La sombra de una reforma electoral intempestiva comenzó a sobrevolar el escenario político argentino y encendió las alarmas en los sectores más tradicionales del justicialismo.
Ante los reiterados trascendidos sobre la intención del gobierno nacional de suspender o eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el turno de 2027, un bloque federal de dirigentes peronistas decidió salir al cruce con una dura advertencia institucional.
Bajo el paraguas del Grupo Marechal, 17 distritos representados por siete exgobernadores, exvicegobernadores y ex legisladores nacionales alzaron la voz contra lo que consideran una alteración maliciosa de las normas del juego democrático.
La lectura política que hacen estos referentes excede la mera defensa de una ley electoral, ya que apuntan directamente al corazón de las negociaciones políticas actuales al denunciar un mecanismo subterráneo de toma y daca entre el oficialismo y algunos gobernadores.
Esta jugada representaría un beneficio mutuo para ambos sectores. Por un lado, el gobierno nacional se aseguraría de desarticular el nivel de movilización y ordenamiento que las Primarias suelen otorgarle a la oposición.
UN FRENO A LA ROSCA
El sistema de Primarias fue concebido originalmente como una herramienta de participación directa para romper el monopolio de las cúpulas.
Los firmantes del documento reconocen que el mecanismo sufrió distorsiones con el paso del tiempo, pero lo reivindican como el único filtro capaz de garantizar una auténtica representación y evitar que los mezquinos intereses de círculo terminen secuestrando la voluntad ciudadana. La advertencia de este sector del peronismo expone la fractura expuesta que atraviesa al partido.
Sin un liderazgo unificado y con el peso de la derrota aún latente, los dirigentes del interior temen que la supresión de las primarias consolide el poder de los aparatos tradicionales concentrados en el área metropolitana, asfixiando cualquier intento de renovación federal o surgimiento de figuras disidentes.
El peso del interior en la resistencia
El pronunciamiento cobró volumen político por la capilaridad territorial de sus firmantes, abarcando desde el norte grande hasta la Patagonia.
Nombres históricos como Ramón Puerta de Misiones, Vicente Joga de Formosa y Víctor Reviglio de Santa Fe encabezaron una lista que también sumó voces correntinas a través del ex legislador nacional Fernando Lahoz y el dirigente Carlos Guttner.
Frente a este escenario, el espacio hizo un llamado abierto a todas las organizaciones de la sociedad para frenar el avance de este proyecto y movilizarse en defensa del derecho a elegir libremente, dejando en claro que la batalla por 2027 ya comenzó a librarse en los despachos del poder.
FIRMANTES DEL COMUNICADO
Exgobernadores: Ramón Puerta (Misiones), Vicente Joga (Formosa), Víctor Reviglio (Santa Fe), Mario Moine (Entre Ríos), Jorge Escobar (San Juan), Néstor Perl (Chubut) y Oscar Perassi (Jujuy).
Vicegobernador de Salta: Antonio Marocco.
Ex vicegobernadores: Julio Díaz Lozano (Tucumán) y Eduardo Arnold (Santa Cruz). Ex diputados nacionales: Emilio Martínez Garbino (Entre Ríos), Humberto Roggero y Eduardo Mondino (Córdoba), Jorge Díaz Martínez (Catamarca), Dante Basile (Buenos Aires), Fernando Lahoz (Corrientes) y Miguel Ángel Toma (Caba).
Dirigentes: Emilio Ordoñez, Rodolfo Vacchiano y Oscar Camejo (Santa Fe), Guillermo Rosales Saadi (Catamarca), Marcelo Nasif (Jujuy), Carlos Guttner (Corrientes), Federico Martelli, Ernesto Tenembaum, Jorge Arias y Miguel Linber (Buenos Aires) y Jorge Pirra y Pascual Albanese (Caba).
Alerta por la seguridad jurídica
El rechazo a la iniciativa oficial no se limitó al terreno netamente electoral. Los dirigentes justicialistas trazaron una línea directa entre el manoseo de las leyes institucionales y el impacto económico en un contexto de extrema fragilidad.
Modificar las reglas de elección presidencial a mitad de camino proyecta, según los referentes, un peligroso manto de sospecha sobre la legitimidad del futuro gobierno constitucional.
En este sentido, recalcaron que alterar las normativas constituye una señal negativa para la imagen de previsibilidad de la Argentina.
En momentos donde el país requiere imperiosamente garantizar un flujo de inversiones productivas para sostener la economía, los cambios arbitrarios en el sistema democrático atentan contra la seguridad jurídica indispensable para erradicar la pobreza estructural.