Afirman que la gestión anterior entregó 1.343 viviendas sin terminar

Desde la gestión actual del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) anunciaron que «la gestión anterior dejó unas 2.600 viviendas inconclusas, entregando de manera irregular un total de 1.343 viviendas distribuidas por todo el territorio chaqueño».
«Muchas de las cuales aún se encuentran en construcción y sin terminar. La mayoría de estas viviendas no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad, ya que no se ejecutaron las obras de infraestructura básicas y, en consecuencia, carecen de servicios elementales como luz, agua, veredas, cloacas, apertura de calles, desagües pluviales y alumbrado público», detalló un parte de prensa oficial.
Estas entregas irregulares de viviendas se vieron agravadas por una intimación a las familias beneficiadas, donde se las obligaba a ocupar las viviendas en el estado que se encontraban en un plazo de diez días, bajo apercibimiento de ser desafectados de las mismas si no cumplían con esa intimación.
Según indicaron desde el Ipduv, esta clara maniobra electoralista desnudó la cara más perversa del exgobernador Jorge Capitanich y del expresidente del organismo, Diego Arévalo, obligando a cientos de familias a ingresar a viviendas que no reunían condiciones para ser habitadas, conformando una verdadera estafa moral no sólo para esas familias, que en su gran mayoría fueron beneficiadas por métodos irregulares, sino que, fundamentalmente, fue una estafa moral para los más de 46 mil chaqueños que se encuentran empadronados en el Instituto y que esperan hace muchos años acceder a su vivienda.
Además, en el texto de prensa se afirmó que «a mitad de 2023 el Estado nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, observa que las obras de infraestructura que debía ejecutar la provincia no se habían iniciado y, en consecuencia, procede a intimar mediante cartas documento enviadas al Ipduv para que diera inicio a las redes de agua, electricidad y apertura de calles, para que una vez finalizadas las obras de viviendas estas cuenten con todos los servicios esenciales. Estas intimaciones fueron desoídas e incumplidas por parte del Gobierno y del Ipduv».
«Por todo lo expuesto surge a las claras el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades del Ipduv, más allá del obrar inmoral que significó jugar con la necesidad y la urgencia de las familias afectadas».
Por otra parte, desde el organismo habitacional se informó que se registra una importante deuda con empresas constructoras por obras que debían ser financiadas con fondos provinciales, deuda que supera los $600 millones a valor histórico por certificados impagos de trabajos ya ejecutados, algunos con fecha febrero de 2022 y que, si se actualizara el valor de la Unidad de Valor Inmueble (UVI), constituyen una deuda superior a $1.200 millones.
También, en lo que refiere a obras de infraestructuras faltantes, la deuda heredada asciende a más de $25 mil millones, proyectos cuya ejecución resulta absolutamente necesaria en los barrios que ya han sido entregados, muchos de los cuales se encuentran aún en construcción y han sido ocupados por familias que, con su presencia, impiden la continuidad de las obras, indicaron.
«Los últimos tres años se gastaron a través del programa Mejorar un total de $1.700 millones anuales, de manera desordenada y sin controles adecuados. Esta situación se encuentra actualmente en relevamiento de información a los efectos de continuar detectando inconsistencias», agrega el comunicado de prensa.
«Respecto al inventario de equipamientos propios del Instituto se pudo constatar el faltante de una cámara fotográfica Nikon con un valor de USD2 mil, que fue adquirida en abril de 2023. Además, el faltante de numerosas notebooks y de un proyector que, de acuerdo al inventario de bienes registrados con anterioridad, se encontraban afectadas al directorio del Ipduv», acotaron.
«Respecto a las líneas telefónicas entregadas a empleados y funcionarios, este organismo no fue ajeno a la situación general del gobierno provincial, ya que se solicitó y se efectivizó oportunamente la baja de más de 30 líneas activas», finaliza la denuncia mediática de la actual gestión.