El subsecretario Hugo Maldonado y el abogado Germán Dellamea destacaron el compromiso del Gobierno para garantizar justicia, en declaraciones realizadas a NG Federal. «Nuestra participación se basa en la conmoción social y la demanda de la sociedad para el esclarecimiento de estos casos,» afirmó Maldonado.
El viernes, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco dio un paso importante en la intervención judicial al anunciar su decisión de asumir el rol de querellante en dos casos que han tenido un fuerte impacto en la sociedad chaqueña: el asesinato de Antonio Ramírez y el accidente del niño Renzo Correa.
La decisión se hizo pública a través del subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, y el abogado Germán Dellamea detallando las acciones que tomará el Estado para asegurar la justicia en ambos casos.
Maldonado explicó que la intervención del Estado responde a la profunda conmoción social que han generado estos hechos y a la demanda de la sociedad por un esclarecimiento exhaustivo de los casos.
«Nuestra participación se funda en la conmoción social que generaron estos hechos y ante la demanda de la sociedad para el esclarecimiento,» subrayó.
Esta medida marca un compromiso activo del Gobierno provincial para garantizar que los procesos judiciales sean manejados con la máxima seriedad y eficiencia.
EL CASO RAMIREZ
Antonio Ramírez, un chapista de 50 años, fue asesinado en un violento robo cuando dos motochorros le dispararon para arrebatarle su motocicleta. Maldonado indicó que el Gobierno provincial ha tomado medidas inmediatas para intervenir en la investigación de este caso.
«Dialogamos con el fiscal Víctor Recio, quien accedió a nuestra solicitud de correr vista de los expedientes,» informó.
El subsecretario agregó que el gobernador Leandro Zdero y el Ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez, dieron instrucciones claras para que el Estado participe activamente en la causa, asegurando así que los responsables sean llevados ante la Justicia.
EL CASO DEL NIÑO
En cuanto al caso del niño Renzo Correa, de 10 años, quien fue atropellado por una conductora en estado de ebriedad y abandonado en el lugar, el Estado provincial también ha decidido intervenir como querellante.
Germán Dellamea, abogado del Estado, explicó que ya se han presentado formalmente como querellantes y están trabajando estrechamente con la fiscal encargada.
«Estamos de acuerdo con el proceso de la investigación y nuestra intervención es a los fines de colaborar con la querella, con el Ministerio Público Fiscal y aportar los elementos probatorios necesarios para impulsar esta causa hacia juicio,» destacó.
El abogado añadió que el Estado está trabajando para asegurar que todos los elementos probatorios sean examinados y que se tomen las acciones legales adecuadas para obtener justicia para el joven Renzo.
El subsecretario Maldonado también mencionó que, además de la intervención formal en los casos, el gobernador y el ministro de Gobierno han visitado a las familias afectadas. En el caso de Renzo, «el gobernador y el ministro de Gobierno visitaron días atrás al niño de 10 años que se encuentra en recuperación tras ser atropellado, y dialogaron además con sus familiares,» señaló.
Esta muestra de apoyo busca proporcionar consuelo y garantizar que las familias sientan que el Estado está comprometido con su bienestar y la búsqueda de justicia.
La decisión de asumir el rol de querellante en estos casos marca un cambio significativo en la política del Estado provincial.
Históricamente, la Subsecretaría de Derechos Humanos se había enfocado en la defensa de los derechos de las personas detenidas. Sin embargo, ahora se está poniendo énfasis en representar a las víctimas y asegurar que se protejan y se hagan valer sus derechos. Esta intervención pretende modificar el paradigma actual y asegurar que se logre un equilibrio justo en el sistema judicial.
EL ROL ESTATAL
La participación del Estado también incluye una revisión detallada de los expedientes y un contacto continuo con las familias afectadas.
Según Germán Dellamea, «vamos a mantener contacto con la familia y vamos a explicarles el procedimiento y la intervención del Estado a través de su subsecretario Hugo Maldonado y del ministro de Gobierno.» Esta transparencia y comunicación son fundamentales para garantizar que las familias comprendan el proceso judicial y se sientan apoyadas en todo momento.
En conclusión, el compromiso del Estado provincial con estos casos subraya una intención de actuar con responsabilidad y eficacia en la búsqueda de justicia, respondiendo a la conmoción social y a las demandas de la comunidad chaqueña. La intervención activa en estos casos busca asegurar que se tomen las medidas necesarias para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones y que las víctimas reciban el apoyo necesario durante el proceso judicial.