La crisis de acceso al agua potable que afecta desde hace años a los habitantes del barrio Zampa, en el sur de Resistencia, alcanzó una nueva instancia institucional luego de que vecinos lograran que la Justicia chaqueña avanzara con medidas concretas para exigir explicaciones y respuestas por parte de distintos organismos estatales.
El proceso judicial se desarrolló este viernes en el Juzgado Civil y Comercial 21, bajo la intervención del juez Julián Flores, quien encabezó la audiencia destinada a escuchar a las partes involucradas y evaluar el alcance de las denuncias presentadas por vecinos del sector.
La instancia representó un punto de inflexión para el reclamo comunitario, al transformar una demanda sostenida durante años en un expediente judicial con capacidad de exigir respuestas formales y acciones concretas de reparación.
Durante la audiencia quedó expuesta la magnitud de una situación que impacta sobre más de mil familias del barrio Zampa, considerado uno de los sectores más afectados por la crisis hídrica en la capital chaqueña. Los testimonios recogidos durante el proceso permitieron dimensionar la falta de provisión regular del servicio y las condiciones de inseguridad sanitaria vinculadas a la calidad del agua disponible para el consumo cotidiano.
«Antes el servicio era malo, pero había. Hoy directamente no hay o no se puede consumir», describieron los vecinos del barrio.
Las denuncias también hicieron foco en las consecuencias sanitarias que la crisis estaría provocando entre los habitantes del barrio.
Los vecinos señalaron que la escasez y la mala calidad del agua ya generan efectos visibles sobre la salud, con un incremento de problemas gastrointestinales, afecciones dermatológicas y otras complicaciones que afectan con especial intensidad a niños, personas mayores y sectores de mayor vulnerabilidad social.
RESPUESTA JUDICIAL Y AMPLIACIÓN
DEL ALCANCE DEL CASO
«Hay días en los que directamente no tenemos agua. Y cuando sale, sale turbia, con olor. Ya no sabemos qué hacer para que nos escuchen», relató una vecina durante el proceso de organización del reclamo colectivo, sintetizando una experiencia compartida por numerosas familias que sostienen desde hace años pedidos administrativos y denuncias públicas sin obtener soluciones definitivas.
A partir de las exposiciones presentadas por los habitantes del barrio y de la documentación incorporada al expediente, el juez resolvió ampliar formalmente el alcance del reclamo judicial e incorporar a nuevos organismos estatales cuya intervención resulta clave para abordar el problema de manera integral.
Además de Sameep, responsable de la prestación del servicio, fueron convocados el municipio de Resistencia, la Administración Provincial del Agua (APA) y el Ministerio de Infraestructura de la provincia.
Como parte de las medidas ordenadas, el juzgado dispuso además la solicitud de un informe sanitario al centro de salud de villa Libertad, con el objetivo de evaluar de manera técnica y documentada el impacto de la crisis hídrica sobre la salud de los vecinos.
Se espera que el relevamiento permita incorporar evidencia médica al expediente y fortalecer el análisis sobre las consecuencias concretas derivadas de la falta de acceso a agua segura.
Asimismo, se confirmó la realización de una inspección presencial en el barrio Zampa, en la que participarán representantes de las partes involucradas junto con autoridades judiciales.
La visita tendrá como propósito verificar directamente las condiciones denunciadas por las familias, constatar el estado del sistema de abastecimiento y recoger información adicional que permita orientar futuras resoluciones judiciales.
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y DIMENSIÓN DEL RECLAMO COLECTIVO
Del encuentro judicial participaron representantes de Sameep, de la Defensoría del Pueblo del Chaco y de la Fiscalía de Estado.
El acompañamiento legal de los vecinos está a cargo de Juan Pablo Núñez, integrante del equipo jurídico que sostiene la representación colectiva de las familias afectadas.
El caso del barrio Zampa se ha convertido en un símbolo de una problemática más amplia vinculada al acceso desigual a servicios esenciales en sectores periféricos de Resistencia.