La decisión de habilitar la feria judicial para otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a un presunto capo narco de la zona de Las Palmas puso en el ojo de la tormenta a la jueza Federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger. Un artículo publicado en el portal Litigio brinda su punto de vista al respecto.
Esta medida no solo generó polémica por la resolución en sí, sino también por el precedente que estableció, el cual ya repercutió en un reciente pedido para que se aplique un criterio similar en favor de una imputada en otra causa por narcotráfico.
EL CASO PICHÓN
José Alberto “Pichón” Suárez, acusado de ser un capo narco de la región de Las Palmas, obtuvo recientemente el beneficio del arresto domiciliario con el argumento de que debía encargarse del cuidado de su padre, un hombre de avanzada edad, luego de que dos solicitudes anteriores fueran rechazadas.
Dueño del campo Mongay, situado en Las Palmas y estratégicamente cercano a Paraguay, Suárez habría utilizado este lugar, según la investigación realizada por Gendarmería Nacional y la Fiscalía Federal de Resistencia, como una especie de “corredor” para la llegada de aviones cargados con drogas procedentes del país vecino.
Tras varios intentos fallidos, finalmente consiguió el visto bueno de la jueza Zunilda Niremperger, quien habilitó la feria judicial para aceptar el pedido de prisión domiciliaria, gracias a los esfuerzos de los abogados defensores de Suárez, Alejandro Fischer y Jorge Alcántara.
La defensa del imputado argumentó que el estado de salud del padre de Suárez había empeorado significativamente. Según indicaron, el hombre de 93 años no es autosuficiente y requiere atención constante. Hasta ahora, su cuidado había recaído en la esposa de Suárez y en una profesional de la salud. No obstante, la mujer, además de encargarse de una carnicería familiar, enfrenta problemas de salud propios, lo que complicaba la situación. Asimismo, señalaron que el anciano utiliza pañales y siente vergüenza de recibir ayuda de personas ajenas a su familia.
EL CONSIDERANDO
“Tengo en cuenta que la vejez es la última etapa del curso de la vida y debería poder transitarse de la forma más autónoma posible, sin discriminación y respetando la dignidad intrínseca de todos los seres humanos., por tanto, la problemática del adulto mayor debe ser una cuestión que necesita ser visibilizada en el contexto de actuación del sistema de justicia, a fin de la adopción de decisiones que permitan preservar la calidad de vida de los adultos mayores mediante el respeto de sus derechos fundamentales”, indicó la magistrada en su resolución, fechada el 9 de enero pasado.
“En este lineamiento”, añadió, “y sin perjuicio de la postura asumida por el Sr. Fiscal Federal, teniendo en cuenta el principio de mínima trascendencia de la pena a terceros y por razones de humanidad y trato digno, en respeto de los derechos fundamentales de los adultos mayores, entiendo que deviene propicio morigerar la detención del aquí imputado al solo y único efecto de lo antes referenciado. Ello previa colocación de dispositivo de rastreo electrónico, entendiendo que con ello se garantizan los intereses del proceso que el Ministerio Publico pretende proteger y a la vez que neutraliza los riesgos procesales expuestos y se contribuye a una solución integral más justa para terceros ajenos a la causa que sufren las consecuencias directas del sistema penal”.
El presunto narcotraficante había sido arrestado en mayo de 2023, acusado junto a miembros de Gendarmería y civiles de integrar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Desde entonces, se encontraba preso en un lugar de detención.
Una solicitud parecida pero destinada a una mujer
Quien se enteró por los medios de esta resolución fue el abogado, Nicolás Boniardi Cabra. Rápido de reflejos, presentó un escrito ante la jueza Niremperger en el cual solicitó que se habilite la feria judicial y que se aplique el mismo criterio en favor de su defendida, quien se encuentra detenida en una causa por infracción a la Ley 23.737 (de Drogas) que se tramita en el juzgado de la magistrada.
“Por el presente acto, venimos a solicitar que la medida restrictiva de la libertad se desarrolle bajo la modalidad morigerada de arresto domiciliario de nuestra defendida (…) con las medidas de control y monitoreo que se estimen pertinentes. Además, según informan medios locales que su señoría le habría otorgado la prisión domiciliaria a Pichón Suárez para el cuidado de su padre. En el caso que nos compete, mi defendida tiene dos hijos que se están quedando con persona extraña que ni son familiares directos”, argumentó Cabra.
El abogado pidió que se tome en cuenta el interés superior del niño y que se pondere el hecho de que las hijas de la imputada son menores de edad.
“Debe ponderarse que nuestra defendida es madre de dos menores de edad, quien siempre tuvo el cuidado exclusivo y directo de las mismas, ya que por motivos de violencia intrafamiliar no cuentan con ayuda del progenitor y/o familiares de este”, afirmó en el escrito, presentado el martes.
Adjuntó al pedido la resolución emitida por el Juzgado de la Minoridad de Resistencia en lo Penal donde se decretó la prohibición de acceso y acercamiento del progenitor hacia las menores de edad y también hacia la progenitora, por hechos ocurridos hace aproximadamente un año.
“Al margen de que mi defendida no desconoce el vínculo paterno filial, no puede someter a sus hijas nuevamente a hechos de violencia emanadas por parte del padre de las mismas, por lo cual al día de la fecha las menores se encuentran bajo la custodia momentánea del suegro de la señora, quien no es familiar directo, pero que mínimamente asegura el cuidado sano de las menores frente a la ausencia de la familia paterna y de los abuelos maternos”, añadió.