El Bloque Justicialista de la Legislatura chaqueña presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre el uso de más de $2.625 millones destinados a campañas publicitarias a través del FAPPO, señalando posibles irregularidades en la contratación de empresas vinculadas a operaciones digitales y falta de transparencia en los procedimientos.
Legislatura del Chaco, a través del Bloque Justicialista, presentó un proyecto de resolución que exige al Poder Ejecutivo provincial un informe detallado sobre el manejo del Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias Oficiales (FAPPO), ante la sospecha de que se estén utilizando fondos públicos para financiar campañas de manipulación en redes sociales.
La principal preocupación expresada es la falta de transparencia en la asignación de los fondos, los cuales, según Nicolás Slimel (el impulsor del pedido de informe), habrían sido utilizados para contratos de gran envergadura, sin la debida fiscalización ni licitaciones públicas. Se señala que, entre 2024 y 2025, se habrían destinado más de $2.625 millones a estas campañas, con contratos que oscilarían entre los 8 y 45 millones de pesos mensuales.
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS FONDOS PÚBLICOS?
Slimel destacó que, a diferencia de otras provincias que cumplen con la obligación de publicar los contratos en boletines oficiales, en Chaco no existe la misma claridad. Según el legislador, las asignaciones habrían sido gestionadas fuera de los canales oficiales, en una estructura administrativa que no está prevista para tal fin, lo que incrementa la opacidad del proceso.
Asimismo, se planteó la posibilidad de que empresas sin antecedentes en la región recibieran grandes sumas de dinero por servicios publicitarios, sin que se pueda verificar el real beneficio de estas contrataciones en términos de desarrollo local o bienestar social, sobre todo en un contexto donde Chaco enfrenta altos índices de pobreza.
CONTRATOS CON EMPRESAS VINCULADAS A OTRAS PROVINCIAS
El proyecto de resolución también hace referencia a la contratación de varias empresas que, según Slimel, habrían sido objeto de investigaciones y denuncias en otras provincias, debido a su vinculación con operaciones digitales en campañas electorales pasadas. Entre las empresas mencionadas se encuentran P&P Social Media SRL, ADYOUWISH SRL, SMART DATA SAS y SMART CONSUMER SA, todas ellas relacionadas con la manipulación informativa y la creación de redes de cuentas falsas, prácticas que se habrían registrado en otras gestiones provinciales.
El pedido de informes se centra en el posible involucramiento de ciertas empresas en estas operaciones digitales, mencionando a P&P Social Media SRL, ADYOUWISH SRL, SMART DATA SAS y SMART CONSUMER SA. Slimel señaló que estas firmas “fueron objeto de denuncias públicas y auditorías por su participación en contrataciones sospechosas con otros gobiernos provinciales y por estar vinculadas a la provisión de servicios de propaganda, redes de cuentas falsas y operaciones digitales durante campañas electorales”.
PUNTOS CLAVE DEL PEDIDO DE INFORMES
El proyecto de resolución solicita al Poder Ejecutivo provincial información detallada sobre:
Los criterios de selección, evaluación y adjudicación de proveedores del FAPPO.
El listado completo de empresas contratadas, incluyendo datos como razón social, CUIT y objeto del servicio.
Los montos mensuales y anuales contratados a cada proveedor.
Copias de las certificaciones de cumplimiento y facturación de servicios.
Información sobre posibles contrataciones superpuestas o duplicadas.
Aclaración sobre las relaciones contractuales con las empresas mencionadas (P&P Social Media SRL, ADYOUWISH SRL, SMART DATA SAS y SMART CONSUMER SA).
Se exige que las respuestas sean emitidas por escrito y documentadas, dentro de los plazos legales establecidos.
La oposición busca, con este pedido de informes, fiscalizar el uso de los fondos públicos y garantizar la transparencia en las contrataciones del gobierno provincial, especialmente en lo que respecta a la publicidad digital y el posible financiamiento de campañas de manipulación en redes sociales.
Slimel subrayó que la falta de respuesta a estos interrogantes socavaría la confianza de la ciudadanía en la gestión pública, y resaltó la importancia de que el Ejecutivo cumpla con la normativa establecida para garantizar la transparencia en el uso de los recursos del Estado.
EL PROYECTO 959/25
El proyecto de Resolución 959/25, impulsado por el presidente del Bloque Justicialista, Nicolás Slimel, busca esclarecer el funcionamiento del FAPPO y el destino de los recursos que administra. La iniciativa también incluye un pedido de información a los directorios de Lotería Chaqueña, SECHEEP y SAMEEP, en el marco de la función de control del Poder Legislativo.
