La investigación por las millonarias inversiones realizadas por el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, gobernada por el radical Bruno Cipolini, en la Bolsa de Comercio quedó envuelta en una nueva polémica judicial tras la decisión de aceptar la inhibición del fiscal Marcelo Soto y dejar la causa en manos del Equipo Fiscal N°4, encabezado por Gustavo Valero.
Detrás de la resolución firmada por la Procuración General Adjunta aparecen interrogantes que vuelven a golpear la credibilidad del sistema judicial chaqueño: fiscales enfrentados, denuncias cruzadas, planteos de “violencia moral” y una causa sensible que parece avanzar más entre internas tribunalicias que sobre el fondo de la investigación.
El apartamiento de Soto no fue menor. El fiscal sostuvo que no podía continuar interviniendo luego de haber sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el abogado Juan Antonio Arregin (abogado de Marcos Resico, en causas contra periodistas que denuncian entre otras cosas lo mal que está haciendo la gestión de Leandro Zdero), situación que —según argumentó— afectaba las garantías de objetividad e independencia necesarias para actuar con imparcialidad.
Sin embargo, la situación deja una señal preocupante: ¿alcanza una denuncia contra un fiscal para forzar su apartamiento en una causa de alto impacto institucional? La pregunta no es menor en una provincia donde las denuncias cruzadas entre actores judiciales y políticos se volvieron moneda corriente.
En un primer momento, el fiscal Gustavo Valero había rechazado el apartamiento al considerar que la denuncia contra Soto ya había sido desestimada y que no existían motivos suficientes para justificar la inhibición.
Pero luego la Procuración General Adjunta terminó aceptando el planteo, bajo el argumento de preservar la confianza pública en la administración de justicia.
El problema es que esa confianza parece deteriorarse cada vez más.
La investigación sobre las inversiones municipales en la Bolsa de Comercio ya arrastraba cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones sobre el manejo de fondos públicos. Ahora, además, queda atravesada por un escenario de fragilidad institucional dentro del propio Ministerio Público Fiscal.
La resolución también deja expuesta otra discusión de fondo: la creciente judicialización de las disputas personales y políticas dentro del sistema judicial chaqueño.
El concepto de “violencia moral” utilizado para justificar el apartamiento abre un antecedente delicado que podría ser utilizado en futuras causas sensibles para cuestionar fiscales incómodos.
Mientras tanto, la sociedad sigue esperando respuestas concretas sobre el destino de los fondos investigados, el rol de los funcionarios involucrados y la transparencia de las operaciones realizadas.
Porque más allá de qué fiscal tenga el expediente, el verdadero problema es que otra causa de relevancia pública vuelve a quedar atrapada en las turbulencias internas de una Justicia chaqueña que hace tiempo dejó de transmitir certezas.
Hasta el momento Cipolini viene esquivando la investigación. Realizó un acuerdo con la Bolsa de Comercio para que la comuna recupere fondos y él ni siquiera aparece como investigado. No corrió la misma suerte Diego Landriscina, su mano derecha, que está imputado.
