El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, una iniciativa que establece modificaciones en el régimen de pensiones no contributivas, mantiene la compatibilidad del beneficio con el empleo formal y el monotributo bajo determinados límites de ingresos, incorpora auditorías periódicas y dispone un mecanismo para cancelar las deudas pendientes con los prestadores de servicios. El proyecto había obtenido previamente la aprobación de la Cámara de Diputados, donde reunió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones.
El primer artículo establece que el propósito de la norma es “superar la situación de emergencia” y fortalecer de manera permanente las políticas destinadas a las personas con discapacidad. La ley es de orden público y tendrá aplicación en todo el territorio nacional. Su aprobación modifica parcialmente el esquema establecido por la emergencia en discapacidad sancionada en 2025, luego de que el Congreso rechazara el veto del presidente Javier Milei.
Mientras aquella legislación tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, el nuevo régimen no establece una fecha de vencimiento. Para ello, deroga tres artículos de la normativa anterior y ratifica otras disposiciones, entre ellas las incorporaciones realizadas a la Ley 24.901, que regula las prestaciones básicas de atención integral, y las vinculadas con el empleo protegido.
La reforma también contempla la continuidad de la pensión no contributiva por discapacidad, cuyo monto permanece establecido en el 70% del haber mínimo jubilatorio. El beneficio continuará actualizándose conforme a las reglas previsionales vigentes, aunque la nueva legislación no contempla un incremento específico.
La normativa también establece incompatibilidades y condiciones socioeconómicas para acceder al beneficio. No podrán percibir esta pensión quienes cobren simultáneamente otra jubilación, retiro o pensión, ni quienes reciban la Asignación Universal por Hijo o la asignación familiar por hijo con discapacidad. Los solicitantes deberán superar una evaluación socioeconómica cuyos criterios serán definidos mediante la reglamentación correspondiente, en coordinación con el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS). Asimismo, quienes sean propietarios de un inmueble tendrán que acreditar que se trata de su única vivienda familiar. La ley mantiene, por otra parte, un régimen diferenciado para las pensiones por invalidez laboral, que continuarán sujetas a sus propios requisitos de acceso y condiciones de otorgamiento.
La compatibilidad entre la pensión y el trabajo constituye otro de los principales cambios contemplados en la legislación. Las personas titulares del Certificado Único de Discapacidad podrán incorporarse a un empleo formal, inscribirse en el monotributo o desarrollar actividades dentro del régimen general sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos individuales no alcancen ni superen el equivalente a dos salarios mínimos.
La ley incorpora, asimismo, un sistema de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a quienes reciben pensiones no contributivas. La responsabilidad de implementar estos controles recaerá en la Secretaría Nacional de Discapacidad, organismo dependiente del Ministerio de Salud. Para realizar las verificaciones, la dependencia podrá cruzar información con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Secretaría de Trabajo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).
Deudas con prestadores
En relación con el financiamiento, la ley dispone que los gastos derivados de su aplicación se afrontarán inicialmente con las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud destinadas a pensiones, atención médica y prevención. Si esos recursos resultan insuficientes, la diferencia deberá cubrirse con fondos del Tesoro nacional. El texto establece que las leyes de presupuesto deberán garantizar un crédito suficiente para sostener las prestaciones y determina que el ingreso por beneficiario no podrá ubicarse, en términos reales, por debajo del registrado durante el año anterior. También faculta a la Jefatura de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias cuando resulte necesario, con el propósito de evitar interrupciones en los pagos y en los servicios contemplados por el régimen.
Otro capítulo está destinado a regularizar las obligaciones económicas pendientes con los prestadores de servicios para personas con discapacidad. La legislación establece que la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá notificar y publicar un cronograma de cancelación de las compensaciones comprometidas durante la emergencia y que todavía no fueron abonadas. Ese calendario tendrá que difundirse dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la ley. A su vez, el pago total de las deudas deberá concretarse dentro de los 90 días para aquellos prestadores que hayan completado los trámites correspondientes.

