A poco de iniciar el tratamiento sobre tablas del Presupuesto 2025, el enfrentamiento fiscal entre las provincias y el gobierno nacional pone de relieve una disputa que no solo tiene implicancias económicas, sino también políticas, con leve inclinación hacia el contexto del año electoral entrante.
Según trascendió, gobernadores de la UCR y el PRO exigirán a la Casa Rosada respuestas «esenciales» para sostener la administración de sus distritos, y, con ello, dar una base a una negociación que sigue en el aire, y de la que depende pasos determinantes para calmar las tensiones con el Ejecutivo.
Según se adelanta, las demandas reflejan el malestar de las provincias ante lo que consideran una distribución desigual de los recursos en un momento de alta presión económica. Sin embargo, la respuesta desde la Casa Rosada y el Ministerio de Economía ha sido, hasta ahora, poco alentadora.
La lista, según pudo saber LA VOZ DEL CHACO, resume los siguientes reclamos: Compensación del pacto fiscal 2017; Coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional; Reducción de aportes para la ex AFIP; Revisión del impuesto a los combustibles; y Financiamiento del déficit previsional.
MALETAR OPOSITOR POR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ATN
Tras la reciente decisión sobre el Presupuesto, desde el PRO lanzaron una advertencia: la discusión presupuestaria sería la última instancia en la que este espacio mostrará buena predisposición.
El creciente malhumor opositor se alimenta ahora de los datos sobre la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional realizada entre el 1 y el 12 de este mes, que dejó fuera a los distritos gobernados por la UCR y el PRO.
La polémica distribución, según los registros, ascienden a 3.000 millones de pesos para Catamarca, 4.000 millones de pesos para Misiones, 4.500 millones de pesos para Salta, y 4.500 millones de pesos para Tucumán.
Ninguna de estas asignaciones benefició a provincias gobernadas por la UCR o el PRO. Este hecho generó críticas no solo desde la oposición, sino también entre algunos mandatarios peronistas que, pese a su alineación con el gobierno nacional, consideran excesiva la discrecionalidad en la asignación de recursos.
Las cinco exigencias
- Compensación del pacto fiscal 2017: Los gobernadores piden el financiamiento correspondiente por el pacto celebrado entre las provincias y la administración de Cambiemos, que aún no ha sido compensado.
- Coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): Se solicita que los fondos no distribuidos durante este año sean coparticipados equitativamente, en un contexto donde las arcas provinciales enfrentan crecientes dificultades.
- Reducción de aportes para la ex AFIP: Otro reclamo clave es disminuir el aporte de fondos coparticipables destinado al financiamiento de la antigua Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), buscando aliviar las cargas sobre las finanzas provinciales.
- Revisión del impuesto a los combustibles: Los mandatarios plantean eliminar las afectaciones específicas de este tributo, alegando que los fondos recaudados están siendo subejecutados por el Ejecutivo nacional y podrían ser coparticipados.
- Financiamiento del déficit previsional: Finalmente, exigen recursos adicionales para cubrir el déficit de las cajas previsionales no transferidas a la nación, por encima de los $254 millones asignados, que consideran insuficientes para cubrir las necesidades actuales.
Tensiones en aumento
El reparto de los ATN, que son fondos discrecionales destinados a asistir financieramente a las provincias, se ha convertido en un punto álgido de la relación entre la oposición y la Casa Rosada. Desde el PRO consideran que la distribución refleja favoritismo hacia distritos gobernados por aliados territoriales o cercanos.
Frente a las demandas pendientes por coparticipación y financiamiento, esta situación agrega más presión a una relación ya evidencia rastros de desgaste. Para los gobernadores de la UCR y el PRO, el manejo de estos recursos expone una falta de equidad que afecta directamente a sus distritos, en pleno debate interno sobre los presupuestos provinciales.
Sin margen para imponer condiciones
La oposición dialoguista enfrenta una dificultad significativa: aún no ha logrado que el gobierno nacional acceda a anunciar un acuerdo electoral de cara al próximo año.
Esto genera malestar dentro del propio espacio, donde sectores más críticos cuestionan los beneficios de una postura conciliadora frente a un oficialismo que mantiene su rumbo sin ceder a las presiones opositoras.
De este modo la dinámica con el oficialismo seguirá marcada por estos tironeos, donde cada paso se mide en términos de capital político y posibilidades electorales en un escenario en el que., de no haber cambios en el rumbo económico, puede tornarse cada vez más incierto.
Cruces en torno al Presupuesto
A pesar de las críticas públicas y las advertencias, en la Casa Rosada están seguros de que el partido liderado por Mauricio Macri no tiene margen para desmarcarse de la agenda oficialista, pero no están tan seguros de que hará la UCR, principalmente con el tratamiento del presupuesto 2025 en ciernes.
Fuentes cercanas al Ejecutivo sostienen que, incluso si el ministro de Economía, Luis Caputo, no cede a las exigencias planteadas por la oposición, al menos el PRO seguirá respaldando al gobierno en cuestiones claves, en base a su propia promesa de garantizar la gobernabilidad, pese al creciente descontento dentro del espacio opositor.
No obstante, nada de ello oculta que el malestar del PRO y la UCR tiene su base en lo que consideran un trato desigual y discriminatorio hacia sus distritos y la falta de respuestas a reclamos económicos de larga data.
Sin embargo, el cálculo político parece priorizar evitar una crisis institucional o de gobernabilidad, mientras el oficialismo capitaliza la situación, convencido de que la oposición no puede correrse del marco institucional que, desde la Casa Rosada se interpreta como un reconocimiento implícito de la necesidad de mantener un equilibrio en un contexto económico y social delicado.