La concejal del Partido Justicialista (PJ), Lucila Masin, presentó un pedido de informes y promovió la interpelación a funcionarios del Ejecutivo municipal con el objetivo de acceder a datos precisos sobre la situación contable y financiera de la comuna. La iniciativa, según explicó, responde a la falta de información oficial actualizada y verificable.
En declaraciones a Radio Natagalá, la edila remarcó que el planteo se enmarca en el derecho de acceso a la información pública y en las obligaciones que deben cumplir los funcionarios. «He pedido, precisamente, poder acceder a información pública que debiera ser pública. Esto está encuadrado en la ley de acceso a la información, una normativa que cada funcionario y funcionaria debe cumplir», sostuvo.
Masin advirtió que, pese a reiterados pedidos, aún no cuentan con datos fehacientes sobre las cuentas municipales. «Hasta el día de la fecha, la verdad es que ni la información respecto al estado financiero o contable -más allá de las reuniones previas a la aprobación del presupuesto- nos permitió conocer con claridad la situación. No hemos logrado tener información fehaciente», afirmó.
Ante este escenario, explicó que decidieron avanzar por distintas vías institucionales: «Por lo tanto, lo requerimos también mediante pedidos de informe y a través de la interpelación. Ambos mecanismos son válidos y están contemplados en nuestra normativa».
Consultada sobre posibles irregularidades, la concejala evitó realizar acusaciones sin datos concretos, pero insistió en la necesidad de transparencia. «Yo lo primero que quiero es conocer. Antes de hablar, creo que tenemos que hacerlo con información. Y mientras esa información no esté disponible para todos los concejales, no podemos hacer conjeturas sobre la situación», expresó.
En ese sentido, adelantó que también solicitarán la intervención de organismos de control. «Vamos a acudir al Tribunal de Cuentas para poder contar con un resumen del estado contable y financiero de la municipalidad», indicó.
Masin reconoció que el contexto nacional y algunos antecedentes recientes influyeron en la decisión, aunque aclaró que el reclamo no es nuevo. «Esto también surge a partir de hechos que han ocurrido en otros municipios, pero nosotros lo venimos solicitando desde el inicio de la gestión, de manera reiterada, y hasta hoy no tenemos respuestas», subrayó.
Además, ejemplificó con un caso puntual que, según señaló, evidencia inconsistencias en la información brindada. «El año pasado trabajamos sobre un programa en el que la provincia realizó un desembolso de $200 mil. Sin embargo, en las rendiciones del Ejecutivo figura un total cercano a los $3 millones, y no sabemos cuál fue el destino de esos fondos», explicó.
En esa línea, detalló: «Desconocemos si fue para pago de profesores, compra de insumos o materiales. Queremos saber si el programa se ejecutó con los $200 mil o si esos $3 millones efectivamente fueron destinados allí, porque no contamos con la documentación que permita constatarlo».
Finalmente, la concejala apeló al compromiso institucional del Ejecutivo municipal. «Esperemos que cumpla con la normativa vigente y con las leyes provinciales, teniendo en cuenta que al inicio de la gestión se habló de transparencia, diálogo y articulación.
Esperamos que eso se traduzca en hechos concretos y podamos acceder a la información que venimos solicitando hace tiempo», concluyó.
