En septiembre será enjuiciado un grupo de policías de la comisaría Undécima de Resistencia por el homicidio de Cristian González, ocurrido hace casi nueve años.
Este caso tiene la particularidad de haber llegado a juicio en dos ocasiones: en 2020 y 2022. En la primera, se logró una sentencia, la cual luego fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Mientras que, en la segunda, el proceso quedó paralizado cuando los defensores de dos de los imputados plantearon que habían sido absueltos y que no podían volver a ser juzgados.
EL HECHO
En un informe que publica el portal judicial Litigio, se menciona que Cristian González (45) trabajaba como verdulero y lo conocían como el Negro.
Fue detenido en la víspera de Navidad de 2015 y alojado en la seccional Undécima del Barrio Provincias Unidas de Resistencia.
Se lo acusaba de supuestos daños por arrojar piedras a un automóvil que se encontraba estacionado en el barrio San Cayetano. A la mañana siguiente, fue encontrado sin vida y brutalmente golpeado a la vera de la ruta provincial 13, a pocos kilómetros de Cote Lai.
Durante la investigación se constató que los funcionarios policiales desobedecieron la instrucción dada por la médica de guardia de Sanidad Policial de llevar a González al hospital Perrando para que reciba la asistencia correspondiente, debido a que presentaba un cuadro de salud «físico y psiquiátrico» que demandaba atención.
Tampoco efectivizaron la orden de libertad impartida por el fiscal de turno, Roberto Villalba, en la causa por supuestos daños. Luego de conocerse la muerte de González, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal Especial de Derechos Humanos.
De acuerdo a los testimonios de los otros internos, González salió en buen estado de la comisaría Undécima. En base a otros testigos y al GPS, se corroboró que los agentes imputados lo trasladaron en el móvil policial y lo dejaron abandonado, cuando ya se encontraba sin vida, a la vera de la ruta provincial 13 en el camino a Cote Lai.
Según el informe del Instituto de Medicina Forense, su muerte se produjo entre las 8 y las 11, y fue motivada por asfixia mecánica, además se le encontraron lesiones en ambos ojos y en el brazo derecho.
En la primera sentencia, las partes decidieron apelar
En mayo de 2020, el caso llegó a juicio oral y terminó con una polémica sentencia: se condenó a los uniformados por delitos por los cuales no habían sido imputados.
En el veredicto, el tribunal unipersonal integrado por la jueza María Virginia Ise sentenció a una pena de 14 años de prisión al oficial subayudante Edgar Aquino y al cabo primero Ariel Giménez como autores del delito de abandono de persona seguido de muerte; a 6 años de prisión a los agentes Ernesto Ortiz y Darío Paniagua como partícipes secundarios del delito de abandono de persona seguida de muerte; a 3 años de prisión en suspenso al comisario Ramón Vallejos; y absolvió a Marisela Ponce y a Fabián Ponce por el delito de encubrimiento.
En su requerimiento, el fiscal de Derechos Humanos, Francisco Daniel Turraca, había solicitado que se juzgue a los policías por homicidio agravado (por ser cometido por fuerzas de seguridad) y por encubrimiento, una imputación distinta a la que Ise utilizó para condenar.
De hecho, el resultado de los informes médicos, de la autopsia y de las testimoniales de los peritos, se pudo comprobar que González falleció por asfixia luego de ser brutalmente golpeado mientras se encontraba detenido en la comisaría Undécima de Resistencia.
Esta sentencia fue apelada tanto por la defensa de los policías, que solicitó la absolución, como por la Fiscalía de Cámara y las querellas institucionales, conformadas por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y la Secretaría de Derechos Humanos provincial, quienes pidieron que la condena sea por el delito de tortura seguida de muerte, que prevé una pena de prisión perpetua.
El 18 de mayo de 2020, el STJ decidió hacer lugar a los recursos, comprobando la afectación del principio de congruencia y ordenó el reenvío del caso a la Cámara Tercera, la cual decidió convocar nuevamente a juicio tanto a los condenados como a Maricela Gómez y a Fabián Ponce, a pesar de que ya habían sido absueltos.
La segunda postergación
fue por planteos legales
El segundo juicio comenzó en mayo de 2022. Sin embargo, debió ser postergado luego del planteo de la defensa de los dos imputados que habían sido absueltos en el primer juicio por presunto encubrimiento. Es que, según las defensas de ambos, la Fiscalía de Derechos Humanos no recurrió sus absoluciones por lo que las mismas quedaron firmes y no podían volver a ser juzgados por el principio de non bis in idem.
En rigor, los defensores cuestionaron que en una audiencia preliminar, los integrantes de la Cámara Tercera en lo Criminal, Lorena Padován, Ernesto Azcona y Cristina Pisarello, habían aceptado el planteo de los abogados de excluir del juicio a sus defendidos, pero luego, sorpresivamente, decidieron dar marcha atrás con esa resolución y los volvieron a incluir entre los que debían sentarse en el banquillo de los acusados. Desde ese momento, el juicio quedó paralizado.
Luego de dos años, el 17 de mayo pasado, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia (STJ), constituida por Iride Grillo y Néstor Varela, tomó una decisión. Dispuso hacer lugar a los recursos de casación presentados por los defensores de los policías Gómez y Ponce y anuló la resolución de la Cámara Tercera.
De todos modos, se ordenó al tribunal que requiera informes para establecer si Gómez y Ponce cometieron delitos entre la realización del primer juicio hasta la actualidad.
Las fechas de audiencias de debate serán el 16, 17, 18, 19 y 20 de septiembre próximo, de 8 a 11, al tiempo que convocó a 24 testigos.