El Comité contra la Tortura del Chaco remarcó su oposición al proyecto advirtiendo que existe superpoblación carcelaria y que algunas personas permanecen en comisarías por falta de plazas penitenciarias. Enfatizó sobre la comisaría Séptima de Resistencia, con una capacidad aproximada de 20 personas y una población que puede alcanzar alrededor de 80 detenidos, e indicó que personas sometidas a prisión preventiva pueden permanecer privadas de su libertad hasta dos años y mujeres detenidas cerca de diez días en comisarías mientras se define su situación procesal.
El Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Chaco manifestó su oposición al proyecto de reforma de la ley de reiterancia y planteó que cualquier modificación que pueda ampliar las posibilidades de detención debe ser analizada junto con la situación de los establecimientos destinados al alojamiento de personas privadas de su libertad.
El organismo sostuvo que la discusión sobre seguridad debe contemplar también las políticas de prevención, las condiciones de encierro y la disponibilidad de infraestructura suficiente para garantizar una custodia adecuada.
El presidente del Comité, Darío Gómez, explicó que el organismo remitió a la Cámara de Diputados una opinión formal sobre la iniciativa, a pedido de los propios legisladores.
Según precisó, el documento fue enviado durante la primera semana de julio y contiene la oposición del Comité, acompañada por fundamentos técnicos vinculados con las condiciones existentes en los espacios de privación de libertad.
La posición expresada se inscribe en las atribuciones legales del organismo y, de acuerdo con lo señalado por Gómez, no responde a criterios partidarios.
Gómez sostuvo que el debate sobre la reiterancia no debería limitarse a la posibilidad de disponer nuevas detenciones, sino que también debe incorporar las condiciones económicas y sociales que atraviesan los sectores vulnerabilizados y la situación concreta de los lugares donde permanecen las personas detenidas.
En ese marco, señaló que resulta necesario considerar tanto las comisarías como las unidades penitenciarias y las condiciones en las que se desarrolla el alojamiento. «Tenemos que hablar sobre las condiciones en los lugares en donde habitan las personas que son detenidas, los lugares de encierro, tanto comisarías como unidades penitenciarias», expresó.
Gómez remarcó que el Comité mantiene una posición sustentada en su mandato legal y técnico, relacionado con el control de las condiciones existentes en los espacios de privación de libertad.
En ese sentido, sostuvo que la tarea del organismo alcanza a todos los establecimientos y procura verificar las condiciones de seguridad y alojamiento de las personas detenidas.
La vicepresidenta del Comité, Romina Duarte, advirtió sobre la existencia de superpoblación carcelaria y señaló que una cantidad significativa de personas privadas de su libertad permanece alojada en dependencias policiales debido a la insuficiencia de plazas disponibles en el sistema penitenciario.
Irregularidades
Durante las recorridas realizadas en espacios de detención dependientes de la Policía de la provincia, el Comité también detectó situaciones relacionadas con el alojamiento de mujeres en dependencias destinadas principalmente a población masculina.
Gómez explicó que, en distintas oportunidades, mujeres detenidas fueron trasladadas a comisarías y alojadas en oficinas u otros espacios improvisados ante la ausencia de lugares específicos.
Aunque aclaró que en los casos observados no necesariamente compartían celdas con hombres, sostuvo que esa modalidad no corresponde. «Es absolutamente irregular», afirmó Gómez al describir este tipo de situaciones.
Infraestructura y alojamiento
Duarte mencionó como ejemplo la comisaría Séptima de Resistencia, cuya capacidad de alojamiento, según indicó, sería de aproximadamente 20 personas, mientras que en determinados momentos podría llegar a albergar alrededor de 80 detenidos.
El Comité vinculó esta situación con la necesidad de resolver previamente las condiciones materiales de alojamiento ante cualquier eventual incremento de personas privadas de su libertad.
«Si vamos a discutir reiterancia delictiva, primero tenemos que discutir la infraestructura para alojar a las personas que van a ser privadas de su libertad», sostuvo Duarte.
La situación de las personas detenidas en comisarías también tiene consecuencias sobre la distribución de las tareas policiales.
Duarte explicó que efectivos destinados a funciones de seguridad deben asumir tareas de custodia y traslado de personas privadas de su libertad, entre ellas los desplazamientos hacia fiscalías, audiencias, cámaras criminales y centros de salud.
De acuerdo con su descripción, esa asignación de personal y móviles reduce los recursos disponibles para otras actividades vinculadas con la presencia policial en los barrios.
El Comité planteó que la discusión sobre seguridad debe incorporar la dimensión preventiva y no concentrarse exclusivamente en las herramientas vinculadas con la detención.
En ese marco, Duarte señaló la necesidad de observar los recursos destinados a la prevención del delito, entre ellos las cámaras de videovigilancia, los patrulleros disponibles en cada dependencia y la cantidad de efectivos que efectivamente pueden ser destinados a tareas de patrullaje.
«Eso es la exigencia que deberían darle los vecinos al Ministerio de Seguridad: consultar esas políticas de prevención para evitar que justamente se sigan cometiendo hechos delictivos», afirmó Duarte.
Prisión preventiva y reiterancia
Duarte señaló que, desde la perspectiva del organismo, la aplicación de esta herramienta debe analizarse en relación con las garantías constitucionales y recordó que las personas que no cuentan con una condena firme mantienen jurídicamente su condición de inocentes.
Duarte sostuvo que la prisión preventiva, concebida como una medida excepcional dentro del marco de las garantías constitucionales y de los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se utiliza de manera extendida.
Según indicó, el Chaco se encuentra entre las provincias con mayor cantidad de personas privadas de su libertad que están procesadas y no condenadas.
La representante del Comité también cuestionó la utilización del concepto de «puerta giratoria» para describir el funcionamiento del sistema penal.
Según explicó, existen personas que permanecen períodos prolongados privadas de su libertad antes de recibir una condena, por lo que consideró que la caracterización de un sistema en el que quienes cometen delitos ingresan y salen rápidamente de los lugares de detención no refleja todas las situaciones existentes.
Duarte remarcó que algunas personas pueden permanecer hasta dos años privadas de su libertad en el marco de la prisión preventiva, período señalado como el máximo previsto para esa medida.
También explicó que posteriormente pueden producirse condenas mediante procedimientos como el juicio abreviado y mencionó que la reiterancia delictiva puede ser considerada dentro de las decisiones vinculadas con la prisión preventiva y la posterior resolución de los procesos.