La difusión de un procedimiento policial realizado en Resistencia y viralizado en redes sociales abrió un debate sobre los límites de la actuación de las fuerzas de seguridad, las facultades de detención y el respeto de las garantías constitucionales.
En ese contexto, la defensora general adjunta del Poder Judicial del Chaco, Gisela Gauna Wirz, confirmó que solicitó un informe formal al jefe de Policía de la provincia para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la demora de un hombre que realizaba tareas de cuidacoches.
La funcionaria explicó que la intervención surgió luego de observar el video difundido desde una cuenta institucional y recibir consultas de ciudadanos sobre la legalidad del procedimiento. «Cuando vi el video por primera vez, incluso, pensé que podía tratarse de una pieza comunicacional o hasta de una simulación, porque no es habitual que un procedimiento con una posible restricción de libertad se difunda de ese modo en una cuenta institucional», sostuvo.
Gauna Wirz remarcó que el pedido de informes no implica prejuzgar la conducta policial ni constituye una defensa corporativa de los cuidacoches, sino que busca determinar si el procedimiento se ajustó a derecho. «Entendimos que correspondía pedir un informe formal a la Policía, no para prejuzgar, sino para saber específicamente cuál fue la base del procedimiento y en qué legislación o en qué ley se basó», indicó.
Según relató en contacto con Radio Natagalá, distintas personas aseguraron conocer al hombre que aparece en el video y afirmaron haber presenciado el operativo, por lo que consideró necesario esclarecer si efectivamente existió una detención y bajo qué fundamentos jurídicos se realizó.
sobre el procedimiento
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la defensora estuvo vinculado a la ausencia de precisiones sobre la supuesta infracción cometida. «Por lo que se ve en el video no se observa cuál es la contravención. El subjefe de Policía le dice a esta persona que está realizando una actividad que no está respaldada y que no se puede realizar, pero no le explica realmente cuál es el delito o la contravención», afirmó.
En ese sentido, recordó que las figuras de aprehensión, demora o conducción están reguladas por el Código Procesal Penal y sólo pueden aplicarse en circunstancias excepcionales. Para ejemplificarlo, planteó distintos escenarios de faltas menores que no ameritarían una privación de libertad.
«Si cualquier actividad no permitida automáticamente implicara una detención, iríamos presos los que nos equivocamos y estacionamos en un garaje, los que venden pollos en la vereda, los que venden plantas o hacen una feria de garaje», expresó y agregó: «El punto es saber si el procedimiento fue realizado conforme a los parámetros legales. No se trata de obstaculizar la tarea policial, sino de que se lleve adelante dentro de los marcos legales».
Otro de los aspectos observados por la funcionaria fue la requisa personal practicada sobre el hombre demorado y el secuestro de elementos que llevaba consigo. Gauna Wirz explicó que también existen protocolos específicos para este tipo de actuaciones y que las requisas deben contar con fundamentos concretos.
«La requisa personal está regulada en el Código Procesal Penal y existe un protocolo que indudablemente la fuerza debe conocer. Debe realizarse mediante una orden fundada cuando haya motivos suficientes para presumir que la persona oculta cosas relacionadas con un delito», explicó.
Asimismo, cuestionó la posibilidad de que se realicen controles arbitrarios en la vía pública. «No es que usted puede ir caminando y aparecer un funcionario y requisarlo sin motivo. Tiene que haber una justa causa y tampoco pueden ser humillantes las requisas», señaló.
La defensora indicó además que algunas personas que se comunicaron con ella aseguraron haber identificado al hombre requisado en el video, situación que incrementó sus dudas sobre la forma en que se desarrolló el operativo.
«Todos apoyamos a nuestra Policía, pero siempre que actúe dentro del marco de la ley. Una cosa es el orden y otra cosa es actuar fuera de la ley», sostuvo.
Consultada sobre los plazos que tiene la fuerza para responder el pedido de informes, Gauna Wirz señaló que el régimen de acceso a la información pública prevé entre 10 y 15 días para contestar, aunque aclaró que aguardará la versión oficial antes de impulsar cualquier otra medida.
«Yo tengo la obligación de denunciar si advierto alguna conducta ilegal, pero justamente no quise hacer eso todavía porque quiero evaluar cuál es la respuesta de la Policía. Quizás el video estuvo editado o se trataba de una pieza comunicacional», explicó.
No obstante, advirtió que si se detectara alguna irregularidad, corresponderá intervenir a la Justicia penal. «Si eventualmente hay algo que no corresponde, a mí no me compete decidir sino que para eso están los fiscales de turno», manifestó.
La funcionaria aclaró además que, en caso de existir una vulneración de derechos, la Defensoría podría asumir la representación de la persona afectada. «Eventualmente, si aparece esta persona, podríamos representarla si es que se hubiera cometido alguna situación irregular», señaló.
ley pareja
para todos
Durante la entrevista radial, Gauna Wirz insistió en que el debate no debe centrarse en la figura de los cuidacoches, sino en la necesidad de preservar las garantías constitucionales frente al poder estatal.
«No se está defendiendo a los trapitos o a los cuidacoches. Se está defendiendo la legalidad en un Estado de derecho», afirmó. «Las garantías no existen solamente para quienes nos caen simpáticos. Existen para todos y para evitar abusos. Hoy puede ser un trapito y mañana puede ser cualquier vecino», añadió.
La defensora también cuestionó ciertas prácticas naturalizadas en torno a las detenciones por «actitud sospechosa» y recordó experiencias de su etapa como abogada litigante antes de ingresar al Poder Judicial.
«Antes de entrar al Poder Judicial ejercí durante 17 años como abogada particular y hasta defendí policías. Recuerdo un caso en el que le pregunté a un agente por qué había detenido a una persona y me respondió que tenía ‘actitud sospechosa’ porque estuvo 15 minutos mirando una vidriera», relató.
A partir de ese ejemplo, planteó que las percepciones subjetivas no alcanzan para justificar una privación de libertad. «Yo también me quedo mirando vidrieras durante mucho tiempo y nunca vino un policía a detenerme por eso», ironizó.
Gauna Wirz también vinculó la discusión con situaciones cotidianas relacionadas con la convivencia urbana y las distintas herramientas de intervención estatal. «Hay distintos grados de intervención del Estado. La detención o la aprehensión es el último recurso», explicó.
En esa línea, sostuvo que frente a conductas menores corresponde actuar mediante advertencias, actas contravencionales o multas antes que recurrir a medidas privativas de la libertad. «La persona tiene que ser inmediatamente puesta a disposición de un juez y tiene que existir una causa concreta que le sea informada en el momento», enfatizó.
Batman debe cumplir con la ley
Uno de los pasajes más llamativos de la entrevista fue la comparación que realizó con el personaje ficticio Batman para ejemplificar la necesidad de que incluso quienes persiguen delitos respeten las normas vigentes.
«A todos nos fascina Batman, pero si Batman viniera a Resistencia también tendría que cumplir la Constitución del Chaco, el Código Contravencional y la Constitución Nacional», dijo entre risas.
Y profundizó: «Por más heroico que parezca alguien, nadie puede hacer justicia por mano propia. Vivimos en un Estado de derecho».
La defensora remarcó además que exigir procedimientos legales no debilita a las fuerzas de seguridad, sino todo lo contrario. «Una Policía que hace bien las cosas es una Policía más fuerte y que protege mejor», afirmó.
En otro tramo de la entrevista, reconoció que actualmente existe un vacío institucional en materia de defensa pública para causas contravencionales. «Lamentablemente el defensor de faltas no existe», indicó.
Según explicó, desde la Defensoría General se implementaron mecanismos internos para intervenir en casos considerados graves, aunque admitió que no existen estadísticas precisas sobre cuántas actuaciones se originan de oficio y cuántas por denuncias previas.
«Una cuestión diferente sería que existiera una denuncia concreta por una actuación irregular o por una contravención específica. Acá el problema es que en el video no se observa qué motivó la detención», reiteró.