La quiebra de Carsa SA, firma vinculada a la operación de Musimundo, dejó a numerosos trabajadores sin empleo y abrió un proceso judicial en el que deberán reclamar formalmente el pago de sus indemnizaciones.
El abogado Hernán Cordón, representante de parte de los exempleados, explicó que el 6 de noviembre vencerá el plazo para la verificación de créditos y advirtió que quienes no se presenten antes de esa fecha podrían quedar fuera de la primera distribución de fondos.
En declaraciones a Radio Natagalá, el profesional describió como «horrible» la situación que atraviesan las familias afectadas por el cierre. «Tengo personas que estuvieron trabajando 20 años y, de un día para otro, se quedaron sin su fuente laboral y, en principio, sin posibilidad de cobrar inmediatamente una indemnización», señaló.
La quiebra fue decretada el pasado 2 por el Juzgado Civil y Comercial 23 de Resistencia. A partir de esa resolución, los reclamos contra la compañía deberán tramitarse dentro del expediente judicial, con intervención del juez y de la sindicatura encargada de identificar, administrar y liquidar los bienes de la empresa.
«Los trabajadores tienen que presentarse en la quiebra para verificar sus créditos. Recién después el juez y los síndicos determinarán cuánto corresponde y, con lo que se liquide, se realizarán los pagos», explicó Cordón.
El abogado recordó que la crisis de Carsa no comenzó repentinamente, sino que la empresa atravesaba un concurso preventivo desde 2018.
Durante los últimos años tuvo distintos intentos de reestructuración, hasta que el deterioro financiero derivó en el cierre de sucursales y en la declaración de quiebra.
«No les van a pagar por afuera»
Uno de los principales cuestionamientos formulados por Cordón estuvo dirigido a la información que circulaba entre los extrabajadores sobre posibles acuerdos directos o pagos extrajudiciales.
«Algunos trabajadores están realizando reuniones y asambleas y les dicen que les van a pagar por afuera o que se llegará a un acuerdo con determinada parte. Eso no es real. El trabajador tiene que presentarse ante la Justicia para reclamar su indemnización; no queda otra opción», remarcó.
Según indicó, todavía no se observaba en el expediente una presentación masiva de los exempleados, pese a la cantidad de personas afectadas en diferentes provincias. «Eventualmente se presenta uno, después otro, pero no vemos, por ejemplo, 50 trabajadores que se hayan presentado juntos durante la semana. Hay mucha desinformación», sostuvo.
Cordón precisó que el 6 de noviembre será la fecha límite establecida para la primera etapa de verificación. Los reclamos también podrán formularse posteriormente, aunque serán considerados tardíos y deberán esperar una distribución posterior.
«Presentarse después no significa que el trabajador pierda su derecho, pero será una verificación tardía. Lo que se liquide en esta primera etapa se utilizará para pagar a quienes hayan realizado oportunamente el trámite», aclaró.
Acreedores con privilegio
El representante legal destacó que los créditos laborales poseen privilegio frente a otras deudas de la empresa. Esto implica que, una vez reconocidos dentro del expediente, los trabajadores tendrán prioridad sobre otros acreedores comunes.
«Los trabajadores son acreedores privilegiados. El que se presenta va a cobrar antes que quien tenía, por ejemplo, una deuda comercial con la empresa», explicó.
El proceso involucra a empleados que atravesaron diferentes situaciones. Algunos fueron despedidos durante el concurso preventivo y comenzaron a cobrar sus liquidaciones, mientras que otros dejaron de recibir los pagos acordados. También hubo trabajadores que continuaron cumpliendo tareas varios días después de declarada la quiebra.
«La quiebra fue el 2 de septiembre y hubo personas que trabajaron hasta el 7, el 8 e incluso el 10. Recién entonces quedaron formalmente desvinculadas. Es una situación muy particular», puntualizó Cordón.
La administración de la firma quedó bajo responsabilidad de tres síndicos pertenecientes a estudios contables. Ellos deberán localizar los bienes y fondos de Carsa, informar al juzgado y solicitar autorización para cada movimiento.
Entre los recursos puestos a disposición del expediente se encontraban cerca de $120 millones provenientes de una cuenta bancaria embargada.
Sin embargo, el abogado aclaró que será el juzgado el encargado de reunir los activos y determinar posteriormente su distribución.
desempleo y obra social
Cordón informó además que el juez libró un oficio a la Anses para facilitar el acceso de los exempleados a la prestación por desempleo, incluso en los casos en que no recibieron una comunicación formal de despido.
«Algunos se enteraron de que estaban despedidos directamente con la quiebra de la empresa y no tenían una carta documento. Ahora pueden tramitar el fondo de desempleo», explicó.
El abogado reconoció que esa prestación no reemplazará el salario ni resolverá las obligaciones económicas acumuladas, pero la consideró una ayuda para atravesar los primeros meses sin ingresos. También indicó que se había garantizado provisoriamente la continuidad de la cobertura de la obra social.
«Son padres y madres de familia, con 20 años de antigüedad, que tenían ese único trabajo. De un día para otro quedaron sin ingresos. El fondo de desempleo no les va a cambiar la vida ni les devolverá el empleo, pero es una ayuda que suma mientras se tramita la indemnización», expresó.
Finalmente, recomendó a quienes mantenían cuotas pendientes por productos adquiridos en Musimundo que buscaran asesoramiento en las oficinas municipales de Defensa del Consumidor.
Señaló que el juzgado todavía no había establecido un canal específico de pago y advirtió que dejar de abonar sin asesoramiento podría generar intereses, mora o reclamos posteriores.
Qué deben hacer los exempleados
Los exempleados de Carsa SA deberán presentarse en el expediente de quiebra y solicitar la verificación de sus créditos laborales antes del 6 de noviembre. Para ello tendrán que acreditar la relación laboral, la antigüedad, las remuneraciones y los conceptos adeudados.
Quienes realicen el trámite después de esa fecha conservarán el derecho a reclamar, pero su presentación será considerada tardía y podrían quedar fuera de la primera distribución de fondos.
Además, los despedidos podrán gestionar ante la Anses la prestación por desempleo y consultar la continuidad provisoria de la obra social.