El Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco ha ratificado las observaciones presentadas por el Profesor Favio Vázquez respecto a presuntas irregularidades en la rendición de cuentas del Instituto del Deporte Chaqueño correspondiente al ejercicio 2023. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, da inicio a un Juicio de Cuentas y otorga un plazo de 30 días a los implicados para presentar sus descargos y la documentación respaldatoria.
Según la Resolución N° 190/24- ACUERDO SALA I, el Tribunal aprueba la rendición de cuentas con salvedades, específicamente por un faltante de Pesos Cincuenta y Tres Millones Ciento Veintiún Mil Doscientos Doce con Noventa y Siete Centavos ($53.121.212,97).
Entre los implicados, se destaca el inicio de Juicio de Cuentas a Roberto A. Meza, Director de Administración del Instituto del Deporte Chaqueño, por la suma de Pesos Quinientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Veintitrés con Noventa y Ocho Centavos ($582.623,98) por «Abonado de más y Documentación faltante».

Asimismo, se inicia Juicio de Cuentas a Vanesa Lorena Machado, presidenta de la Asociación Civil Club Parque Patricios; Estefanía Abigail, tesorera de la Asociación Civil Club Parque Patricios; y a Sergio Oscar Caballero, vocal de la Asociación Civil Club Parque Patricios, de manera solidaria por Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($250.000,00) en concepto de «Documentación Faltante».
También se encuentra bajo la lupa José Ángel Alarcón, presidente de la Fundación Realizando Sueños, y Rafael Marcelo Canteros Valls, secretario de la Fundación, solidariamente, por Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($350.000,00) por la misma causa de «Documentación Faltante».
Finalmente, la resolución inicia Juicio de Cuentas a Roberto A. Meza y a Osvaldo Pérez Cuevas, ex Presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, por «Deficiencia Administrativa» con alcance de REPARO y aplicación de multa.
La intervención del área de Juicio Administrativo de Responsabilidad se da por la suma total observada, a fin de dilucidar la responsabilidad de las personas intervinientes. Los acusados tendrán un plazo perentorio de 30 días para presentar sus descargos y los comprobantes que consideren pertinentes ante el Tribunal de Cuentas. En caso de no hacerlo, las observaciones formuladas podrían quedar firmes, perdiendo el derecho a ofrecer pruebas en su defensa.
