El escándalo de la timba financiera en Sáenz Peña sumó un nuevo capítulo: proteger a cualquier precio al intendente Bruno Cipolini y despegarlo de una causa por la cual ya fue imputado su secretario de Gobierno y mano derecha, Diego Landriscina.
Se trata del desvío de fondos públicos (más de $1800 millones) para invertirlos en la Bolsa de Comercio del Chaco en cheques «no garantizados», sin autorización del Concejo Deliberante y sin aval del Tribunal de Cuentas.
Por el hecho ya se comprobó que Landriscina no sólo participó de esas maniobras sino que también cobraba comisiones personales por cada operación. Es decir, «estaba de los dos lados del mostrador».
Gracias a una investigación rigurosa, técnica e independiente del fiscal Marcelo Soto, Landriscina fue imputado por malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El secretario de gobierno está imputado pero, «falta el jefe de la banda».
A horas de que el fiscal Soto concretara la imputación del intendente Bruno Cipolini por los mismos delitos, en la misma causa, con las pruebas ya acreditadas, se activó una maniobra coordinada para blindarlo porque las pruebas son contundentes y necesita que la justicia no funcione para seguir impune.
EL BLINDAJE: PASO A PASO
- El juez De Cesare dicta una cautelar de blindaje. El juez Carlos Augusto De Cesare — quien mantiene vínculos personales con el intendente Cipolini y se encuentra concursando para ascender a Juez de Cámara en el Consejo de la Magistratura — dictó una medida cautelar que frenó el avance de la causa. La querella entiende que ese fallo carece de sustento jurídico real y que su único efecto fue simular que los fondos estaban resguardados para reducir el impacto político de la denuncia penal. Ante ello, evaluamos avanzar con el pedido de Jury de Enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura por su connivencia con el intendente. No es un dato menor: en las próximas semanas, ese mismo Consejo podría nombrarlo Juez de Cámara.
- El juez Kubicek rechaza su propia recusación y mete al acusado como querellante. El juez de Garantías Luis Alberto Kubicek fue recusado por la querella por razones concretas y verificables: es amigo personal de Cipolini — existen fotos públicas que lo acreditan —, su concubina es apoderada institucional del intendente ante la justicia, y sus vínculos con el entorno de Cipolini son de público conocimiento en Sáenz Peña. Kubicek rechazó su propia recusación. Ese planteo está ahora en la Cámara para ser resuelto. Pero antes de que eso ocurra, dictó el Interlocutorio N° 65: revocó la decisión del fiscal que impedía a la Municipalidad ser querellante y ordenó incorporarla al proceso. En términos concretos: el juez amigo del intendente le abrió la puerta para que el propio investigado — Bruno Cipolini, como representante legal del municipio — ingrese como querellante en la causa donde él mismo es el acusado. El acusado como acusador en su propia causa.
- La Procuración General designa una fiscal para neutralizar a Soto. Mediante la Resolución N° 45, firmada el 19 de mayo de 2026 por el procurador subrogante Hugo Miguel Fonteina, se designó a la fiscal de Cámara Verónica Bastos para actuar de manera conjunta con el fiscal Marcelo Soto en los expedientes 835/2026-2 y 1179/2026-2. El efecto práctico es inmediato: Soto no puede avanzar con ninguna disposición procesal sin la firma de Bastos. Una investigación independiente se convirtió en una que requiere doble firma — justo cuando estaba a punto de alcanzar al intendente.
- Arregín entra para forzar la inhibición del fiscal Soto. El intendente Cipolini designó al abogado Juan Arregín como su defensor. La elección no fue casual: existen denuncias previas entre Arregín y el fiscal Soto, lo que habilita una recusación formal. La estrategia fue quirúrgica: si Soto no podía avanzar solo por la designación de Bastos, la recusación lo sacaría de la causa por completo.
- El fiscal Soto se aparta. El fiscal Marcelo Soto — quien había logrado la imputación de Landriscina y tenía en sus manos las pruebas para imputar a Cipolini — aceptó la recusación presentada por la defensa del intendente y se apartó de la causa 835/2026-2. El fiscal que construyó la investigación fue sacado de ella cuando estaba a un paso del siguiente escalón. La amenaza de un jury en el Consejo de la Magistratura, donde el oficialismo provincial tiene mayoría, completó el cuadro de presión sobre quien más incomodaba al poder local.
*Diego Landriscina, imputado por malversación de fondos y negociaciones incompatibles.
EL RIESGO CONCRETO: EL FISCAL COLLADO
Si la causa queda en manos del fiscal Collado, la impunidad estaría garantizada. Collado es un funcionario muy cuestionado, con vínculos con el intendente Cipolini, que no aprobó el examen para ser fiscal y que sin embargo continúa en su cargo. ¿Por qué? Porque el propio intendente Cipolini bloqueó en el Consejo de la Magistratura la designación de los tres únicos candidatos que aprobaron el concurso con excelencia. Los tres rindieron con los mayores puntajes. Los tres fueron frenados. La razón es simple: no responden políticamente al intendente y son personas con la independencia necesaria para investigar sin mirar a quién. Mientras esos fiscales esperan ser designados, Collado sigue. Eso no es casualidad: es una decisión política deliberada para mantener el control sobre la justicia local.
MANIOBRA POLÍTICA
Pero esto no es el resultado de interpretaciones jurídicas distintas ni de decisiones técnicas discutibles, sino que es una operación coordinada para impedir que el intendente Bruno Cipolini sea imputado por hechos que están probados, documentados y que ya derivaron en la imputación formal de su secretario de gobierno. Un juez amigo que rechaza su propia recusación. Otro juez amigo que dicta una cautelar mientras concursa para ascender. Una fiscal designada de urgencia para paralizar al investigador. Un abogado elegido para forzar la inhibición del fiscal. Un Consejo de la Magistratura usado como herramienta de presión. Y un fiscal cuestionado esperando hacerse cargo de la causa. Cada pieza de este engranaje cumplió una función. El resultado: el fiscal que tenía las pruebas fue apartado de la causa.
VECINOS PERJUDICADOS PIDEN JUSTICIA
Esto es una afrenta a la institucionalidad de la provincia del Chaco y a los vecinos y vecinas de Sáenz Peña, que son quienes pagaron con sus impuestos los más de 1.800 millones de pesos comprometidos en maniobras financieras ilegales.
Los saenzpeñenses saben lo que pasó, saben quiénes son los responsables y que las maniobras judiciales no borran los hechos ni devuelven la plata.
Las pruebas que construyeron esta causa no desaparecen con el apartamiento del fiscal Soto, están en el expediente, son públicas y son contundentes.
Ahora resta esperar que la Cámara resuelva la recusación de Kubicek con independencia y sin demoras y que el Consejo de la Magistratura designe a los fiscales que aprobaron el concurso por sus méritos y no siga bloqueando su designación por razones políticas.
Asimismo, la Procuración General debe garantizar que la investigación sobre Bruno Cipolini continúe con la misma seriedad y rigor con que fue conducida por el fiscal Soto, porque la impunidad no es una opción aceptable cuando hay fondos públicos comprometidos, cuando hay funcionarios que se enriquecieron a costa del municipio y cuando hay una ciudad entera que merece saber la verdad y ver que la justicia funciona.