La Justicia chaqueña imputó ayer al secretario de Economía de la Municipalidad de Sáenz Peña, Diego Landriscina, en una causa que investiga presuntas operaciones financieras realizadas con fondos públicos por más de $1.700 millones en instrumentos bursátiles sin garantía de cobro.
La acusación fue formulada por el fiscal de Investigación N°3 de Sáenz Peña, Marcelo Soto, quien atribuyó al funcionario los delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la hipótesis fiscal, las maniobras habrían sido realizadas entre marzo de 2025 y enero de 2026 mediante la compra de cheques de pago diferido emitidos por el empresario Rubén Médula y la firma Estancia Real SRL dentro del segmento «no garantizado» del Mercado Argentino de Valores.
De acuerdo a la imputación, Landriscina habría operado sobre la cuenta comitente de la Municipalidad de Sáenz Peña en la Bolsa de Comercio del Chaco utilizando accesos remotos mediante Home Broker.
El fiscal sostuvo que durante ese período se adquirieron cheques por aproximadamente $999 millones vinculados a Rubén Médula y otros $756 millones relacionados con Estancia Real SRL, instrumentos que, según la acusación, carecían de avales o garantías de cobro.
En la audiencia judicial, Soto aseguró que para avanzar con esas operaciones el funcionario habría modificado previamente el perfil inversor del municipio, pasando de un esquema conservador a uno moderado, habilitando así inversiones de mayor riesgo financiero.
La fiscalía también puso bajo análisis presuntos beneficios económicos obtenidos por Landriscina a partir de comisiones derivadas de esas operatorias.
El funcionario negó las operaciones y apuntó contra la Bolsa
Tras la audiencia de imputación, la defensa del funcionario salió a rechazar las acusaciones y aseguró que Landriscina nunca autorizó ni ejecutó la compra de cheques sin respaldo.
El abogado defensor, Marco Molero, afirmó en declaraciones a Radio Libertad que el secretario de Economía declaró ante la Justicia y negó las versiones que indicaban que se había abstenido de responder preguntas.»Landriscina no compró ni autorizó esas operaciones», aseguró el letrado, quien además sostuvo que técnicamente el funcionario no podía realizar ese tipo de movimientos desde el perfil bursátil que le atribuye la fiscalía.
La estrategia defensiva ahora buscará desacreditar la hipótesis acusatoria mediante pericias informáticas sobre accesos, direcciones IP y movimientos dentro de la plataforma bursátil utilizada para operar.
Facturas, comisiones
y conflicto de intereses
Otro de los puntos que comenzó a ser investigado son las facturas emitidas por Landriscina a la Bolsa de Comercio entre 2022 y 2025. La fiscalía intenta determinar si esos pagos estaban relacionados con beneficios obtenidos a partir de las inversiones cuestionadas. La defensa reconoció la existencia de esas facturas, aunque sostuvo que corresponden a tareas profesionales legales vinculadas a la actividad contable y bursátil.
Según explicó Molero, Landriscina se desempeñaba como «referenciador», una figura habilitada dentro del mercado de capitales para acercar potenciales clientes o inversores. «No hubo dinero en negro ni incompatibilidad», sostuvo el abogado.
Un expediente que
recién empieza
La audiencia marcó el primer acto formal de imputación dentro de una causa que todavía se encuentra en etapa inicial y que podría derivar en nuevas medidas de prueba.
Mientras la fiscalía busca reconstruir quién ejecutó las operaciones y bajo qué autorizaciones, la defensa anticipó que profundizará su estrategia técnica para intentar desacreditar la acusación. «Hoy se trabaja sobre posibilidades, no sobre probabilidades», insistió Molero, quien incluso comparó el avance de la investigación con «un thriller psicológico» cuya resolución —según dijo— será difícil de sostener para la acusación.
En paralelo, quedó abierta la incógnita política sobre el futuro de Landricina dentro del gabinete municipal. Aunque actualmente se encuentra de licencia, su abogado afirmó que «desde lo jurídico y administrativo está en condiciones absolutas de volver a ejercer funciones», aunque aclaró que esa decisión dependerá exclusivamente del intendente Bruno Cipolini.