento establecido para la selección de candidatos a integrar la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General.
Objeciones a la
eliminación de controles
Otro de los aspectos centrales cuestionados por Jufejus refiere a la derogación de los artículos 3° y 6° del decreto 222/2003, modificación que, según sostuvo la organización, afecta los mecanismos de control ciudadano previstos durante el proceso de selección de postulantes.
La entidad afirmó que esa derogación restringe los espacios destinados a la publicidad de los procedimientos, limita las instancias de transparencia y reduce las posibilidades de participación ciudadana durante la evaluación de los candidatos.
Del mismo modo, el documento señala que también se ven afectadas las instancias destinadas a la presentación de observaciones sobre los postulantes, mecanismo previsto para que distintos sectores puedan expresar opiniones dentro del procedimiento.
Según el pronunciamiento institucional, esos mecanismos constituían herramientas destinadas a fortalecer la apertura del proceso de selección y favorecer el conocimiento público de los antecedentes de quienes aspiran a integrar los máximos órganos judiciales y del Ministerio Público.
La declaración concentra parte de sus objeciones en la eliminación de esas instancias de publicidad y participación, al considerar que representan componentes relevantes dentro de un procedimiento transparente para la designación de autoridades judiciales.