El proyecto de reforma del Código Penal destinado a incorporar la figura del vandalismo rural avanzó en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería, donde obtuvo 41 firmas a favor.
La iniciativa, impulsada por el PRO, contó con el respaldo de La Libertad Avanza y sus aliados y propone establecer como delito el ingreso no autorizado a establecimientos rurales, una conducta que actualmente puede quedar comprendida en el régimen de contravenciones locales.
El texto también contempla el agravamiento de las penas por daños contra bienes agropecuarios e infraestructura productiva, con el objetivo de establecer un marco legal específico para proteger las explotaciones rurales.
Durante el debate, Martín Ardohain, diputado nacional del PRO por La Pampa, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería y autor del proyecto, defendió la necesidad de adecuar la legislación penal a las particularidades de la actividad agropecuaria.
El legislador sostuvo que es necesario abandonar la «visión urbanística del Código Penal que tanto abandono y desprotección le generó al interior», y destacó la importancia de avanzar en herramientas legales destinadas a las familias que viven y trabajan en el campo.
EL NUEVO DELITO DE INTRUSIÓN RURAL
La iniciativa impulsa incorporar una figura penal para sancionar el ingreso sin autorización a establecimientos rurales delimitados mediante alambrados, tranqueras, vallas o carteles.
Para esta conducta, el proyecto establece penas de entre un mes y un año de prisión. La disposición comprende el acceso no autorizado a espacios privados destinados a la actividad agropecuaria y procura que la conducta tenga una tipificación expresa en el Código Penal, en lugar de quedar sujeta exclusivamente a las regulaciones contravencionales de cada jurisdicción.
Los fundamentos de la iniciativa señalan que el ingreso no autorizado puede representar un riesgo para la seguridad de los establecimientos rurales, especialmente cuando ocurre durante la noche o sin una finalidad específica.
El texto remarca que la conducta debe ser considerada desde el momento en que se produce la intrusión, independientemente de que posteriormente se concrete otro delito.
En ese sentido, busca establecer un criterio penal uniforme para este tipo de situaciones y reducir las diferencias derivadas de las regulaciones locales, mediante la incorporación de una figura específica aplicable a los establecimientos que reúnan las condiciones de delimitación previstas en el texto.
La delimitación física de los predios constituye un elemento central de la figura propuesta. Los alambrados, las tranqueras, las vallas y los carteles cumplen la función de establecer los límites de la propiedad rural y señalar las restricciones de acceso.
El proyecto plantea que el ingreso sin autorización a esos espacios reciba un tratamiento penal específico, en consonancia con las características de los establecimientos destinados a la producción y, en determinados casos, también a la vivienda de las familias rurales.
La iniciativa procura que esa protección no dependa únicamente de las disposiciones contravencionales vigentes en cada localidad.
Penas más duras
El segundo componente de la reforma propone agravar las sanciones por la destrucción o el deterioro de bienes utilizados en la actividad agropecuaria. Para esos hechos, el proyecto establece penas de entre dos y ocho años de prisión y multas de hasta doce veces el valor del daño causado.
La iniciativa plantea que la evaluación del daño no se limite al costo de reposición del bien afectado, sino que también contemple su función dentro del sistema productivo.
Los elementos enumerados pueden cumplir tareas relacionadas con el almacenaacmiento, el suministro de agua, la generación de energía, la protección de los animales, el resguardo de los cultivos y el funcionamiento general de las explotaciones.
El proyecto propone considerar esas características al establecer un régimen de sanciones más severo para los hechos que afecten los recursos materiales necesarios para desarrollar la producción agropecuaria.
El alcance de la reforma comprende tanto los bienes directamente relacionados con la producción como la infraestructura que permite sostener las distintas etapas de la actividad.
Los cultivos y el ganado representan recursos productivos, mientras que los sistemas de riego, las bombas, los paneles solares y las instalaciones de almacenamiento cumplen funciones específicas dentro de cada establecimiento.
Urbano o rural
Entre los fundamentos de la iniciativa se encuentra la diferencia entre la protección jurídica del domicilio urbano y el tratamiento de los límites físicos de una propiedad rural.
El marco legal vigente reconoce el principio de inviolabilidad del domicilio, mientras que los límites de los establecimientos agropecuarios, identificados mediante alambrados, tranqueras o señalización, no reciben necesariamente un tratamiento equivalente.
El proyecto sostiene que esos elementos cumplen una función análoga al delimitar espacios privados destinados a la producción y, en algunos casos, a la vivienda, por lo que propone incorporar una respuesta penal específica frente al ingreso no autorizado.
Los impulsores de la reforma también señalan las condiciones geográficas y de infraestructura que caracterizan a numerosas explotaciones agropecuarias. Las grandes distancias, los caminos en mal estado, las dificultades de acceso, la falta de cobertura telefónica y de internet y la lejanía de las fuerzas de seguridad forman parte de las situaciones mencionadas en los fundamentos.
Esas condiciones pueden dificultar la comunicación, la intervención de las autoridades y la respuesta ante hechos que afecten la propiedad o los bienes productivos.
La iniciativa plantea la necesidad de considerar esas particularidades al establecer disposiciones destinadas a proteger a quienes desarrollan sus actividades en el ámbito rural.