El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, en su calidad de querellante institucional, solicitará en la audiencia preliminar de este martes que se descarte cualquier posibilidad de solución alternativa y que se avance hacia el debate oral para visibilizar el impacto que provocó en los jóvenes Qom de Fontana la agresión policial ejercida en la madrugada del 31 de mayo de 2020, que incluyó un allanamiento ilegal, golpes, insultos y amenazas de muerte. “Fue un hecho de gravísima violencia institucional”, remarcó Romina Duarte, vicepresidenta del organismo.
En la previa de lo que será la audiencia preliminar al juicio contra diez policías por la brutal agresión ejercida contra un grupo de jóvenes Qom de Fontana, la vicepresidenta del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Romina Duarte, consideró necesario avanzar hacia un debate oral y rechazó cualquier posibilidad de resolución alternativa del caso. Sostuvo que será un ámbito en el cual las víctimas podrán visibilizar sus padecimientos y recibir una “respuesta” por parte del Poder Judicial.
La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia fijó para este martes la audiencia preliminar al juicio oral y público por la brutal agresión policial contra jóvenes de la comunidad Qom ocurrida el 31 de mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas de Fontana. El debate oral ya tiene fechas confirmadas: se realizará entre el 23 de junio y el 8 de julio, ante el tribunal integrado por las juezas Dolly Fernández, Cristina Pisarello y María Virginia Ise. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el proceso finalice mediante un juicio abreviado y que el debate oral no se concrete.
Sobre esto, Duarte subrayó que, si bien las audiencias preliminares son instancias en las que las partes pueden explorar acuerdos o métodos alternativos de resolución de conflictos, en este caso el organismo sostiene que la causa debe llegar al debate oral, “para que las juezas puedan escuchar en vivo y en directo el padecimiento de las víctimas de este gravísimo hecho de violencia institucional”, explicó en diálogo con LITIGIO. Al tiempo que remarcó que los jóvenes agredidos por la policía “necesitan una respuesta efectiva por parte del Poder Judicial”.
Duarte recordó que la mayoría de los efectivos imputados continúan en actividad policial, con uniforme y armamento reglamentario, a pesar de los cargos en su contra. Más aún: la exjefa de la Comisaría de Tercera de Fontana, Claudia Lucena —acusada de encubrimiento agravado y detención ilegal—, fue ascendida a comisario mayor durante el transcurso de la causa, pese a que esto está prohibido por el Reglamento de Promociones de la Policía.
Al día de hoy, las víctimas —en su mayoría jóvenes pertenecientes al pueblo Qom— mantienen un estado de vulnerabilidad sostenida: le temen a la policía, evitan circular por el barrio y han modificado sus hábitos cotidianos como consecuencia directa del trauma. “Siempre andan con miedo cuando salen por el barrio”, señaló Duarte.
La calificación penal
Desde el Comité también remarcaron que la calificación legal con la que llegó la causa a juicio no refleja, a su criterio, la gravedad real de los hechos. El organismo había pedido que los delitos fueran tipificados como tortura, pero la audiencia de oposición al requerimiento de elevación a juicio derivó en cargos de vejaciones agravadas para varios imputados. Para otros, las acusaciones incluyen allanamiento ilegal, encubrimiento y falsedad ideológica, según el caso.
Duarte reconoció que no lograron ese objetivo procesal, pero ratificó que el Comité mantiene su postura: “Igualmente sostenemos que fue un hecho de gravísima violencia institucional y que tuvo implicancias en la vida de las víctimas, no solamente en el momento del hecho, sino también con posterioridad”.
El juicio contará con una cantidad importante de testimonios y prueba fílmica. Además de las víctimas, declararán personas que presenciaron los hechos y quienes filmaron el operativo. También se incorporarán grabaciones de las cámaras de seguridad de la propia comisaría de Fontana, que registraron el ingreso de los jóvenes al lugar.
“Tenemos esperanza en que las pruebas sean evaluadas con perspectiva de derechos humanos, teniendo en cuenta el origen de las víctimas, una población vulnerable perteneciente al pueblo Qom”, sostuvo Duarte.
Aquella madrugada
La madrugada del 31 de mayo de 2020, efectivos policiales irrumpieron sin orden judicial en una vivienda del barrio Banderas Argentinas de Fontana. Según la investigación, los uniformados golpearon a jóvenes Qom —entre ellos, una adolescente— y profirieron insultos con contenido racista y discriminatorio. Las agresiones y amenazas continuaron en la Comisaría Tercera de Fontana, mientras las víctimas permanecían detenidas.
El caso cobró trascendencia nacional tras la viralización de un video del operativo. El entonces presidente Alberto Fernández calificó públicamente las imágenes como “inaceptables”. Entre los gritos registrados por las víctimas en la causa figuran frases como: “Indios de mierda, los vamos a matar”.
En total, diez efectivos policiales llegarán a juicio. Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están acusados de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas.
Por su parte, Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González enfrentarán cargos por vejaciones agravadas. En tanto, Sebastián Alberto Vallejos será juzgado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria Claudia Beatriz Lucena está acusada de encubrimiento agravado y detención ilegal.
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