El Senado de la Nación comenzó el tratamiento de una de las reformas jurídicas más ambiciosas impulsadas por el Poder Ejecutivo, el proyecto de nueva Ley General de Sociedades, una iniciativa que propone reemplazar íntegramente la Ley 19.550, vigente desde 1972, y modernizar el régimen bajo el cual se constituyen y funcionan las empresas en la Argentina.
En ese marco, el senador chaqueño Víctor Zimmermann, mantiene un papel activo en el análisis de la iniciativa, en su carácter de prosecretario del bloque de la UCR a través de consultas a diferentes referentes y especialistas.
Por esto llevó adelante una nueva reunión de trabajo con sus equipos técnicos para avanzar en el análisis del articulado enviado por el Poder Ejecutivo, considerado uno de los proyectos centrales de la agenda legislativa del año.
El encuentro profundizó el trabajo técnico y reunió a asesores de los diez senadores radicales, quienes continuaron evaluando los alcances de una reforma que pretende actualizar un régimen legal con más de cincuenta años de vigencia.
Durante la reunión participaron además Santiago Gallichio, presidente del Instituto de Directores de la Argentina (Igep), y Ramiro Salvochea, especialista en derecho societario e integrante del cuerpo docente de esa institución, quienes expusieron aspectos técnicos vinculados con el funcionamiento de las sociedades comerciales y los principales cambios que introduce el proyecto oficial.
Zimmermann destacó la importancia de enriquecer el debate parlamentario con aportes provenientes del ámbito académico y profesional. «La reunión fue altamente positiva porque pudimos trabajar junto a los asesores de los diez senadores del bloque y escuchar la opinión calificada de especialistas sobre un proyecto de enorme trascendencia.
Este es el camino que elegimos para enriquecer el tratamiento de las leyes», afirmó.
El legislador chaqueño sostuvo además que la iniciativa excede ampliamente una modificación puntual del régimen vigente. «Nuestro trabajo consiste en analizar cada uno de los proyectos que llegan al Senado, ya sea provenientes de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo o de iniciativas de nuestros propios senadores, con el objetivo de realizar aportes que fortalezcan las leyes y contemplen las necesidades de las provincias y del país», señaló.
Asimismo, adelantó que el bloque continuará convocando a especialistas de distintas disciplinas para profundizar el estudio del proyecto antes de su discusión en el recinto.
La UNNE aportará
mirada académica
Como parte de esa estrategia de consulta permanente, Zimmermann también mantuvo una reunión con la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Mónica Anis, con el propósito de incorporar el conocimiento académico al proceso legislativo.
Durante el encuentro, el senador solicitó formalmente la colaboración de la casa de altos estudios para conformar un equipo interdisciplinario que analice el proyecto desde el punto de vista jurídico y técnico. «Fui a pedirle colaboración, el apoyo técnico y la solvencia académica que sé que tiene esa casa de altos estudios, tanto por sus docentes como por los profesionales que se desempeñan en ese ámbito.
La decana comprometió el acompañamiento para conformar un equipo que analice los distintos aspectos del proyecto», expresó Zimmermann.
La respuesta de la universidad fue positiva. Anis confirmó que la facultad conformará una comisión integrada por docentes e investigadores especializados para estudiar el contenido de la iniciativa.
«Una vez más, la universidad pública pone su conocimiento al servicio de la comunidad jurídica y de la ciudadanía», sostuvo la decana.
De esta manera, el análisis parlamentario incorporará la visión de especialistas del Nordeste, fortaleciendo el vínculo entre el Congreso y el ámbito universitario para debatir una reforma que tendrá impacto sobre miles de empresas y emprendimientos en todo el país.
Una ley con más
de medio siglo
El proyecto que actualmente analiza el Senado propone sustituir completamente la Ley General de Sociedades 19.550, sancionada en 1972, que desde hace más de cinco décadas constituye el marco jurídico que regula la creación, organización, administración y funcionamiento de las sociedades comerciales en la Argentina.
La legislación vigente define qué es una sociedad, establece los distintos tipos societarios y fija los derechos y obligaciones de socios, administradores y órganos de control.
Entre las figuras más utilizadas se encuentran las Sociedades Anónimas (SA), las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y las Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU), cada una con reglas específicas respecto de la integración del capital, la responsabilidad de los socios y la forma de administración.
A lo largo de los años la norma recibió modificaciones parciales, pero su estructura general permaneció prácticamente inalterada desde la década de 1970. Para el gobierno nacional, esa legislación fue diseñada para una economía muy diferente a la actual, anterior a Internet, al comercio electrónico, a la economía del conocimiento, la Inteligencia Artificial (IA) y las plataformas digitales, razón por la cual considera necesaria una actualización integral del régimen societario.
Los principales cambios
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo no modifica algunos artículos de la ley vigente sino que plantea su reemplazo completo por un nuevo régimen.
Uno de los ejes centrales consiste en ampliar la autonomía de la voluntad de los socios para organizar internamente las empresas, otorgando mayor libertad para definir reglas de funcionamiento mediante los estatutos sociales.
La iniciativa también propone una digitalización casi total de los procedimientos societarios. Entre otras medidas, habilita la constitución de sociedades mediante firma digital, crea un Registro Nacional de Sociedades, establece un legajo digital público para cada empresa y permite llevar libros societarios y contables íntegramente en formato electrónico.
Otro de los objetivos es simplificar la constitución y el funcionamiento de las empresas mediante la reducción de trámites administrativos y la unificación de distintos regímenes legales que actualmente funcionan por separado.
El proyecto incorpora además nuevas herramientas para facilitar inversiones privadas y capital de riesgo, moderniza los mecanismos de reorganización empresaria y actualiza las reglas de funcionamiento de las sociedades de responsabilidad limitada y de las sociedades anónimas cerradas.
Entre las novedades más comentadas aparece también el reconocimiento legal de nuevas formas de organización vinculadas a las tecnologías emergentes, como las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), basadas en tecnología blockchain, junto con otras figuras pensadas para la economía digital.
Un debate que
recién comienza
La iniciativa comenzó su tratamiento en la Comisión de Legislación General del Senado mediante reuniones informativas con funcionarios nacionales y especialistas, quienes expusieron los fundamentos técnicos y jurídicos de la propuesta.
El oficialismo sostiene que la reforma permitirá contar con un régimen «más simple, flexible, moderno y compatible con la libertad de organización», mientras que distintos sectores anticiparon que el debate parlamentario también pondrá el foco sobre el alcance de la desregulación propuesta y el rol que conservarán los organismos de control.
En ese escenario, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) resolvió avanzar con un estudio detallado del proyecto antes de fijar una posición definitiva.
Para Zimmermann, la construcción de consensos exige incorporar la opinión de especialistas, universidades y profesionales del derecho, de manera que el texto final reúna el mayor respaldo técnico posible.
La convocatoria al Instituto de Directores de la Argentina y a la Facultad de Derecho de la Unne forma parte precisamente de esa estrategia, orientada a que el debate parlamentario no se limite a la discusión política, sino que también incorpore fundamentos académicos y jurídicos sobre una norma que definirá las reglas de funcionamiento de las sociedades comerciales durante las próximas décadas.