El Ministerio de Economía envió una nota a las provincias solicitándoles que promuevan la derogación de tasas municipales que «no guarden proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio».
Según el Gobierno, estas tasas son consideradas «ilegales y arbitrarias», ya que incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.
La medida busca reducir la presión tributaria y evitar que estas tasas impacten negativamente en los costos de bienes y servicios.
RECLAMO DE AJUSTE A LA LEGISLACIÓN VIGENTE
El documento también insta a las provincias a intimar a los municipios que no cumplan con los requisitos legales, advirtiendo que podrían ser suspendidos de la masa coparticipable.
El pedido se centra en eliminar tasas que coincidan con hechos imponibles o bases de impuestos nacionales coparticipables, o que no respeten la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde el Palacio de Hacienda señalaron que estos tributos afectan la inflación y perjudican tanto a los ciudadanos como a las jurisdicciones.
IMPACTO DE LA COPARTICIPACIÓN Y LOS RECURSOS PROVINCIALES
La cartera dirigida por Luis Caputo enfatizó que estas tasas municipales son deducibles en la liquidación del Impuesto a las Ganancias, lo que disminuye la masa coparticipable.
Este hecho, según el Gobierno, genera un perjuicio al Estado Nacional y a las provincias, afectando sus recursos coparticipables sin justificación.
Asimismo, destacaron que la Ley de Coparticipación prohíbe a los municipios gravar materias imponibles sujetas a impuestos nacionales distribuidos.
Respuestas y debate en las provincias
El pedido del Gobierno generó reacciones en las provincias, algunas de las cuales argumentaron que el 80 por ciento de la presión tributaria proviene de impuestos nacionales.
En este contexto, se reavivó el debate sobre la legalidad de las tasas municipales y su impacto en las economías locales.
Mientras tanto, casos como el de la Tasa Vial en Mar del Plata, que grava la carga de combustible, continúan siendo objeto de controversia legal y política.
En algunas provincias, como Córdoba y Entre Ríos, se destacó el respeto a la autonomía municipal, que está garantizada por las constituciones provinciales.
En Catamarca, el intendente de San Fernando del Valle defendió las tasas municipales relacionadas con servicios como el alumbrado público, argumentando que estas tasas son necesarias para cubrir los costos de los servicios prestados, aunque también reconoció que los pagos no siempre van directamente al municipio.
Otros distritos, como el de la provincia de Buenos Aires, se mostraron preocupados por el impacto de las tasas municipales sobre las empresas locales, con empresarios denunciando altos costos y el traslado de estos impuestos a los precios de los productos.
El conflicto sobre las tasas municipales también se intensificó en el ámbito judicial, con decisiones como la de la Cámara de Apelación en Mar del Plata, que revirtió un fallo que impedía a la ciudad cobrar una Tasa Vial.
Segundo intento
El 11 de septiembre del año pasado, el Gobierno nacional prohibió a los municipios incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos como luz, gas y agua. Esta medida, formalizada a través de la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Comercio, establece que las facturas de servicios esenciales deben contener únicamente la descripción y el precio del servicio contratado, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio.
La decisión generó reacciones adversas entre los intendentes de diversas provincias, quienes argumentaron que la medida afectaría la autonomía municipal y los recursos destinados a servicios locales. En particular, se expresó preocupación por el impacto que tendría sobre los ingresos de los municipios, que en muchos casos dependen de estas tasas para financiar obras y servicios de cercanía.
En el caso específico de Chaco y Corrientes, hasta el momento no se han registrado declaraciones públicas de funcionarios provinciales o municipales en respuesta a esta medida.
Aunque la cuestión sigue siendo un tema de debate a nivel nacional, las autoridades de ambas provincias han optado por no emitir comentarios oficiales, para evitar un conflicto directo con la normativa nacional.
Se trata de un silencio relacionado con el principio de autonomía municipal consagrado en sus respectivass cartas magnas, que otorga a los gobiernos locales la facultad de gestionar sus propios recursos y políticas.
Sin embargo, la falta de respuesta oficial no significa que la medida no esté siendo evaluada en los ámbitos políticos y administrativos en ambas provincias.
En la antesala de un próximo escenario electoral, es probable que, en el futuro, en ambas orillas, candidatos afines al oficialismo en la Nación generen más discusiones y posicionamientos en torno a cómo equilibrar la autonomía de los municipios con las decisiones que reclama el presidente Javier Milei.