La diputada provincial del Partido Justicialista, Analía Flores, planteó una reflexión integral sobre el estado actual de la escuela secundaria, al advertir que el sistema educativo se encuentra atravesado por tensiones estructurales que exigen una revisión profunda. Bajo el título «La escuela secundaria frente a una realidad que irrumpe: una discusión necesaria y urgente», la legisladora situó el debate en un plano que trasciende lo coyuntural y propone analizar las bases mismas del modelo educativo vigente.
En su exposición, Flores definió a la escuela como un «territorio de disputas de intereses, poderes y simbología cultural», señalando que cuando esa estructura entra en tensión con la realidad social, se ve obligada a encarar procesos de revisión de sus propias matrices fundacionales. Según sostuvo, este fenómeno se vuelve especialmente visible en el nivel secundario, donde las transformaciones sociales impactan con mayor intensidad.
La legisladora subrayó que la discusión no puede limitarse a aspectos superficiales o episodios aislados, sino que debe orientarse hacia un análisis estructural. En ese sentido, remarcó que la escuela secundaria enfrenta hoy una realidad que «irrumpe» en su funcionamiento tradicional, generando desajustes que no siempre son abordados en su verdadera dimensión.
ORÍGENES DEL NIVEL SECUNDARIO Y CAMBIO DE PARADIGMA
Flores recordó que la escuela secundaria fue concebida históricamente como un espacio formativo destinado a sectores específicos de la sociedad. En sus palabras, «la escuela secundaria, en sus orígenes, fue un nivel formativo, pensado para educar a las élites», lo que implicaba una lógica selectiva que dejaba fuera a quienes no se adaptaban a sus exigencias.
Ese esquema, según explicó, se sostenía en una estructura ideológica clara, donde frases como «Si no te gusta, te podés ir» o «esto no es obligatorio» funcionaban como mecanismos de regulación interna que definían quién podía permanecer en el sistema. De esta manera, el nivel secundario operaba como un filtro más que como un derecho universal.
El punto de inflexión, indicó la diputada, se produjo con la sanción de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que estableció la obligatoriedad del nivel secundario. En ese marco, citó textualmente el artículo 29: «La educación secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/las adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de educación primaria».
De acuerdo con Flores, esta transformación normativa implicó un cambio profundo en la estructura del sistema educativo, al generar «un giro de 360 grados» en términos pedagógicos. A partir de entonces, la escuela comenzó a recibir de manera masiva a estudiantes que anteriormente eran excluidos o directamente no formaban parte de su universo.
EL DESAJUSTE ENTRE LA ESCUELA
Y SU NUEVO DESTINATARIO
La incorporación de nuevos sectores sociales al nivel secundario trajo consigo la aparición de un destinatario distinto al que había sido previsto en el diseño original del sistema. Flores señaló que se trata de «un destinatario nuevo», con características, necesidades y experiencias que no encajan en el formato tradicional de la escuela.
En este contexto, la legisladora sostuvo que ese estudiante «entra sin pedir permiso y se instala en el aula, interpelando a la comunidad escolar», lo que genera un escenario de tensión entre las prácticas institucionales heredadas y las demandas actuales. Esta irrupción, según explicó, produce un «desajuste o desconcierto del mundo adulto».
Flores afirmó que la escuela secundaria no ha logrado asumir plenamente el mandato que le impone la ley, ya que «se resiste, fagocita ese mandato y continúa funcionando con una estructura que, en definitiva, desconoce a la población que tiene como destinataria». Este desacople, advirtió, impacta directamente en la calidad de la tarea pedagógica.
En esa línea, remarcó que cuando la institución educativa no reconoce a sus estudiantes reales, «lo que empieza a viciarse es la tarea pedagógica», generando dificultades que se manifiestan en múltiples dimensiones del proceso educativo.
Conflictividad , violencia y responsabilidad colectiva
Flores advirtió que este conjunto de tensiones se traduce en problemáticas concretas dentro del ámbito escolar, donde se registran situaciones de violencia, hostigamiento y conductas autodestructivas entre adolescentes. Según expresó, «tenemos chicos que agreden a otros chicos de manera tremenda» y «situaciones de violencia extrema».
La legisladora señaló que, ante estos episodios, muchas veces se evidencian carencias en las herramientas formativas que deberían haberse desarrollado en la escuela. Esto se vincula, según explicó, con el hecho de que la institución educativa «no está hablando de la realidad que le acontece a esos adolescentes».
En ese marco, sostuvo que las respuestas suelen ser insuficientes y fragmentarias, al limitarse a intervenciones «espasmódicas» que no abordan el problema en su dimensión estructural. Asimismo, destacó que fenómenos como el acoso escolar extremo no pueden ser interpretados únicamente como hechos individuales.
Flores afirmó que cuando un adolescente es llevado a una situación límite, «no estamos solamente frente a un hecho individual. Estamos frente a una trama social mucho más compleja», que involucra tanto a la escuela como a la familia y al conjunto de la sociedad.
El formato escolar, la formación
docente y las nuevas tensiones
La diputada puso especial énfasis en la ausencia de un debate profundo sobre el formato de la escuela secundaria. Señaló que ante situaciones críticas «nunca se pone en discusión el formato de la escuela», ya que el foco suele dirigirse hacia estudiantes, docentes o directivos, dejando de lado la estructura organizativa.
En ese sentido, planteó interrogantes sobre la vigencia del modelo tradicional, al preguntar: «¿cuál es hoy el formato de la escuela secundaria?» y cuestionar si sigue siendo pertinente un esquema basado en «el profesor al frente y los estudiantes sentados, escuchando una clase magistral» en un contexto atravesado por la presencia constante de dispositivos digitales.
A esta problemática se suma, según indicó, la tensión vinculada con la formación docente. Flores explicó que el sistema continúa preparando a los profesores de manera estrictamente disciplinar, lo que genera dificultades al momento de abordar contenidos transversales exigidos por la currícula.
En sus palabras, «se sigue formando al profesor de matemática para que dé matemática, al de historia para que dé historia, al de lengua para que dé lengua», mientras que la realidad educativa demanda el tratamiento de temas como educación sexual integral, educación ambiental y educación ciudadana, generando un desfasaje entre formación y práctica.
El debate pendiente
En su análisis, la diputada también puso el foco en el rol del mundo adulto, al señalar que muchas veces predomina un modelo social «violento, intolerante, discriminador, fóbico al pobre, al débil, al vulnerable», lo que dificulta exigir a los jóvenes conductas diferentes a las que observan en su entorno.
A su vez, advirtió sobre los procesos de crisis que atraviesan numerosas familias, lo que lleva a los adolescentes a buscar contención en la escuela. Sin embargo, cuando la institución educativa también se vuelve excluyente, se genera un escenario crítico en el que los jóvenes quedan sin espacios de pertenencia.
«Tenemos, entonces, un adolescente que no encuentra lugar ni en la familia ni en la escuela», expresó Flores, al describir un vacío que «duele, que angustia, que desborda» y que requiere respuestas integrales por parte del Estado y la sociedad.
En este contexto, rechazó soluciones simplificadas y afirmó que «no alcanza con medicalizar, no alcanza con sancionar, no alcanza con individualizar el problema», al tiempo que insistió en la necesidad de evitar enfoques que reduzcan el conflicto a la responsabilidad individual.
Finalmente, la legisladora sostuvo que es imprescindible abrir «una discusión profunda, sostenida, metódica» que abarque el formato escolar, la formación docente, las condiciones de vida de las familias y el compromiso estatal en términos de políticas públicas y financiamiento educativo.
En ese sentido, concluyó que el desafío central sigue siendo garantizar que los estudiantes «permanezcan, transiten y egresen», lo que exige romper con estructuras tradicionales, comprender al destinatario actual de la educación y asumir plenamente las obligaciones que establece la ley.