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    Política

    El PJ denunció a Zdero por una deuda de $446.000 millones sin aval legislativo

    20 de noviembre de 2026
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    Los legisladores provinciales del Bloque Justicialista realizaron ayer una conferencia de prensa en la que dieron detalles de las presentaciones judiciales efectuadas contra el gobernador Leandro Zdero y los ministros de Economía de la provincia y de la Nación, Alejandro Abraam y Luis Caputo, respectivamente, por lo que consideran una operación irregular de endeudamiento que supera los $446.000 millones.
    La denuncia fue presentada ante distintos organismos judiciales y administrativos, entre ellos la Justicia Federal, el Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Los diputados sostienen que el Gobierno provincial convirtió anticipos de coparticipación federal, que debían ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal, en deuda pública con vencimientos que se extienden hasta 2027, sin contar con la autorización legislativa correspondiente.
    Durante la conferencia, los representantes del justicialismo calificaron la situación como de «extrema gravedad institucional y económica» y cuestionaron que una decisión de semejante magnitud se haya tomado mediante un decreto del Poder Ejecutivo, sin intervención de la Cámara de Diputados.
    En la apertura de la conferencia de prensa, el diputado Sebastián Benítez Molas sostuvo que la decisión del gobernador de transformar los anticipos de coparticipación en deuda pública representa un hecho de extrema gravedad institucional y económica para la provincia.
    «Estamos acá porque entendemos que todos los chaqueños y todas las chaqueñas tienen derecho a conocer una situación de extrema gravedad institucional y económica», expresó.
    El legislador cuestionó que el mandatario provincial haya instrumentado la operación mediante un decreto, sin intervención de la Cámara de Diputados y sin someter la decisión al tratamiento legislativo correspondiente.
    «Zdero tomó por decreto la deuda más grande de la historia del Chaco, de manera unilateral, sin pasar por el Poder Legislativo y de espaldas a la gente», manifestó.
    En ese contexto, informó que los legisladores realizaron presentaciones ante distintos organismos judiciales y de control, entre ellos la Justicia Federal, la Secretaría de Investigaciones Administrativas, el Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas.
    El diputado explicó que el Gobierno provincial recibió anticipos de coparticipación que posteriormente, mediante un decreto, fueron convertidos en obligaciones financieras con vencimientos que exceden el mandato constitucional del actual gobernador.
    «Accedió a anticipos de coparticipación que posteriormente convirtió en deuda pública, extendiendo el compromiso financiero incluso más allá de su mandato constitucional», señaló.
    Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el artículo 63 de la Constitución provincial, que establece que las operaciones de crédito público deben contar con autorización de la Legislatura y ser aprobadas con el voto de los dos tercios de sus integrantes.
    «La Constitución es muy clara: toda autorización de crédito público debe ser votada en el Poder Legislativo y aprobada con los dos tercios de los votos. Sin embargo, el gobernador resolvió esta cuestión mediante un decreto», afirmó.
    El legislador también calificó la operación como «inmoral, ilegal, inconstitucional e ilegítima». Argumentó que no se conoce con precisión el destino de los recursos, que no existió autorización legislativa y que la deuda generará consecuencias financieras para la provincia durante los próximos años.
    «Es una deuda inmoral porque no sabemos en qué se gastó; es ilegal porque no fue aprobada por la Legislatura; es inconstitucional porque viola el artículo 63 y es ilegítima porque se trata de una obligación escandalosa que no beneficia a la provincia», concluyó.
    Cuestionamientos al
    crecimiento de la deuda pública
    Otro de los ejes centrales de la denuncia estuvo relacionado con el crecimiento del endeudamiento provincial desde el inicio de la actual gestión.
    El diputado provincial Santiago Pérez Pons exhibió documentación correspondiente a los presupuestos provinciales y sostuvieron que, al asumir Leandro Zdero en diciembre de 2023, la deuda pública del Chaco rondaba los 369 millones de dólares.
    Precisó que las presentaciones incluyen posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y eventual defraudación al patrimonio del Estado.
    En ese sentido, indicó que las denuncias no están dirigidas únicamente contra el gobernador Leandro Zdero y el ministro de Economía provincial, Alejandro Abraam, sino también contra el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
    «Hoy hicimos la denuncia por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible defraudación al patrimonio del Estado. No solamente denunciamos al gobernador de la provincia y a su ministro de Economía, sino también al ministro de Economía de la Nación», explicó.
    El diputado sostuvo que durante los últimos tres años el Gobierno provincial había señalado reiteradamente que debía afrontar compromisos financieros heredados de administraciones anteriores. Sin embargo, consideró que los documentos oficiales incorporados a la presentación judicial muestran un crecimiento de la deuda pública durante la actual gestión.
    Cómo funciona el
    mecanismo de los anticipos
    Para explicar el cuestionamiento, el legislador describió el funcionamiento de los anticipos de coparticipación que las provincias pueden solicitar al Gobierno nacional.
    Señaló que estos recursos constituyen adelantos financieros sobre fondos que le corresponden a la provincia y que deben ser reintegrados antes del cierre del ejercicio fiscal en el que fueron otorgados.
    «Los anticipos de coparticipación no son una deuda pública. Son adelantos financieros de recursos que le corresponden a la provincia y que se reciben durante el año. Deben devolverse hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio», explicó.
    En ese sentido, sostuvo que si una provincia solicita un anticipo durante 2025, debe devolverlo dentro de ese mismo año. Lo mismo ocurre con los recursos recibidos durante 2026.
    Según su interpretación, cuando esos compromisos no se cancelan dentro del período correspondiente y se trasladan a ejercicios posteriores, pasan a constituir una obligación de deuda pública.
    Los montos comprometidos
    El diputado detalló que durante 2025 el Gobierno provincial recibió dos anticipos de coparticipación: uno por $120.000 millones y otro por $400.000 millones.
    Destacó que el segundo monto representa una suma equivalente a casi dos meses de coparticipación provincial y que, por su dimensión, equivale aproximadamente a cuatro masas salariales de los trabajadores estatales chaqueños.
    También indicó que durante 2026 se registraron nuevos movimientos financieros y que, en agosto, el gobernador decidió mediante un decreto modificar las condiciones de devolución de esos recursos, trasladando los vencimientos hasta fines de 2027.
    «En agosto, el gobernador decidió por decreto que esos fondos, que originalmente eran anticipos, se devolvieran recién a fines de 2027. Esa es la gravedad de la situación, porque se está trasladando una obligación financiera al próximo gobierno», afirmó.
    De acuerdo con los documentos exhibidos durante la conferencia, los legisladores señalaron que en diciembre de 2024 no figuraban esos compromisos como títulos de deuda pública; que durante 2025 quedaron pendientes $76.000 millones y que para 2026 la provincia acumulaba obligaciones por $446.000 millones vinculadas con esta operatoria.
    «Esto es lo que van a tener que pagar todos los chaqueños cuando el gobernador ya no esté en funciones. No solamente se tomó una decisión de endeudamiento sin pasar por la Legislatura, sino que se comprometió financieramente a toda la provincia», sostuvo.
    Reclamo de explicaciones antes
    del tratamiento del Presupuesto 2027
    A su turno la legisladora María Pía Chiacho Cavana, remarcó que decidieron avanzar con las presentaciones judiciales antes del debate legislativo del Presupuesto 2027, con el objetivo de que la ciudadanía conozca la situación y el Gobierno provincial brinde explicaciones sobre el origen y las condiciones del endeudamiento.
    Sostuvo que la ciudadanía debe conocer los compromisos que, según los legisladores, fueron asumidos por el Gobierno provincial sin autorización de la Cámara de Diputados.
    «Creemos que era importantísimo llevar adelante esta conferencia de prensa y presentar la denuncia penal ante la Justicia Federal antes de que se debata el Presupuesto 2027», manifestó. Consideró que el Gobierno debe brindar explicaciones sobre la operación antes de que la Legislatura avance con el análisis del proyecto presupuestario para el próximo año.
    El artículo 63 y la
    autorización legislativa
    Para explicar el alcance de la normativa, utilizó como ejemplo una situación cotidiana vinculada con la economía familiar.
    «Cuando una persona decide tomar una deuda o sacar un crédito, seguramente lo consulta con alguien de su entorno familiar. En el Estado pasa lo mismo: cuando el gobernador quiere tomar una deuda, debe consultarlo con la Cámara de Diputados», explicó.
    En ese sentido, recordó que el artículo 63 de la Constitución provincial establece que las operaciones de crédito público requieren el acompañamiento de la Legislatura mediante una mayoría de dos tercios.
    Afirmó que el problema central radica en que, según la interpretación del bloque justicialista, el Gobierno convirtió anticipos financieros en deuda pública sin cumplir ese procedimiento.
    «La provincia recibió anticipos de coparticipación a través del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Es como si un trabajador pidiera un adelanto de sueldo. Hasta ahí no hay problema. La cuestión es que el gobernador debía devolver esos anticipos durante 2025 y 2026, pero no lo hizo», sostuvo.
    La legisladora consideró que esa decisión transformó los adelantos en compromisos financieros que deberán afrontar las próximas administraciones.

    El crecimiento de la deuda en dólares

    Otro de los puntos centrales de su exposición estuvo relacionado con la evolución de la deuda pública provincial expresada en dólares.
    El legislador citó documentación oficial incorporada al presupuesto y sostuvo que, al momento de asumir Leandro Zdero en diciembre de 2023, la deuda pública del Chaco ascendía a 369 millones de dólares.
    En contraste, señaló que las proyecciones incorporadas al Presupuesto 2027 elevan ese monto a 572 millones de dólares. «Cuando Leandro Zdero recibió la provincia, la deuda pública total ascendía a 369 millones de dólares. Hoy, con los datos que el propio gobernador incorpora en el presupuesto, podemos demostrar que para 2027 la deuda ascendería a 572 millones de dólares», afirmó.
    El diputado cuestionó que ese incremento no haya sido sometido a una autorización legislativa específica. «Ninguno de los diputados, ni siquiera los legisladores del oficialismo, votamos en la Legislatura incrementar la deuda de 369 millones de dólares a 572 millones de dólares», remarcó.
    En esa línea, sostuvo que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre el pago de compromisos heredados y la evolución de los indicadores de endeudamiento que surgen de la documentación presupuestaria.

    El cuestionamiento a una supuesta refinanciación

    El legislador también anticipó que el Gobierno podría argumentar que la operación constituye una reestructuración de obligaciones financieras anteriores.
    Sin embargo, rechazó esa interpretación y sostuvo que para refinanciar una deuda primero debe existir una obligación previamente constituida y autorizada por los mecanismos legales correspondientes.
    Como antecedente, mencionó la reestructuración de deuda realizada durante 2016, cuando, según explicó, se buscó reducir los intereses y aliviar la carga financiera de la provincia frente a las dificultades económicas de aquel período.
    «En este caso se llevó adelante un proceso de reestructuración sin que exista una deuda aprobada previamente por esta Legislatura. Ese es un trámite que necesariamente debe cumplirse», expresó.
    Finalmente, reiteró que las presentaciones fueron realizadas tanto en el ámbito federal como en el provincial, debido a la participación de funcionarios de ambas jurisdicciones.

    «Cada chaqueño tiene hoy una deuda de aproximadamente $400.000»

    Uno de los argumentos más destacados de la exposición de Martía Pía Chcicho Cavana, estuvo relacionado con el impacto económico que podría tener la operación sobre la población.
    El legislador estimó que, tomando como referencia el monto de la deuda cuestionada, cada chaqueño tendría que afrontar una carga equivalente a unos $400.000.
    «Sin preguntarle a nadie, el Gobierno hizo que cada uno de nosotros tenga hoy una deuda de aproximadamente $400.000. Es lo que se destinaría por cada chaqueño o chaqueña para pagar esta obligación», afirmó.
    También realizó una proyección sobre el impacto en los hogares y sostuvo que, para una familia tipo, el compromiso podría representar alrededor de $1.500.000.
    «Si pensamos en una familia tipo, estamos hablando de aproximadamente $1.500.000 por familia. Esto significa que las consecuencias económicas de una decisión inconsulta del gobernador y del ministro de Economía terminan afectando directamente el bolsillo de la gente», expresó.
    Estas cifras fueron presentadas por la legisladora como una estimación del impacto per cápita de la deuda cuestionada.«Cada chaqueño tiene hoy una deuda de aproximadamente $400.000» estuvo relacionado con el impacto económico que podría tener la operación sobre la población.
    El legislador estimó que, tomando como referencia el monto de la deuda cuestionada, cada chaqueño tendría que afrontar una carga equivalente a unos $400.000.
    «Sin preguntarle a nadie, el Gobierno hizo que cada uno de nosotros tenga hoy una deuda de aproximadamente $400.000. Es lo que se destinaría por cada chaqueño o chaqueña para pagar esta obligación», afirmó.
    También realizó una proyección sobre el impacto en los hogares y sostuvo que, para una familia tipo, el compromiso podría representar alrededor de $1.500.000.
    «Si pensamos en una familia tipo, estamos hablando de aproximadamente $1.500.000 por familia. Esto significa que las consecuencias económicas de una decisión inconsulta del gobernador y del ministro de Economía terminan afectando directamente el bolsillo de la gente», expresó.
    Estas cifras fueron presentadas por la legisladora como una estimación del impacto per cápita de la deuda cuestionada.

    Slimel cuestionó la refinanciación de la deuda: «Debía tener autorización legislativa»

    En el último tramo de la conferencia de prensa, Nicolás Slimel, profundizó los argumentos técnicos y jurídicos vinculados con la Ley de Administración Financiera y el artículo 63 de la Constitución provincial.
    El diputado aclaró que el bloque no cuestiona la utilización de anticipos de coparticipación como herramienta de administración financiera, sino la decisión de extender sus vencimientos y consolidarlos como deuda de mediano o largo plazo sin autorización legislativa.
    «Estamos totalmente de acuerdo en que los anticipos son una herramienta transitoria que tiene un gobierno dentro de un ejercicio presupuestario y que deben devolverse en ese mismo ejercicio», explicó.
    En esa línea, sostuvo que cuando esos recursos no son reintegrados dentro del período fiscal correspondiente, la obligación cambia su naturaleza y pasa a constituir una operación de crédito público.
    «Una vez que termina el ejercicio presupuestario, esa obligación pasa a ser una deuda de mediano o largo plazo. A partir de ahí, tanto la Ley de Administración Financiera como nuestra Constitución, en su artículo 63, establecen que se transforma en crédito público», afirmó.
    El legislador remarcó que las operaciones de crédito público requieren autorización de la Cámara de Diputados mediante una mayoría agravada, equivalente a los dos tercios de los votos.
    El artículo 90 de la Ley
    de Administración Financiera
    Otro de los puntos centrales de su exposición fue la aplicación del artículo 90 de la Ley de Administración Financiera, que contempla mecanismos de refinanciación de obligaciones en condiciones más favorables.
    Según explicó, esa normativa permite reestructurar compromisos financieros siempre que exista una autorización legal previa de la Legislatura.
    «La deuda que ellos han consolidado y el proceso de refinanciación que plantearon se encuadrarían, según el Gobierno, en el artículo 90 de la Ley de Administración Financiera. Pero si uno lee ese artículo, establece que la refinanciación en mejores condiciones debe contar con una ley autorizada por la Legislatura provincial», señaló.
    A partir de ese argumento, sostuvo que el procedimiento utilizado por el Ejecutivo provincial no habría cumplido con los requisitos establecidos por la legislación vigente.
    «Esto es lo que nosotros entendemos que se ha aplicado de manera irregular. Por eso pretendemos que la Justicia tome cartas en el asunto y determine las responsabilidades correspondientes», concluyó.

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