La Federación de Entidades Profesionales Universitarias del Chaco (FEPUCH) expresó el lunes 13 de abril su “más firme y unánime apoyo” a la promulgación íntegra de la Ley 4228-C de honorarios profesionales de la abogacía y procuración, y rechazó el pedido de veto parcial impulsado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.
La entidad elevó una nota formal al gobernador Leandro Zdero en la que defendió la norma sancionada por la Legislatura provincial y cuestionó la legitimidad de la intervención del sector judicial en el debate.
El documento fue firmado por el presidente de la federación, Ricardo José Urturi, y sostuvo que la ley constituye una “conquista colectiva” de los abogados chaqueños, resultado de un proceso de discusión y elaboración que se extendió durante años y que contó con la participación de colegios y asociaciones de toda la provincia. En ese sentido, la organización remarcó que la aprobación legislativa fue fruto de un amplio consenso político e institucional.
Desde la FEPUCH señalaron que la normativa regula exclusivamente los honorarios profesionales de abogados y procuradores, y no afecta intereses directos de los magistrados. En esa línea, cuestionaron que la Asociación de Magistrados haya solicitado el veto parcial, al considerar que no posee “legitimación material ni competencia institucional” para intervenir en una discusión que , según plantearon, es ajena a su ámbito.
En el escrito, la federación sostuvo que la ley no modifica condiciones laborales de jueces ni introduce cambios en el régimen disciplinario del Poder Judicial. También afirmó que no se vulnera la independencia judicial, uno de los argumentos esgrimidos por quienes promovieron el veto. Por el contrario, indicaron que la norma se limita a establecer pautas sobre la retribución profesional de los abogados dentro del marco legal vigente.“La ley no instituye causales nuevas de destitución ni limita las facultades constitucionales de los jueces”, señalaron desde la entidad, al tiempo que agregaron que el control de constitucionalidad sigue siendo una atribución propia del Poder Judicial, garantizada por la Constitución Nacional.
En ese contexto, la federación también citó antecedentes judiciales para respaldar su postura. Mencionó decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que —según interpretaron— se alinean con el criterio de garantizar condiciones justas para el ejercicio profesional y la retribución del trabajo.
Uno de los puntos centrales del planteo fue la defensa del derecho a una remuneración digna. La FEPUCH sostuvo que el debate trasciende a la abogacía y alcanza al conjunto de los profesionales universitarios. En ese sentido, advirtió que lo que está en juego es el reconocimiento económico y social del trabajo profesional, protegido por normas constitucionales y tratados internacionales.“El derecho a una retribución justa no es una cuestión sectorial, sino un principio básico que reconoce la formación, la responsabilidad y el servicio que prestan los profesionales a la sociedad”, indicaron en el documento.
La federación recordó además que está integrada por más de 25 colegios y consejos profesionales de distintas disciplinas, entre ellos abogados, médicos, ingenieros, contadores, arquitectos y otros sectores. Desde esa representatividad, consideraron que el posicionamiento tiene un carácter institucional amplio y no responde únicamente a intereses particulares de la abogacía.
Más cuestionamientos
En otro tramo del texto, la entidad cuestionó el modo en que se formuló el pedido de veto parcial. Señaló que no se habría consultado a los actores directamente involucrados en la ley y que no existió acompañamiento de magistrados de otras circunscripciones judiciales de la provincia. Según indicaron, esto debilita la legitimidad del planteo.“La impugnación resulta institucionalmente impertinente”, afirmaron, y advirtieron que la intervención de sectores ajenos al objeto de la norma podría sentar un precedente negativo en términos de autonomía profesional.
El documento también puso énfasis en el proceso que derivó en la sanción de la ley. La federación destacó que durante más de dos años las entidades de la abogacía trabajaron en la redacción del proyecto, con instancias de debate y consenso en las distintas circunscripciones judiciales del Chaco. Ese recorrido, señalaron, le otorga legitimidad social y profesional a la norma. En ese marco, consideraron que la promulgación íntegra es la “consecuencia natural” de ese proceso y advirtieron que cualquier modificación mediante veto parcial podría desvirtuar el espíritu original de la ley.
El planteo se da en un contexto de creciente tensión entre sectores del ámbito judicial y profesional en torno a la regulación de honorarios. Mientras desde la abogacía se impulsa la actualización de los aranceles como mecanismo para garantizar ingresos acordes a la labor, desde algunos sectores judiciales se han expresado reparos sobre el impacto de la normativa.
Sin embargo, desde la FEPUCH insistieron en que la ley no interfiere en el funcionamiento del Poder Judicial ni en sus atribuciones. “Se trata de una regulación específica sobre honorarios profesionales, sin incidencia en la estructura ni en la independencia del sistema judicial”, remarcaron.
En la parte final de la nota dirigida al Ejecutivo provincial, la federación solicitó de manera expresa que el gobernador avance con la promulgación total de la ley, sin modificaciones. Consideraron que esa decisión contribuiría a fortalecer la seguridad jurídica y a reconocer el trabajo profesional en condiciones justas.
El Colegio cuestionó a los magistrados
y pidió la promulgación total de la ley
Por su partem,el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción, José Galassi, se mostró crítico con la intervención de la Asociación de Magistrados en el debate por la ley de honorarios y reclamó al Ejecutivo provincial que avance con la promulgación íntegra de la norma.“Nos sorprendió la presentación de la Asociación de Magistrados porque sinceramente no correspondía tal actitud”, sostuvo, y remarcó que el proyecto “fue trabajado durante dos años por las seis circunscripciones judiciales, en conjunto con todos los colegios profesionales”.
En ese sentido, Galassi defendió el proceso de elaboración de la ley y destacó que se trató de “un trabajo arduo y colectivo” que buscó actualizar una normativa “postergada durante muchísimo tiempo”.
El titular del Colegio también cuestionó el rol de los jueces en la discusión. “Los jueces hablan por sus sentencias, no por notas al Poder Ejecutivo”, afirmó, y consideró que la intervención de la entidad de magistrados “no respeta la institucionalidad ni la independencia de poderes”.
Además, advirtió que la nueva ley introduce mecanismos para evitar arbitrariedades en la regulación de honorarios. “Se crea un observatorio justamente para que no haya decisiones discrecionales. Nosotros queremos transparencia, igualdad y respeto”, explicó.
Galassi señaló que, en la práctica, muchos abogados deben apelar regulaciones de honorarios, lo que genera demoras y sobrecarga en el sistema judicial. “Se ocupa tiempo y recursos del Poder Judicial en cuestiones que deberían estar claramente establecidas por ley”, indicó.
En un tono más crítico, consideró que la postura de los magistrados podría tener consecuencias en el funcionamiento de la justicia. “Esto puede derivar en recusaciones y mayor demora judicial, porque ya se adelantaron criterios”, sostuvo.
Por último, insistió en el pedido al gobernador. “Le solicitamos con respeto y firmeza que promulgue la ley en su totalidad, tal como fue aprobada por la Cámara de Diputados”, expresó, y advirtió que, en caso de un veto parcial, el sector evaluará medidas legales. “Si se avanza en ese sentido, vamos a recurrir, porque entendemos que hay una falta de respeto institucional”, concluyó.