El juicio oral por la brutal golpiza policial a una familia de la comunidad qom en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, que había sido fijado para comenzar el próximo 23 tras el fracaso de la audiencia preliminar y el rechazo de la defensa a una salida alternativa, no se llevará a cabo en esa fecha.
La Cámara Segunda en lo Criminal resolvió posponerlo hasta septiembre, en lo que representa la segunda postergación consecutiva de un proceso que ya acumula más de seis años sin debate.
Así lo informó el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, querellante institucional en la causa, a través de un escrito presentado ante el tribunal en el que reclama que se garantice la realización del juicio «sin más dilaciones».
Según el escrito, mediante un decreto del pasado 3 el tribunal suspendió las audiencias que estaban fijadas para el 23, 24, 25 y 30 de junio, y para el 1, 2, 7 y 8 de julio próximo. En su lugar, dispuso nuevas fechas para el 14, 16, 17, 22, 23, 24, 29 y 30 de septiembre.
La medida se fundamentó, según consta en una constancia de Secretaría del 2 de junio, en las licencias de las juezas María Virginia Ise (del 10 al 26 de junio) y Cristina Pisarello (2 y 3 de julio), y en la agenda del tribunal para otros juicios: un proceso por jurados en agosto y otra audiencia de debate ese mismo mes.
Ise, se recueda, tiene previsto para el próximo 30 exponer en la Comisión de Acuerdos del Senado en el marco del análisis del pliego para ser designada como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
SEIS AÑOS SIN JUSTICIA
Esta es la segunda suspensión de relevancia, luego de que en octubre de 2025 el tribunal ya hubiera postergado audiencias de debate fijadas para noviembre y diciembre de ese año, por superposición con el juicio por jurados del femicidio de Cecilia Strzyzowski.
El abogado que representa al Comité, Guillermo Cuéllar, sostuvo en su presentación que los hechos ocurrieron en 2020 y que el plazo transcurrido «excede holgadamente» el límite de dos años (prorrogable excepcionalmente a tres) que establece el Código Procesal Penal del Chaco.
Argumentó además que las causales invocadas para suspender -licencias y superposición de agendas- no resultan, a su criterio, suficientes para justificar una demora que ya lleva más de un año solo en esta segunda etapa de postergaciones.
El escrito – publicó el portal judicial Litigio –enfatiza que las víctimas pertenecen a la comunidad qom, lo que según la Ley provincial 3413-J y la Ley Nacional 27.372 las ubica en una situación de especial vulnerabilidad que exige una respuesta judicial más célere, especialmente al tratarse de hechos de violencia institucional.
También cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en los casos «Bulacio versus Argentina» y «Gutiérrez Navas versus Honduras» estableció que en procesos por torturas y tratos crueles el plazo razonable se acorta por la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas.
Con ese argumento, el Comité solicitó que el tribunal arbitre los medios necesarios para que la audiencia de septiembre se realice efectivamente, «a más tardar en los primeros días del mes de agosto», sin nuevas postergaciones, y que esta causa sea priorizada sobre otros asuntos que no revistan igual gravedad institucional.
Además, pidió que -en caso de ser necesario- se requiera al Superior Tribunal de Justicia (STJ) o al procurador general la integración del tribunal con jueces subrogantes para garantizar la continuidad del debate.
LA CAUSA
En la madrugada del 31 de mayo de 2020, efectivos policiales irrumpieron sin orden judicial en una vivienda del barrio Banderas Argentinas de Fontana.
De acuerdo con la investigación, los uniformados golpearon a jóvenes qom -entre ellos una adolescente- y profirieron insultos de contenido racista y discriminatorio.
Las agresiones y amenazas continuaron en la comisaría Tercera de Fontana mientras las víctimas permanecían detenidas. El caso alcanzó repercusión nacional tras la viralización de un video del operativo.
El entonces presidente Alberto Fernández calificó públicamente las imágenes de «inaceptables». Entre los gritos registrados en la causa figura la frase: «Indios de mierda, los vamos a matar».
Los diez efectivos que llegarán a juicio enfrentan distintas imputaciones. Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están acusados de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas. Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González responderán por vejaciones agravadas.
En tanto que Sebastián Alberto Vallejos enfrenta cargos por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria Claudia Beatriz Lucena está imputada por encubrimiento agravado y detención ilegal.