La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP), Nancy Sand, entrevistada por LA VOZ DEL CHACO, cuestionó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Remarcó que el mismo reduce las funciones de la entidad, limita sus herramientas de asistencia al Tesoro y elimina de su mandato objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
La legisladora objetó el régimen de designación y remoción de autoridades, y opinó que el Estado debería conservar la posibilidad de financiar al Tesoro, remarcando que este instrumento responde ante crisis extraordinarias
Asimismo, cuestionó una concepción de autonomía del Banco Central que, según afirmó, podría desvincularlo de las necesidades de la economía real y afectar el crédito productivo, las pymes y las economías regionales.
-¿Cuál es la principal objeción del bloque a la reforma?
-Nuestra principal objeción es que el proyecto desmantela el rol del Banco Central como motor del desarrollo y debilita los controles institucionales.
El oficialismo busca eliminar del mandato legal de la institución variables reales fundamentales como la estabilidad financiera, la promoción del empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Además, la reforma esconde una profunda asimetría democrática, ya que pretende mantener el mecanismo de designación de autoridades por mayoría simple del Senado, pero exige una mayoría agravada de dos tercios de ambas cámaras para su remoción. Esto demuestra que, bajo el falso argumento de otorgarle independencia al organismo, lo que verdaderamente persigue el Gobierno es blindar a los actuales funcionarios frente a las futuras gestiones políticas.
BACHE FINANCIERO INVIABLE
-El Gobierno sostiene que impedir que el Banco Central financie al Tesoro es una condición fundamental para terminar con la emisión y combatir la inflación. ¿Por qué desde la oposición cuestionan esta decisión?
-Cuestionamos esta decisión porque parte de un diagnóstico simplificado e insostenible en el tiempo. La propia realidad desmiente al relato oficial, ya que, a prácticamente tres años de gestión, la inflación interanual se ubica en un 33%, consolidando a la Argentina como la cuarta economía más inflacionaria del mundo según el propio FMI.
La supuesta reducción inflacionaria actual no es genuina; se asienta sobre una olla a presión que combina el estancamiento de la actividad, la devaluación encubierta y una brutal caída de la recaudación fiscal. Este desplome de los recursos públicos fue autoprovocado por el Gobierno al bajar impuestos a los sectores más concentrados mediante el Rigi, la reducción de Bienes Personales y la baja de retenciones agrícolas.
Prohibir la asistencia monetaria en este escenario generaría un bache financiero inviable que el país solo podrá compensar mediante la adquisición de nueva deuda externa o convalidando tasas de interés más altas que terminarán asfixiando el crédito privado.
«Un Banco Central moderno
no puede operar aislado»
-Milei plantea un Banco Central más independiente y concentrado en preservar el valor de la moneda. ¿Usted considera que esa mayor autonomía fortalece al organismo o puede dejarlo demasiado alejado de las necesidades de la economía real?
-Esa supuesta autonomía es una postura peligrosa que aleja por completo al organismo de la economía real y tiene el potencial de «apagar» el funcionamiento del Estado.
Un Banco Central moderno no puede operar aislado de los objetivos de empleo y producción; de hecho, los bancos centrales de Estados Unidos e Israel, países con los que este Gobierno se alinea estratégicamente, contemplan por ley el apoyo al crecimiento y al pleno empleo.
Quitarle las facultades para orientar el crédito productivo, establecer encajes diferenciales y dar apoyo específico a las pymes y economías regionales acelerará el cierre de empresas.
Si el Estado sufre una caída de ingresos y el Banco Central no puede asistirlo bajo ningún concepto, se paralizará el sector público, cortando de raíz los fondos de coparticipación federal a las provincias y desfinanciando de forma directa a las universidades, los hospitales y el sistema científico-tecnológico nacional.
Resistencia institucional
-El proyecto consiguió dictamen de mayoría con 42 firmas sobre 73 diputados presentes. ¿Qué posibilidades ve de que avance en el recinto y qué debería modificarse para que Unión por la Patria pueda acompañarlo?
-Para que nuestra fuerza pueda evaluar cualquier debate sobre la Carta Orgánica, resulta indispensable que la reforma se discuta en simultáneo con la presentación del Presupuesto.
No podemos firmar un cheque en blanco a ciegas, sin conocer las metas de recaudación previstas para los próximos años y los compromisos reales de deuda externa.
Además, exigimos modificaciones de fondo que dejen sin efecto la asimetría en el régimen de remoción de autoridades, que reacstituyan las herramientas de fomento al crédito productivo para las pymes y que repongan los controles fronterizos de endeudamiento, como la derogación del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, ya que eliminar la opinión obligatoria del Banco Central antes de tomar deuda externa es una irresponsabilidad histórica que facilitará nuevas crisis de balanza de pagos.
Liquidez
-Si se prohíbe al Banco Central asistir al Tesoro, ¿qué herramientas debería conservar el Estado para responder ante una crisis económica o financiera?
-El Estado debe conservar la posibilidad de generar liquidez inmediata o contar con fondos transitorios para responder ante emergencias extraordinarias. Quitar de forma absoluta estas herramientas implica confundir una facultad regulada con una obligación de emisión permanente.
La historia reciente demuestra que, ante catástrofes naturales, pandemias o crisis globales, la asistencia del Banco Central es vital; sin ir más lejos, durante la crisis del Covid-19 en 2020, con los mercados internacionales de crédito totalmente cerrados por el endeudamiento heredado del macrismo, estas herramientas legales permitieron financiar los programas ATP, el IFE y sostener los hospitales públicos para evitar un colapso social absoluto.
Ningún país soberano renuncia voluntariamente a proteger su economía real ante shocks imprevistos.