El Ejecutivo municipal Resistencia busca para declarar la emergencia hídrica en Resistencia, sin embargo desde la oposición cuestionaron el aspectos sobre la discrecionalidad de los recursos.
El concejal de Resistencia Futura, Guillermo Monzón, en contacto con Radio Natagalá, aclaró que su bloque considera necesaria la preparación de la ciudad ante el escenario climático previsto para los próximos meses y que no se opone a la declaración de emergencia.
Su objeción se concentra en las facultades que, según explicó, la iniciativa otorgaría al Ejecutivo para disponer contrataciones y adquisiciones mediante procedimientos más flexibles.
La discusión se produce, además, mientras los últimos informes técnicos sobre El Niño recomiendan a los municipios aprovechar el período previo a los meses considerados de mayor seguimiento para revisar planes de contingencia, infraestructura de drenaje, maquinaria, insumos y mecanismos de coordinación institucional.
El proyecto municipal tuvo esta semana un tratamiento conjunto en las comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Hacienda y, de acuerdo con Monzón, llegaría el próximo martes al recinto del Concejo Municipal.
«No estamos en contra de la emergencia hídrica, es necesaria», afirmó el concejal. Sin embargo, consideró «muy polémica» la redacción de la ordenanza porque, según sostuvo: «Busca prácticamente liberar todas las formas de contrataciones, gastos operativos y distintas formas de contratación» destinadas a responder ante una contingencia.
Monzón sostuvo que la excepcionalidad que requiere una emergencia no debería significar la eliminación de mecanismos de fiscalización. «Queremos que los controles y las formas de contratación que pueden surgir de manera rápida y espontánea durante el agente climático se concreten, pero bajo las normas y controles necesarios», expresó.
El pedido de la oposición
Durante el tratamiento en Comisión, Resistencia Futura propuso que los concejales pudieran acceder a la documentación correspondiente a los procedimientos realizados durante la emergencia.
El planteo comprende pedidos de compra, gastos, adquisiciones, alquileres de maquinarias y demás operaciones que puedan concretarse para responder ante lluvias intensas, anegamientos u otras contingencias.
Monzón sostuvo que incluso propusieron formalizar mediante la propia ordenanza el acceso de los bloques a esa información. «Aunque sea por lo menos que esté formalmente en la ordenanza ser partícipes y acceder a la información de todos los procedimientos», explicó.
También plantearon incorporar representantes del Concejo al comité de emergencia, tanto para aportar propuestas como para realizar un seguimiento de las decisiones administrativas.
Según afirmó el edil, ninguna de esas modificaciones fue aceptada durante el debate y el oficialismo mantendría la intención de aprobar el texto remitido por el Ejecutivo sin cambios.
Monzón aseguró que el bloque gobernante cuenta con los votos para hacerlo y cuestionó que, a su entender, no haya existido una mayor apertura para discutir modificaciones. «No estamos en contra, estamos a favor de los vecinos, porque se trata de recursos económicos muy importantes», remarcó.
El concejal sostuvo que conocer esos procedimientos forma parte de las atribuciones del cuerpo deliberativo. «También tenemos una representatividad comunitaria y vecinal, pero fundamentalmente tenemos que hacer nuestra función, que es controlar y ser parte de los procedimientos administrativos, más que nada cuando se trata de fondos públicos», afirmó.
Una emergencia
en curso
El escenario climático que fundamenta la iniciativa municipal no es hipotético. La última Nota Técnica Conjunta elaborada por equipos de la Universidade Federal de Santa María, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y la Administración Provincial del Agua indicó que El Niño se encuentra establecido y continúa fortaleciéndose.
La actualización técnica conocida esta semana contiene justamente una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos locales.
Entre las principales medidas plantea revisar los planes de contingencia, definir responsables, contactos, guardias y niveles de activación e identificar nuevamente los lugares donde suelen producirse anegamientos o cortes.
También recomienda verificar el estado de alcantarillas, canales, cunetas, sumideros y estaciones de bombeo, además de puentes, defensas, terraplenes y accesos.
Los municipios deberían además identificar refugios y rutas alternativas, mantener actualizados los registros de población expuesta y organizar anticipadamente equipos, maquinaria, combustible e insumos.
La recomendación es establecer un seguimiento permanente de los pronósticos y alertas del SMN, las precipitaciones observadas, los niveles de los ríos y el estado de los puntos críticos de cada localidad.
Lagunas, canal Soberanía y cavas
Es precisamente sobre la infraestructura preventiva donde Monzón concentra otro de sus cuestionamientos.
El concejal recordó proyectos presentados para avanzar en la limpieza de lagunas y del canal Soberanía, cuyo funcionamiento resulta clave para el escurrimiento de una parte importante de la zona sur del área metropolitana.
Según planteó, una intervención efectiva sobre ese canal requiere superar los límites jurisdiccionales de Resistencia y coordinar acciones con la Administración Provincial del Agua (APA) y otros municipios, debido a que el sistema recibe y conduce agua proveniente de distintos sectores del Gran Resistencia.
Monzón también volvió sobre la situación de las cavas de la zona norte. Explicó que existen siete reservorios comprendidos en el Plan Hídrico de la Zona Norte aprobado por el APA en 2011 y sostuvo que cumplen una función comparable con la de las lagunas naturales de la ciudad.
Su función consiste en retener temporalmente parte del agua durante episodios de precipitaciones y reducir la velocidad con la que llega hacia el río Negro y las áreas ubicadas dentro de su valle de inundación.
«Son fundamentales», sostuvo Monzón, quien consideró que su recuperación permitiría disminuir el riesgo de anegamientos tanto en barrios de la zona norte como en villa Río Negro y sectores próximos al río.
El edil recordó que hubo denuncias por rellenos con residuos en una de esas cavas y afirmó que mantuvieron una audiencia judicial por esa situación. Según sostuvo, no observa hasta el momento un programa municipal destinado a recuperar integralmente el funcionamiento de esos reservorios.
Por otro lado, Monzón sumó a sus cuestionamientos una obra de edificación aprobada recientemente en el sector del barrio La Ribera. Según afirmó, la construcción tendría restricciones derivadas de las normas correspondientes al valle del río Negro y aseguró que vecinos del sector manifestaron su oposición.
El concejal utilizó ese caso para marcar lo que considera una contradicción entre determinadas decisiones urbanísticas y la posterior declaración de una emergencia hídrica. «Nos llama muchísimo la atención que el Municipio tenga acciones en contra del funcionamiento hídrico de la ciudad y nos presente ahora un plan de emergencia hídrica», cuestionó.
El acceso a la información en disputa
El reclamo de Monzón para incorporar controles sobre las contrataciones que se realicen durante la emergencia hídrica se inscribe además en una discusión que la oposición viene manteniendo con el Ejecutivo municipal por el acceso a documentación sobre gastos y contrataciones.
Concejales opositores realizaron distintas presentaciones ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) luego de reclamar información que, según sostuvieron, no les era suministrada por el municipio.
La intervención del organismo no determinó la existencia de irregularidades en el manejo de esos recursos, sino que respaldó el derecho de los ediles a acceder a la información requerida para ejercer su función de control y poder esclarecer los interrogantes planteados.
Entre esas dudas, la oposición puso bajo la lupa una asignación presupuestaria superior a los $44 mil millones para alquiler de maquinaria y camiones, que según sus cálculos comprende más de un millón de horas contratadas.
También cuestionó el destino de más de $17 mil millones a la amortización de deudas de ejercicios anteriores, frente a un límite de $2.190 millones que, de acuerdo con los ediles, había sido establecido mediante el mecanismo de «Legítimo abono».
Los concejales plantearon además interrogantes sobre presupuestos de obras que, según sus propios análisis, presentarían diferencias de hasta 300% respecto de valores tomados como referencia, así como sobre determinadas compras, proveedores y concesiones municipales.
Son cuestionamientos de la oposición que requieren, precisamente, del acceso a la documentación administrativa para poder ser corroborados o descartados.